Más allá de las miopes normativas aplicables a los altos cargos, sus incompatibilidades perjudican gravemente a la economía y sientan indeseables precedentes de inmoralidad lucrativa. No podemos esperar Ética de quien ejerció zafiamente el poder, ni tampoco esperemos que sus sucesores se cierren puertas denunciando uso indebido de la información privilegiada que se les confía institucionalmente, en función de sus cargos, cuando dimiten para enriquecerse más aún.

Las incompatibilidades afectan mucho más a unos que a otros. Todos los empresarios, o los profesionales, que compiten con quien tiene en su nómina al incompatible, saben bien que están en clara desventaja, porque la incompatibilidad no sólo es sancionable administrativamente, sino que es también competencia desleal, y como tal puede ser denunciada administrativamente ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y si se atreven a correr con las costas del procedimiento, pueden demandar de plano, ante los juzgados de lo mercantil que rápidamente pueden y deben abrir diligencias de comprobación de hechos para fundamentar una seria demanda en la que se solicite una importante indemnización y la nulidad de los actos del incompatible que puedan ser interpretados como competencia desleal.

Además, los mercados deberían de sancionar a los patronos de todos los incompatibles, especialmente si son entidades que cotizan en bolsa, porque la admisión a trámite de las denuncias por competencia desleal son hechos relevantes que deben de ser inmediatamente comunicados, sin eufemismos, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y son claros riesgos que los inversores perciben inmediatamente.

Cualquier leal competidor del Grupo Barceló, las asociaciones sectoriales, y quienes tienen la obligación de vigilar éticamente por la correcta aplicación de los códigos de conducta empresarial, deberían comprobar rigurosamente si es cierto lo que recientemente se ha publicado de Jaume Matas. Si no lo hacen, por algo será, y yo dudo mucho que sea confesable.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo es ingeniero y criminólogo, y fue perito del Govern de las Islas Baleares en el caso BITel desde 2000 hasta que Jaume Matas volvió a ser President en 2003. Actualmente realiza informes periciales privados, con especialidad en criminalística de la corrupción, y recientemente ha denunciado a Luis Eduardo Cortés, IFEMA Feria de Madrid y SACYR-VALLEHERMOSO ante el Tribunal de Defensa de la Competencia según se publica en http://www.miguelgallardo.es/competencia.pdf y  http://www.miguelgallardo.es/ifema