INDULTO
Un estudio multidisciplinar de la Gracia de Indulto

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  • Motivación de este estudio multidisciplinar sobre el indulto
  • Definiciones y referencias sobre indulto, indultos e indultados
  • Ley por la que se establecen reglas para la Gracia de Indulto
  • Noticias relacionadas con indultos
  • Indultados desde el año 2000 hasta agosto de 2008
Motivación de este estudio multidisciplinar sobre el indulto

Como criminólogo, entiendo que el indulto representa la última esperanza del condenado, y por ello merece la máxima consideración penológica. La petición de indulto requiere mucha filosofía, en el sentido más moral, aquél al que insuperablemente apuntaba Kant con su imperativo categórico. Su concesión, sin embargo, no se motiva, y no es recurrible. Por ello, antes de pedir un indulto, hay que estudiar la normativa aplicable y los antecedentes que se pueda conocer, con tanto detalle como sea posible.  Este trabajo, modestamente, pretende ser útil para todo ello, pero no puede asumirse responsabilidad alguna sobre el uso que se haga de cuanto se publica aquí. Para estudiar un caso, hay que visitar al preso, conocer a su familia y mejores amigos, y más aún a sus enemigos, ofendidos y vícimas. Ni siquiera con la sentencia condenatoria, todos los informes penitenciarios y el conocimiento más completo de las personalidades, circunstancias y coyunturas, puede garantizarse resultado alguno. Pero lo que es más seguro es que, si no se pide, no habrá indulto.

Definiciones y referencias sobre indulto, indultos e indultados

El indulto (también conocido como perdón) es una causa de extinción de la responsabilidad penal.
Con el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.
El indulto puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y particular.
El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas.
El indulto parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves.
Por ello, el indulto supone una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública (Política).

El indulto se diferencia de la amnistia en que:
  • El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. Por eso sólo se puede indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta.
  • El indulto afecta a una persona concreta, la amnistía afecta a una pluralidad.
  • El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía si lo hace.
  • En general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo para la amnistía es necesaria una ley.
  • La amnistía extingue los antecedentes penales, mientras el indulto no lo hace necesariamente.
  • Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firme, para la amnistía no es necesario.
  • La Amnistía, por lo general, se aplica para los delitos políticos.
La Constitución española concede al Rey el derecho de gracia, sometido a la ley y prohíbe los indultos generales, según su artículo 62.i que dice:
    Corresponde al Rey:
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

Pueden indultarse las penas accesorias con exclusión de las principales y viceversa, a no ser que aquellas sean inseparables de éstas. La remisión de la pena principal implica, igualmente, la de las accesorias, a excepción de la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos, las cuales no se entenderán comprendidas, si de ellas no se hubiere hecho mención especial en la concesión.

Ley por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto
Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.
Artículos 2, 3, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, y 30 actualizados según Ley 1/1988, de 14 de enero por la que se modifica la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.

CAPÍTULO I.
DE LOS QUE PUEDEN SER INDULTADOS
Artículo 1.
Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido.
Artículo 2.
Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior:
Los procesados criminalmente que no hubieren sido aún condenados por sentencia firme.
Los que no estuvieren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
Los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme.
Se exceptúan, sin embargo, al caso en que, a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.
Artículo 3.
Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los penados por delitos comprendidos en el capítulo I, secciones primera y segunda del capítulo II, y en los capítulos III, IV y V, todos del título II del libro II del Código Penal.
CAPÍTULO II.
DE LAS CLASES Y EFECTOS DEL INDULTO
Artículo 4.
El indulto podrá ser total o parcial. Será indulto total la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente.
Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente.
Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente en otras menos graves.
Artículo 5.
Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el Tribunal a quien corresponda la concesión del indulto en que no se hiciere mención expresa a lo menos de la pena principal sobre que recaiga la gracia.
Artículo 6.
El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión.
Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnización civil.
Artículo 7.
Podrá concederse indulto de las penas accesorias, con exclusión de las principales y viceversa, a no ser de aquellas que sean inseparables por su naturaleza y efectos.
Artículo 8.
El indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho, pero no comprenderá la devolución de la ya pagada, a no ser que así se determine expresamente.
Artículo 9.
El indulto no se extenderá a las costas procesales.
Artículo 10.
Si el penado hubiese fallecido al tiempo o después de existir causas bastantes para la concesión de su indulto, podrá relevarse a sus herederos de la pena accesoria de multa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 y 9.
Artículo 11.
El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.
Artículo 12.
En los demás casos se concederá tan sólo el parcial, y con preferencia la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual.
Sin embargo, de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá también conmutarse la pena en otra de distinta escala cuando haya méritos suficientes para ello, a juicio del Tribunal sentenciador o del Consejo de Estado, y el penado además se conformare con la conmutación.
Artículo 13.
Conmutada la pena principal, se entenderán también conmutadas las accesorias por las que correspondan, según las prescripciones del Código, a la que hubiere de sufrir el indultado.
Se exceptúa, sin embargo, el caso en que se hubiese dispuesto otra cosa en la concesión de la gracia.
Artículo 14.
La conmutación de la pena quedará sin efecto desde el día en que el indultado deje de cumplir, por cualquier causa dependiente de su voluntad, la pena a que por la conmutación hubiere quedado sometido.
Artículo 15.
Serán condiciones tácitas de todo indulto:
Que no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos.
Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte.
Artículo 16.
Podrán, además, imponerse al penado en la concesión de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen.
Artículo 17.
El Tribunal sentenciador no dará cumplimiento a ninguna concesión de indulto cuyas condiciones no hayan sido previamente cumplidas por el penado, salvo las que por su naturaleza no lo permitan.
Artículo 18.
La concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubiere sido otorgado.

CAPÍTULO III.
DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y CONCEDER LA GRACIA DEL INDULTO
Artículo 19.
Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación.
Artículo 20.
Pueden también proponer el indulto el Tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo a lo que se dispone en el párrafo segundo del artículo 2 del Código Penal, y se disponga además en las Leyes de procedimientos y casación criminal.
La propuesta será reservada hasta que el Ministro de Justicia en su vista, decrete la formación del oportuno expediente.
Artículo 21.
Podrá también el Gobierno mandar formar el oportuno expediente, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, para la concesión de indultos que no hubiesen sido solicitados por los particulares ni propuestos por los Tribunales de Justicia.
Artículo 22.
Las solicitudes de indultos se dirigirán al Ministro de Justicia por conducto del Tribunal sentenciador, del Jefe del Establecimiento o del Gobernador de la provincia en que el penado se halle cumpliendo la condena, según los respectivos casos.
Artículo 23.
Las solicitudes de indulto, incluso las que directamente se presentarán al Ministro de Justicia, se remitirán a informe del Tribunal sentenciador.
Artículo 24.
Este pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al Jefe del Establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de la libertad, y oirá después al Fiscal y a la parte ofendida si la hubiere.
Artículo 25.
El Tribunal sentenciador hará constar en su informe, siendo posible, la edad, estado y profesión del penado, su fortuna si fuere conocida, sus méritos y antecedentes, si el penado fue con anterioridad procesado y condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta o fue de ella indultado, por qué causa y en qué forma, las circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la parte de la condena que hubiere cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia.
Artículo 26.
El Tribunal sentenciador remitirá con su informe al Ministro de Justicia la hoja histórico-penal y el testimonio de la sentencia ejecutoria del penado, con los demás documentos que considere necesarios para la justificación de los hechos.
Artículo 27.
Los Tribunales Supremo o sentenciador que de oficio propongan al Gobierno el indulto de un penado, acompañarán desde luego con la propuesta el informe y documentos a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 28.
Los expedientes que se formen al amparo del párrafo segundo del artículo 2 del Código Penal, se tramitarán en turno preferente cuando los informes del Ministerio Fiscal y del Establecimiento Penitenciario y del ofendido, en su caso, no se opusieran a la propuesta del Tribunal.
También se tramitarán en turno preferente los expedientes calificados de especial urgencia o importancia.
Artículo 29.
Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la conmutación de la pena de muerte y de las impuestas por los delitos comprendidos en los Capítulos I y II, Título II, Libro II, y Capítulos I, II y III, Título III del mismo Libro del Código Penal últimamente reformado sin oír previamente al Tribunal sentenciador.
Artículo 30.
La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el Boletín oficial del Estado.
Artículo 31.
La aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al Tribunal sentenciador.
Artículo 32.
La solicitud o propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el Gobierno haya acusado el recibo de la solicitud o propuesta al Tribunal sentenciador.

Noticias relacionadas con indultos

El Mundo, 08/08/2008, JOAQUIN MANSO 
CORRUPCION JUDICIAL/ Los precedentes La rareza del juez delincuente La prevaricación y el cohecho judiciales aparecen con  muy poca frecuencia en España, pero siempre con gran escándalo 
El ex juez Luis Pascual Estevill, que está en prisión, se fuma un puro frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia catalán.
MADRID.- Las figuras de la prevaricación y el cohecho judiciales aparecen con muy poca frecuencia en sentencias condenatorias de los tribunales españoles, y siempre que lo hacen producen gran escándalo por la desconfianza que inmediatamente se suscita entre los ciudadanos hacia la equidad de la Administración de Justicia y el desprestigio que provoca al Estado de Derecho, encarnado en la figura de un juez.
Luis Pascual Estevill es el nombre propio de la prevaricación judicial en España. Fue condenado dos veces por este delito. La primera, en 1996, sólo dos años después de que fuese nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de la CiU de Jordi Pujol, que gobernaba en Cataluña de forma ininterrumpida desde 1980. Estevill utilizó el cargo para urdir tramas que favoreciesen su enriquecimiento personal.
Primero, el Supremo le condenó a seis años de inhabilitación especial por prevaricación y dos detenciones ilegales: cuando era juez de instrucción en Barcelona, admitió a trámite una querella de Banesto contra un grupo de empresarios a los que acusaba de estafa. En la causa aparecían como testigos los empresarios Enrique Marugán y Lorenzo Rosal, a los que Estevill envió a prisión sin que existiese el más mínimo indicio de delito contra ellos. Aprovechó la ocasión que le brindaba la providencia para vengarse de muchos años de enemistad. No fue hasta que se conoció esta condena cuando Estevill dejó de ser vocal del CGPJ.
En 2001, un segundo proceso terminaba con otra condena a siete años de cárcel, en este caso por un delito fiscal, al defraudar a Hacienda más de 100 millones de pesetas entre 1989 y 1993.
El Supremo resolvió en 2006 la causa más grave contra él y le condenó a nueve años y cuatro meses de cárcel por prevaricación, cohecho, detención ilegal y amenazas condicionales. Durante su etapa como juez de instrucción en Barcelona, Estevill cobró 75 millones de pesetas (450.759 euros) que se ingresaron en una cuenta en Suiza y consiguió que su hija entrase a trabajar en la asesoría jurídica de la Banca March a cambio de mejorar la situación procesal del director para Europa de Carrefour, al que estaba investigando. A cambio del pago de cantidades, ocho empresarios a los que Estevill investigaba pudieron esquivar la prisión.
Estevill fue el primer juez condenado por prevaricación en el Supremo. Antes habían sido juzgados por ese delito los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos por dejar en libertad provisional al capo de la camorra napolitana Tonino Bardellino, que había sido detenido en Barcelona en 1984. El mafioso aprovechó para fugarse, pero los dos jueces fueron absueltos.
La segunda condena en el TS fue la de Javier Gómez de Liaño, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España recientemente porque el juicio contra él no fue «imparcial». La tercera, la de José Antonio Ruiz Ortuño, por abrir expediente a un abogado que se enfrentó a su esposa en un juicio.
Pero ha habido más jueces corruptos. Santiago Raposo fue condenado por archivar una querella por un delito fiscal de 500 millones de pesetas contra Jaime Sentís, ex director financiero de Casinos de Cataluña. El Gobierno lo indultó. También fue indultado José Ramón Manzanares, que retrasó deliberadamente la resolución de las peticiones de permisos que formulaban los internos de una prisión, con cuyos responsables estaba enfrentado. Justo Gómez Romero ordenó subastar un complejo turístico para favorecer a un empresario. Y Antonio Vicente Fernández dictó «resoluciones insólitas» a cambio de dinero por una difícil situación económica «producto de la vida desordenada que llevaba, inclinada al juego, al consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes».

Ultima Hora, 12 26/07/2008 J.J.M.
El Gobierno 'indulta' a dos convictos que atracaron un club de alterne de Vila
Los dos beneficiados no entrarán en prisión al reducirse vía decreto en seis meses la condena que tenían
Tanto un juzgado de Eivissa como la Audiencia Provincial condenaron a dos de los acusados.
Tres personas fueron detenidas en su día por el supuesto atraco a mano armada que se perpetró en septiembre de 2004 en un club de alterne situado en los bajos de un edificio de la avenida 8 d'Agost, robo en el que los ladrones se apoderaron de una cantidad próxima a los 80.000 euros, según las primeras denuncias que se realizaron. De los tres sospechosos que se sentaron en el banquillo sólo uno fue absuelto, precisamente el hombre que, según la policía, había entrado enmascarado y armado con una pistola. Los otros dos  implicados, supuestos compinches del anterior y personas que presuntamente habían organizado con él el robo valiéndose de la información privilegiada que contaban sobre el funcionamiento del club, fueron condenados a 30 meses de prisión. El Gobierno, mediante Real Decreto, ha suscrito ahora un «indulto» para ambos acusados por los que se reduce a 24 meses la pena. Ello les va a permitir obtener la suspensión de la condena y quedar en libertad condicionada a que no vuelvan a cometer un delito doloso en el plazo de cuatro años.
La primera sentencia la impuso el juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, fallo que contó un recurso que se presentó ante la Audiencia Provincial. Este tribunal también  resolvió el caso con sendas condenas por los hombres que han sido beneficiados por esta decisión tras una propuesta que el Ministerio de Justicia puso en la mesa del Consejo de Ministros del pasado día 4. Dicha propuesta llegó al tapete del Consejo después de que los abogados de los hombres que salieron condenados solicitaran el indulto, entre otras causas, por la situación familiar de los sospechosos, la falta de antecedentes, devolución del dinero sustraído y ausencia de antecedentes.
Según la investigación policial, al menos dos de los tres implicados trabajaban en una empresa de  servicios de mantenimiento que supuestamente también se estaba utilizando para realizar tareas de vigilancia y protección en el club afectado. El atraco se simuló cuando el pistolero encañonó en la cabeza a otro de  los sospechosos y exigió el dinero que había en la caja del local.
Ausencia de antecedentes, situación familiar especial y devolución del dinero sustraído han pesado para que el Gobierno haya indultado a dos condenados por un atraco.

Información, 03/06/2008
Los Verdes aplaude que Cartagena no sea indultado
Cumpleaños con fondos públicos
Los Verdes (LV) de Torrevieja y Orihuela "aplaudieron" ayer la decisión del Gobierno de denegar el indulto al ex alcalde de Orihuela y ex conseller Luis Fernando Cartagena, a la vez consideran que el cumplimiento de la condena impuesta representa un serio aviso (una advertencia) para las tramas de corrupción que operan en la Vega Baja y en el conjunto de la Comunidad Valenciana.
En una nota de prensa LV dice esperar que la Justicia dé pronto cuenta de las otras causas penales abiertas contra este político, así como del resto de los imputados, entre lo cuales se encuentra el empresario de las basuras, Ángel Fenoll.
Para Los Verdes, el ingreso en prisión de Luis Fernando Cartagena representa la condena a una forma de hacer política "la cual ha hecho posible que determinados personajes hayan venido utilizando las instituciones democráticas como mecanismo para sacar provecho y enriquecerse, llegando al punto de que todo vale para conseguir dichos objetivos".
Desde esta formación ecologista se señala en un comunicado la falta de medios y el colapso que sufre la Administración de Justicia en la Vega Baja y "las dificultades que entraña para los particulares y los políticos honestos enfrentarse a estos personajes que practican la delincuencia desde los ayuntamientos y otras instituciones, posibilitando que este estilo mafioso de hacer política se haya consolidado, extendido y perfeccionado.
Los Verdes se reafirma en mantener su compromiso de estrecha colaboración con la Justicia y en las labores de control y de fiscalización de los gobiernos municipales en Ayuntamientos como los de Orihuela y Torrevieja, los cuales "sólo pretenden ocultar actuaciones que de conocerse sentarían a sus responsables en el banquillo de los acusados".

EL PAÍS, 14/03/2008 LAURA CANTALAPIEDRA
No al indulto, ni por piedad. La Audiencia de Valladolid se opone a liberar un preso a solicitud de una cofradía por el tipo de delito que cometió
Entre los asuntos que se debatirán hoy en el Consejo de Ministros, uno de ellos tiene en vilo a dos familias y expectante a una de las cofradías de Semana Santa más antiguas de Valladolid. Las familias son las de un chico y una chica menores de 30 años, que cumplen condena desde hace cuatro en la prisión vallisoletana, y la cofradía es la Penitencial de La Piedad, que ha solicitado el indulto para ambos.
Este hecho, normal en estas fechas porque en España son varias las cofradías que piden libertad para algunos reos, cuenta esta vez con el informe desfavorable del tribunal que juzgó y sentenció al varón implicado. A pesar de que la junta rectora de la hermandad tiene esperanzas de que el Consejo de Ministros no tome en consideración la negativa de los jueces, nadie se atreve a asegurar que el penado no tenga que pasarse los cuatro años que aún le quedan entre las rejas de la cárcel de Villanubla.
Como todos los años desde hace casi 20 y repitiendo un rito que se remonta al siglo XVI, la cofradía de La Piedad solicitó la libertad de dos reclusos que no estuvieran cumpliendo condena por delitos de sangre, violencia de género o terrorismo. Puestos en contacto con los responsables de la cárcel vallisoletana, éstos ofrecieron los nombres de tres personas que podían ser merecedoras del indulto. Aunque Santiago Temprano, el hermano mayor de la cofradía, no quiere revelar datos de los penados, 'que se guardan en una caja fuerte', señala que ambos estaban entre rejas 'por delitos comunes y en la calle tienen familias estructuradas que seguro les ayudarán a superar este mal bache'.
Como es preceptivo, la petición de gracia fue a parar a la Sección de Indultos del Ministerio de Justicia, que solicitó el informe previo a los dos tribunales que habían dictado sentencia. En el caso del varón, la Audiencia contestó diciendo que no procedía perdonarle porque, además de robar un coche, había obligado a la víctima a sacar dinero de un cajero automático.
El conocimiento de este hecho no arredra a la cofradía (que tiene fama de peleona desde su creación, en 1578), cuyos responsables recuerdan que el informe de la Audiencia 'no es vinculante', que se fían del criterio de los responsables de la cárcel y que ningún indultado ha reincidido. Bueno, menos aquella vez, hace casi un cuarto de siglo, cuando el liberado caminó 200 metros antes de robar la cartera a una viejecita que veía la procesión.
 
Noticias de Gipuzkoa, 27/02/2008
El Gobierno Vasco considera 'indecoroso' el indulto a los cargos socialistas de Osakidetza
Nekane lauzirika BILBAO.  La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, calificó ayer de 'indecoroso' que el Consejo de Ministros del Gobierno del PSOE haya indultado a cuatro altos cargos socialistas condenados por un fraude 'masivo' en la oposiciones de Osakidetza en 1990. Tras la reunión habitual de los martes del Ejecutivo de Vitoria, Azkarate se refirió a la información publicada ayer, en la que se informó del indulto el pasado mes de noviembre a los encausados y condenados en el juicio por el escándalo de las oposiciones de 1990, todos ellos dirigentes socialistas.  En opinión de la portavoz del Gobierno Vasco, 'es una barbaridad' y 'es indecoroso' lo que han hecho y advirtió de que 'lo que vemos una y otra vez es el doble rasero'. En este sentido, se refirió al hecho de que 'el lehendakari está procesado penalmente por hablar con Batasuna mientras que a cargos que han sido condenados los indulta el PSOE', remachó Azkarate. En aquella Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1990, a la que se presentaron más de 50.000 personas para acceder a 2.500 plazas, el cambiazo de exámenes fue un asunto dirigido y filtrado, según rezó la sentencia, desde la cúpula socialista que entonces estaba bajo el directo control del consejero de Sanidad, también socialista, José Manuel Freire. El escándalo hacia ya tiempo que había caído en el olvido popular, lo suficiente para que una resolución como la tomada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero no suscitase excesivo eco en la sociedad.  El indulto a Mario González, por aquella época director general de Osakidetza; Pedro Pérez Torres, ex director de Gestión Económica y secretario general del PSE-EE de Mungia; José A. Martín Martín, abogado que trabajaba en Osakidetza y Pablo Sastre López, militante del PSE-EE, fue aprobado en noviembre en el Consejo de Ministros.
 
El Periodico de Extremadura, 26/10/2007 CARLOS ORTIZ CACERES
Penas de cárcel e inhabilitación para el exalcalde de Alcollarín  Le responsabiliza por coacciones, prevaricación y detención ilegal
LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONDENA A ADRIAN RODRIGUEZ, PERO PIDE EL INDULTO PARA QUE NO VAYA A PRISION  El actual edil del PSOE encerró a tres concejales del PP en el ayuntamiento
JAVIER CALDERA   Adrián Rodríguez, exalcalde de Alcollarín y actual concejal del PSOE, en el juicio del pasado día 10.
La Audiencia Provincial ha condenado a Adrián Rodríguez, exalcalde y actual concejal del PSOE en Alcollarín, a tres años de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer su cargo por coaccionar a ediles del PP en el verano del 2003. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, precisa que Rodríguez cometió tres delitos de prevaricación, contra los derechos cívicos y de detención ilegal. A pesar de ello, el tribunal propone que el condenado sea indultado parcialmente para que pueda evitar la cárcel al estimar que la pena "es excesiva", entre otros aspectos, "por el mal causado por la infracción, las circunstancias personales del reo, su edad, los hechos o sus antecedentes". El abogado del exregidor afirmó ayer, tras conocer la sentencia, que no decidirá si presentará recurso hasta reunirse con él.
La resolución judicial considera probado que Rodríguez dejó encerrados intencionadamente en el ayuntamiento a los concejales del PP Manuela Prados, Demetria Búrdalo y Julián Calzas el 11 de agosto del 2003 y que fue necesario que éstos dieran aviso a la Guardia Civil para que acudiera al consistorio. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde. También considera probado que durante ese verano el exalcalde "comenzó a impedir sistemáticamente y constantemente la labor de los concejales de la oposición, denegándoles la solicitud de convertirse en grupo político, negándose a concederles un lugar donde ejercer su labor y desestimando su petición de que les facilitara una mesa".
El detonante del encierro, añade la sentencia, se produjo tras la reunión que mantuvo aquella mañana el entonces alcalde con vecinos de la pedanía de Fernando V. La sentencia especifica que a Rodríguez "le molestó muchísimo" que, al salir de su despacho, los concejales del PP se dieran a conocer y facilitaran sus teléfonos, "que le movió a intentar hacerse con aquel documento, lo que no logró" y a acusarles de "espías e intrusos".
 A LA GUARDIA CIVIL Tras esta situación, prosigue el tribunal, el exalcalde ordenó que "todo el mundo" saliera del ayuntamiento y a su secretaria que apagara el ordenador y cerrara el despacho, "ya que iba a quedar cerrados" a los tres representantes de la oposición. También precisa que "los encerrados, sorprendidos primero y nerviosos luego tras comprobar que la puerta estaba cerrada", se vieron obligados a llamar hasta tres veces a la Benemérita. Transcurridos "diez o doce minutos", Rodríguez regresó y, tras introducir la llave, la puerta quedó abierta, aunque no se marcharon hasta la llegada de la Guardia Civil.

Diario Noticias Álava, 16/07/2007
Proponen el indulto parcial para un preso por un error mecanográfico
La Audiencia Nacional ha propuesto un indulto parcial de un año para José M., el preso condenado por falsificación de moneda a quien el año pasado el Ministerio de Justicia comunicó equivocadamente, debido a un error mecanográfico, que se le había concedido esa medida de gracia.
El recluso, un guardia civil en la reserva que en 1999 fue condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Nacional por falsificar moneda, pasó medio año esperando en vano abandonar la cárcel, tras recibir la notificación de que había sido indultado. Pero las ilusiones del recluso, que cumple condena en la cárcel Quatre Camins de La Roca del Vallés (Barcelona), se truncaron al recibir otra carta en la que el Ministerio de Justicia le advertía de que el indulto le había sido concedido equivocadamente "debido a un error de tipo mecanográfico en la transcripción del informe".
Más de un año después de esa segunda carta, la Audiencia Nacional ha propuesto al Gobierno que conceda un indulto parcial de un año a José M., que, si obtuviera esa gracia, estaría a solo dos años de conseguir la libertad definitiva y lograría la condicional de forma inmediata, ha explicado su abogado, Jordi Sandalinas.
La propuesta se basa en el hecho de que el recluso ha mostrado una conducta "adaptada a la normativa, con ausencia de expedientes disciplinarios en toda la condena", con la excepción de uno que se le abrió en abril del año 2003, por la posesión de un teléfono móvil, y que ya ha sido archivado. Según el letrado del recluso, esta decisión de la Junta de Tratamiento de Quatre Camins supone "un giro de 180 grados" respecto a la posición que hasta ahora ha mantenido en relación con José M., a quien no se ha concedido ni un solo permiso de salida desde su ingreso, pese a no estar implicado en delitos de sangre ni tratarse de un penado peligroso.
Sandalinas ha enviado ya la propuesta de indulto a la Secretaría de Estado, con la esperanza de que el Consejo de Ministros apruebe la medida de gracia de forma inmediata. El 23 de enero del año pasado, el Defensor del Pueblo envió una carta al guardia civil en la que a su vez le remitía un escrito del Ministerio de Justicia, firmado por el Secretario de Estado, Luis López Guerra, que le anunciaba que el Consejo de Ministros le había concedido el indulto.
Desde entonces, el recluso vivió sus días en la cárcel con la ilusión -que con el transcurso de los meses fue convirtiéndose en ansia- de salir en libertad, pero el tiempo pasaba y la autorización para abandonar la prisión por el indulto concedido no le llegaba.  >efe

La Voz de Galicia, 21/06/2007
Indultado un preso gallego que rescató a un niño de dos años
El Ministerio del Interior ha concedido el tercer grado a Javier Blanco Gómez, el preso gallego que el pasado día 6 rescató en la bahía de Santander a un niño de dos años que se había caído al mar, y ha iniciado los trámites para su indulto. El suceso se produjo hace dos semanas, cuando un grupo de presos se había embarcado en la goleta Cantabria infinita , el velero que promociona la región, para un paseo por la bahía de Santander. También subieron al velero una mujer y sus dos hijos. De regreso a puerto, uno de los niños se cayó por la borda y Javier Blanco Gómez se lanzó a rescatarlo.

La Razón 17/06/2007
Indultado un anciano tras ocho meses de prisión por una estafa cometida en 1975
Barcelona- La Audiencia de Barcelona comunicó ayer su indulto parcial a F.S.L., un anciano de 77 años que el pasado 23 de octubre ingresó en la cárcel Modelo para cumplir una condena de seis años de cárcel, que se le había impuesto en 1994 por una estafa que había cometido entre 1975 y 1979, hace 31 años.
 El anciano compareció hoy ante la Sección Quinta de la Audiencia para que la Sala le comunicase que el Gobierno le había concedido el indulto parcial rebajando la pena a dos años de cárcel -lo que permite no ingresar en prisión si carece de antecedentes-, siempre y cuando pague las indemnizaciones fijadas en la sentencia.
 F.S.L., que sólo cobra una pensión de cerca de 400 euros, dispone ahora de diez días para manifestar los bienes que posee, incluyendo los inmuebles, para hacer frente a las cantidades que debe abonar a los 23 perjudicados por su estafa, que consistió en vender parcelas en Sant Pere de Ribes (Barcelona) como si fueran edificables junto a un socio, que fue condenado a la misma pena y que fue indultado tras pagar las indemnizaciones.
 El anciano fue detenido el 23 de octubre, cuando acudió a la comisaría de la calle Balmes de Barcelona para poder viajar a Túnez con sus hijos y sus nietos, con quienes tenía previsto celebrar un acontecimiento familiar. Sin embargo, cuando el agente introdujo sus datos observó que sobre él pesaba una orden de busca y captura, por lo que F.S.L. fue detenido allí mismo e ingresó en la Modelo tras pasar por el juzgado de guardia. El anciano ya ingresó en prisión en 2000 para cumplir los seis años de prisión que le impuso la Audiencia de Barcelona, pero se suspendió cautelarmente la ejecución.

ABC 06/05/2007
Un indulto en tela de juicio
POR BLANCA TORQUEMADAMADRID. De los ochenta y cinco años a los que fue condenado, tan sólo cumplió seis en la cárcel. Jamás, hasta hace sólo un par de días, había expresado públicamente
MADRID. De los ochenta y cinco años a los que fue condenado, tan sólo cumplió seis en la cárcel. Jamás, hasta hace sólo un par de días, había expresado públicamente arrepentimiento por su pertenencia a la banda Grapo ni por los delitos que cometió. Pese a ello, Sebastián Rodríguez Veloso, más conocido como «Chano» Rodríguez, fue indultado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 27 de abril.
De puntillas y sin alharacas, su caso «coló» en primera instancia ante la opinión pública, en estado de alerta ante todo lo referido a ETA por el proceso de negociación emprendido por el Gobierno, pero ajena a otro tipo de «reinserciones». Sólo la indignación de la familia de Rafael Padura, empresario sevillano asesinado por este individuo en 1984, ha logrado quebrar la indiferencia política y social ante un agravio incuestionable, porque «Chano» Rodríguez no sólo aspiraba al borrón y cuenta nueva que ha logrado con su indulto, sino que, además, figuraba como número 7 de la candidatura del BNG para el Ayuntamiento de Vigo.
Su pretensión de obtener un cargo público ha sido abortada por la Junta Electoral viguesa, que ya ha anunciado que impedirá su presencia en esa lista, dado que su exculpación definitiva sólo será efectiva cuando satisfaga las cantidades que adeuda a sus víctimas en concepto de responsabilidad civil. Pero en ese proceso los Padura han tenido que asistir al bochornoso espectáculo de que todas las fuerzas políticas de la ciudad gallega se uniesen, el pasado mes de enero, a la petición de la medida de gracia que le ha aplicado después el Gobierno, incluida la alcaldesa del Partido Popular, Corina Porro.
Impelido por el revuelo de última hora, Rodríguez Veloso acaba de declarar al periódico «Faro de Vigo» que «si pedir perdón vale para algo, pido perdón». En esa entrevista, el ex miembro de los Grapo asegura que ya ha expresado ese arrepentimiento en anteriores ocasiones, pero los Padura replican que no ha sido así, «ni por asomo». Además, alzan la voz para dejar constancia de lo bajo que está el listón de exigencia del Gobierno, cuando las disculpas sólo han llegado a posteriori y no han sido necesarias para la concesión del indulto. «Son unas declaraciones tibias -se lamenta Rafael Padura, el hijo del asesinado-. Dice que «sí vale para algo pedir perdón». ¿Cómo no va a valer? Además, ha tenido 22 años para hacerlo. Luego, se refugia en ambigüedades inaceptables, como la de dejar en duda su participación en el asesinato. ¡Pero si hay una sentencia de más de veinte páginas de la Audiencia Nacional que lo acredita!».
«Hay muchas categorías de víctimas -argumenta Padura, que tenía doce años cuando «Chano» asesinó a su padre-. No es lo mismo ser víctima de ETA que del Grapo, como no lo es serlo de un oficial del Ejército que de un civil, ni haber sufrido el atentado en los setenta o los ochenta que en los noventa». En su caso, se da la circunstancia agravante de que él y los suyos no fueron reconocidos como víctimas del terrorismo hasta 1996: «Tras el asesinato, mi madre quedó con una simple pensión de viudedad por accidente laboral».
Su huelga de hambre
Rafael Padura era presidenta de la patronal sevillana CES cuando, se septiembre de 1984, Sebastián Rodríguez Veloso entró en su empresa de artes gráficas, irrumpió en su despacho y sin mediar palabra le disparó. Fueron dos tiros en la nuca y a bocajarro que acabaron instantáneamente con su vida. «Chano» fue detenido poco después y, una vez juzgado, se le condenó a 84 años de prisión. Tras mantener una huelga de hambre en 1990 (episodio que evoca el pulso al Estado del etarra De Juana), Rodríguez quedó parapléjico, por lo que se le concedió la libertad condicional. Así ha podido brillar como deportista paralímpico (logró cinco medallas de Oro en Sidney y tres en Atenas) y desenvolverse en su trabajo cotidiano como vendedor de cupones de la ONCE, empleo que también Padura considera «un privilegio inaceptable, cuando hay tantos discapacitados que lo solicitan».
Así, amparado en la desmemoria, Rodríguez Veloso se ha cobijado en una reinserción social aparentemente sólida, pero carente del ingrediente imprescindible del arrepentimiento y del reconocimiento del daño causado. «Una petición de perdón sin vaguedades y en conciencia -denuncia Padura- aún no ha llegado».

ABC 21/02/2007
El empresario Manuel David Muñoz, indultado tras ser acusado de secuestro
EL CARPIO. Tras la revisión del expediente de indulto a Manuel David Muñoz Gaitán, condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba en sentencia de 3 de abril de 2006, como autor de un delito de detención ilegal a la pena de dos años de prisión, el Ministerio de Justicia ha aprobado la concesión del indulto al empresario de El Carpio. Éste fue imputado en el «secuestro express» del empresario extremeño Jesús R.G., con la intención de cobrar una deuda de 200.000 euros. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que el Gobierno ha conmutado la pena privativa de libertad impuesta, por la obligación de pagar dos euros al día durante los dos próximos años.
Muñoz Gaitán, que además, pagó 60.000 euros de indemnización al individuo secuestrado, ya cumplió un año de prisión en la cárcel cordobesa. Ahora, el indulto permitirá a Manuel David, que tenía antecedentes, estar en libertad.

La Voz de Asturias 02/02/2007
Indulto del Gobierno para Nieves Tamargo
 El Gobierno central ha sido coherente y ha indultado a Nieves Tamargo, condenada a cuatro años de cárcel por propinarle una patada en los testículos a un edil del PP de Llanera. Es cierto que eligió un sitio de los que más duelen, pero no tanto como para poner a la sombra a una madre de familia. Eso sí, no cabe duda de que merecía un buen tirón de orejas por tomarse la justicia por su mano. Tamargo es la esposa de un edil del PSOE y eso en su día trajo cola; los hubo que maliciosamente tomaron la patada en las partes como un golpe político, pero fue por un problema entre vecinos, por un tira y afloja con unos terrenos. Cabe elogiar la actitud del agredido, que votó a favor de la moción para solicitar el indulto. Un aplauso.

EL PAÍS 20/12/2006 MARÍA FABRA
El fiscal apoya que se suspenda la inhabilitación del alcalde de Vila-real
Manuel Vilanova fue condenado por prevaricación y ha solicitado el indulto
El fiscal jefe de Castellón se ha manifestado a favor de la defensa del alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), para que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria a ocho años de inhabilitación por prevaricación hasta que se resuelva la petición de indulto. En un auto, que ha de valorar la sección segunda de la Audiencia provincial, Javier Arias sostiene que otra decisión 'provocaría unos perjuicios irreparables y no deseados' y se sitúa así en la misma línea que la defensa de Vilanova para prolongar su permanencia en la presidencia del municipio.
En el escrito, Arias solicita la suspensión de la ejecución de la pena tanto de prisión como la de inhabilitación de ocho años para empleo o cargo público por un delito de prevaricación impuesta por el Supremo al alcalde, hasta que el Consejo de ministros no resuelva la tramitación y resolución del expediente de indulto, formulada al Gobierno por el alcalde junto a alrededor de 8.000 firmas de apoyo, según fuentes municipales.
El ministerio público señala que sería 'contraproducente que no suspendiéramos la ejecución y el poder ejecutivo indultara de esta pena a Manuel Vilanova'. Arias se ha caracterizado por tener polémicas en causas judiciales que afectan a políticos, como la protagonizada en el llamado   caso Fabra,   del que fue apartado por la fiscalía general del Estado tras una cuestionada intervención.
Santiago Albiol, el letrado de los vecinos que denunciaron al alcalde por hacer caso omiso de las denuncias por el ruido que emitía una empresa y que, finalmente, le ha llevado a ser condenado por prevaricación, calificó ayer de 'sorprendente, extraño y preocupante' que Arias se alinee en el mismo sentido que la defensa del edil popular.
Mientras, el presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, dijo ayer que 'hay que tener cara dura' para que 'desde el PSOE se pida al Gobierno que no indulte al alcalde de Vila-real mientras indulta al alcalde de Carboneras (Almería), porque, al ser del PSOE, sí que procedía el indulto', en referencia a las declaraciones realizadas por el que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en las que adelantaba que Vilanova debía 'cumplir su penitencia'. El alcalde de Carboneras dimitió y, posteriormente, fue indultado por un delito electoral por el que estaba condenado a seis meses de inhabilitación.
 
EL PAÍS 15/12/2006 LOURDES LUCIO
El Gobierno andaluz califica de 'injusta' la sentencia contra el ex alcalde de Carboneras
El PP tilda de 'atropello' el indulto 'a la carta' aprobado por el Consejo de Ministros
El Gobierno andaluz considera que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que condenó a seis meses de inhabilitación al ex alcalde de Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández, por delito electoral, es 'injusta'. Así lo manifestó en la sesión de control del Parlamento, la consejera de Justicia, María José López, quien aseguró que el ex edil socialista cumplía con 'todos y cada uno' de los requisitos para que el Consejo de Ministros le concediera el indulto el pasado 24 de noviembre. La medida de gracia se produjo 150 días después de la condena del Supremo.
El indulto concedido por el Consejo de Ministros al ex alcalde socialista de Carboneras se produjo ocho días después de que éste presentara su dimisión para cumplir su condena de inhabilitación y poder presentarse de nuevo como candidato. Para el PP, la rapidez con la que el Consejo de Ministros dictó la medida de gracia es 'sangrante' y un 'atropello' a juicio de su diputado Eugenio Gonzálvez.
Él popular hizo referencia a unas declaraciones a este periódico del secretario de Organización del PSOE de Carboneras, de las que se desdijo a las pocas horas, acerca de que los máximos dirigentes del partido socialista en Almería se entrevistaron con el ministro de Justicia para abordar el indulto. El ministerio desmintió tal encuentro.
Estas palabras dieron pie a Gonzálvez para hablar de 'indulto exprés, a la carta y de mesa de camilla'. También opinó que se trataba de una medida para 'pagar el silencio del ex alcalde por el escándalo' del hotel del Algarrobico, construido en el parque de Cabo de Gata.
'No valoro el indulto, sino que respeto la decisión del Consejo de Ministros', dijo la consejera de Justicia. Pero, a renglón seguido, subrayó que estas decisiones no son 'arbitrarias' sino que se trata de un proceso reglado, con unos requisitos que el ex alcalde de Carboneras cumplió en todos sus extremos.
Así, María José López destacó que el indultado no tiene antecedentes penales y policiales y que contaba con el informe a favor del ministerio fiscal. Además, añadió que se trataba de un delito electoral en el que había dos versiones, la del alcalde y la del funcionario denunciante. 'Es una sentencia injusta', remachó la consejera, quien aludió a que así parecen creerlo las más de 10.000 personas que firmaron la petición de indulto en un pueblo de 7.500 habitantes.
López aprovechó para recordar que el Gobierno del PP indultó al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación.
 
La voz de Galicia 17/11/2006
Indultado el portero  de un «after hour» que agredió a un cliente
Indultado el portero de un «after hour» que agredió a un cliente José Manuel G.R. había sido condenado a tres años por unas lesiones con deformidad  
El Gobierno establece la condición de que el pontevedrés no delinca en un lustro ?l Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, ha indultado al portero de un after hour pontevedrés que, en septiembre del año pasado, había sido condenado a tres años de prisión por un delito de lesiones. En la resolución se recoge que el indulto se refiere a «la mitad de la pena privativa de libertad impuesta», con lo que no tendrá que ingresar en un centro penitenciario, precisaron fuentes jurídicas. Para que tal medida se lleve a cabo, el Real Decreto, que fue publicado ayer en el BOE, establece como condición el que el pontevedrés «no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años». José Manuel G.R. fue condenado por la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, que consideró probado que había agredido a un joven provocándole a modo de secuela una cicatriz deformante en la ceja. Además de la pena de prisión, la sentencia determinó el pago de una indemnización de 3.000 euros. La agresión tuvo lugar en la noche del 24 de diciembre del 2005. Durante el juicio por aquellos hechos, la víctima sostuvo que «había bebido, pero no estaba borracho», al tiempo que identificó sin dudarlo al procesado como la persona que le había agredido: «Estaba semiinconsciente, salía arrastrándome por las escaleras y sentí golpes por todo el cuerpo». Aseguró desconocer los motivos que pudieron haber determinado la agresión. El acusado, por su parte, manifestó que el denunciante sufrió dos caídas y en una de ellas podría haberse golpeado la ceja. Su versión fue corroborada por otros empleados y clientes.

El Periodico de Aragón 07/11/2006
Indultado un guardia civil de Casetas tras un proceso militar
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO    Fue condenado a cárcel por un accidente en una revista de armas 
Un agente de la Guardia Civil ha sido indultado por el Consejo de Ministros tras sufrir una condena de cárcel por un accidente registrado durante una revista de armas cuando estaba destinado en el cuartel del zaragozano barrio de Casetas. Los hechos juzgados se produjeron en el año 2002.
El guardia, de 37 años, fue condenado por el Tribunal Territorial IV por un delito militar consumadO contra la eficacia en el servicio, en su modalidad de lesiones por imprudencia, a tres meses y un día de cárcel, de los que tuvo que cumplir nueve días hasta lograr la suspensión de la pena mientras se resolvía un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, que, posteriormente, sería desestimado.
El incidente se produjo en el acuartelamiento de Casetas cuando se le disparó accidentalmente el arma al agente durante la revista. El proyectil rebotó y provocó lesiones leves a uno de sus compañeros.
El agente, que está destinado actualmente en Barcelona, fue apoyado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que en el mes de septiembre del 2004 le incluyó en una lista de funcionarios para los que se solicitó al Gobierno un indulto que se ha concedido dos años después.
La medida de gracia se ha conocido poco antes de que otro guardia civil destinado en Guipúzcoa ingresara en la cárcel de Alcalá Meco para cumplir otra condena dictada por un tribunal militar porque se olvidó de entregar una baja médica por gastroenteritis. En aplicación del Código Militar vigente para el Cuerpo, el agente fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia.
La AUGC emitió ayer un comunicado en el que califica de "aberrantes" estas situaciones, por las que un agente puede sufrir condena de privación de libertad por una falta administrativa.
En este sentido, la organización recuerda el incumplimiento por parte del PSOE de su promesa electoral en la campaña del 2004, cuando se comprometió a modificar el Código Militar para no aplicarlo a los guardias que no realicen funciones de carácter militar.
En opinión de la AUGC, estas situaciones no se resuelven con indultos, sino con una reforma legislativa. En su comunicado, la organización advierte de que esta "disfunción" entre la naturaleza militar de la Guardia Civil y los servicios que este cuerpo realiza, "todos ellos de ámbito estrictamente policial civil", son la causa principal del elevado número de bajas psicológicas, problemas internos entre funcionarios y conductas suicidas.

La Nueva España 30/09/2006 L. Á. V.
Indultado el empresario de grúas condenado por alzamiento de bienes y estafa
El Gobierno ha indultado parcialmente al empresario de grúas avilesino E. V. G., condenado a penas que suman dos años y medio de prisión por los delitos de estafa y alzamiento de bienes. Este empresario, defendido por Gonzalo Botas, había vendido sus bienes a su mujer para evitar ser embargado por el impago de una deuda contraída con su ex socio, que le había vendido las participaciones de la empresa que habían montado seis años atrás. Ahora, el Gobierno le conmuta la pena -que le obligaría a entrar en la cárcel- por la de dos años de cárcel, a condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de tres años.
En la vista del juicio, celebrada en noviembre del año pasado, el hombre adujo problemas económicos para no pagar la deuda a su ex socio. El abogado de éste, José Fernando Alonso Treceño, pedía cuatro años de prisión tanto para el acusado como para su esposa y sus dos hijos.
Estos salieron absueltos en el juicio, pero no sus padres, que fueron condenados. El recurso que presentó el empresario ante la Audiencia Provincial de Oviedo fue rechazado, por lo que la última vía que le quedaba era la del indulto.

EUROPA PRESS 14/09/2006
EUSKADI .- Indultado un condenado por tráfico de drogas al que la Audiencia de Bizkaia impuso pena de tres años de cárcel
El Consejo de Ministros ha indultado a un condenado por tráfico de drogas al que la Audiencia Provincial de Bizkaia había impuesto una pena de tres años de prisión por la comisión de un delito contra la salud pública. 
Los hechos por los que E.D.S.R. fue condenado sucedieron en 2003 y la sentencia condenatoria se emitió el 15 de septiembre de 2004. La Audiencia vizcaína y la Fiscalía se mostraron favorables a la concesión del indulto. 
Por su parte, el Ministerio de Justicia instruyó un expediente de indulto en el que se propuso reducción del tiempo de condena, que trasladó al Consejo de Ministros del pasado 9 de junio. 
El Gobierno, finalmente, no concede la remisión completa de la pena, sino que se limita a reducir la condena a dos años, lo que permitirá su suspensión siempre que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la concesión del indulto.  
De volver a cometer delito, el condenado estará obligado a cumplir la pena del último hecho delictivo cometido y la totalidad de los tres años a los que había sido condenado, con anterioridad, por la Audiencia Provincial de Bizkaia. 
 
La voz de Galicia, 28/03/2006
Un detenido con cocaína en la AP-9 fue indultado por un delito anterior
GGG, un pontevedrés detenido a principios de febrero en la operación Metamorfosis -que permitió descubrir un alijo de cinco toneladas de cocaína, parte en una furgoneta en la autopista, cerca de Pontevedra, y el resto en Portugal-, había sido indultado con anterioridad por otro delito relacionado con la salud pública. GGG fue detenido en 1992 en la operación Óscar, en la que se desarticuló una red de narcotráfico entre Marín, Pontevedra y Lugo. Cinco años más tarde la Audiencia de Pontevedra lo condenó y el Supremo ratificó en 1999 una pena de tres años de cárcel. La mala racha se le acabó un año después, cuando el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, firmó el indulto de GGG con la condición de que no volviese a cometer delito en el tiempo de cumplimiento de la pena. No lo hizo, pero todo parece indicar que más tarde volvió a las andadas.

Diario de León 22/03/2005
«Algún día el indulto nos puede tocar a uno de nosotros», afirma uno de los presos que pujan hoy  
Por delante del indultado salieron ayer de la prisión los nueve presos que participan esta tarde -si la lluvia no lo impide- en la procesión pujando el nuevo paso de la cofradía, que pesa media tonelada y requerirá el esfuerzo de 84 braceros. «Algún día podemos ser uno de nosotros los indultados», afirma Jonathan, uno de ellos, en el transcurso de una conversación sobre su vida en la prisión y las expectativas de futuro. Jonathan «Estoy pagando con mi juventud» Jonathan es uno de los reclusos que participará por primera vez en la procesión del Perdón como bracero. Tiene una condena de nueve años y un día por tráfico de drogas y ha cumplido tres. Está pagando con su juventud, como dice él, el espejismo de un viaje a Colombia. Regresó con seis kilos de cocaína camuflada como paquetes de café con el sueño de «poner mi propio negocio con 20 años». Pero le falló el contacto en Barajas y el sueño se convirtió en una pesadilla entre rejas. «Trabajaba de encargado de una discoteca y ganaba bastante, pero tenía una novia que todo eran joyas, comer fuera de casa... Ví una vida fácil y bonita...». Ahora su proyecto es «fundar una familia; ya se me ha pasado el tiempo de jugar a la Play Station...» Brezovsky «Espero salir pronto y trabajar en un taller» Es bosnio y fue condenado a tres años y un mes por un delito de tráfico de drogas. Participó en el transporte de un alijo de 1.500 kilos de hachís. Es uno de los presos que el año pasado procesionó el Cristo de la Esperanza y le gustó la experiencia, algo desconocido en su cultura multirreligiosa. Ahora tiene la vista puesta en la libertad. «Me está esperando un trabajo en un taller de coches». William «El paso por la cárcel te hace reflexionar mucho» «Allá somos muy creyentes», es lo primero que dice William, un colombiano que ha cumplido cinco años de los diez y medio que le quedó de condena por tráfico de drogas. Hoy pujará con los braceros de la Condena de Cristo y se acordará de las procesiones de Semana Santa de su país, donde los cofrades desfilan sin la cara tapada. «El paso por la cárcel te hace reflexionar mucho», asegura este hombre de 34 años que tuvo que confesarle a su hija de 13 que estaba preso porque la niña ya dudaba que su padre le quisiera después de tanto tiempo sin ir a verla a Cali. Su segunda esposa y un niño de tres años le esperan en Málaga para cuando alcance la libertad. «Yo sí tengo mucha creencia» religiosa, aunque, por encima de todo, la ocasión es un permiso, su primer permiso, para airearse en la ciudad. Bou Cris Un musulmán no practicante entre los braceros Este joven marroquí también cumple prisión por tráfico de drogas: un alijo de 30 kilogramos de hachís le está costando tres años y medio de cárcel y es el que menos impaciencia muestra por salir. No es una cuestión de papeles; «tengo permiso de residencia», sino de carácter. Bou Cris sólo piensa en lo inmediato y lo único que le urge esa tarde es terminar el trabajo de la cena en la cocina, donde está destinado. Es musulmán no practicante. Jorge «He aprendido a controlarme un poco y a valorar las cosas» Tiene 24 años y espera salir con el tercer grado en el 2006. Su condena, por lesiones, es de siete años y nueve meses. «Me atacaron y le clavé una navaja», explica. Hubiera preferido pasar el permiso en su casa, pero lo aceptó aún con la condición de pernoctar en el centro de Cáritas especializado en acoger a presos durante los días de asueto. En la cárcel, desprovisto de familia, novia y todo lo que tenía en la calle -reconoce- «he aprendido a controlarme un poco y a valorar las cosas». Es la lección que aporta. Samuel «Aquí he aprendido un oficio, soy carpintero» Samuel tiene 10 años y medio de condena por robos con intimidación cuya finalidad principal era la de procurarse droga para su adicción. Ha cumplido cinco y espera salir en junio con el tercer grado a un centro de rehabilitación, el Pampuri de Valladolid. Se siente orgulloso de pujar por segunda vez, «aunque sea la última». Su reflexión: «La cárcel no le viene a nadie, pero yo he aprendido un oficio. Soy carpintero», dice con mucha estima. Víctor «Salir en la procesión me hizo sentir un poco raro» Es otro de los internos que espera dejar la cárcel en pocos meses. En agosto, para ingresar en un centro terapéutico de Proyecto Hombre. Ha cumplido cuatro años y medio de los diez y diez meses que tiene en su sentencia por robos. También es su segunda procesión y reconoce que «te sientes un poco raro entrre tanta gente». DESDE 1998 HA HABIDO 8 INDULTOS A PETICIÓN DE LA COFRADÍA DEL PERDÓN 1998: Covadonga 1999: Antonio 2000: Silvia 2001: Javier 2002: Ángel 2003: Andrés 2004: Arturo 2005: Alfredo
 
Ultima Hora 19/03/2005 EMILIO LÓPEZ VERDÚ
El juez decreta el ingreso en prisión en Palma de un taxista indultado en diciembre
El motivo de la decisión judicial es el impago de una indemnización de 1.140 euros
José Fiol, en diciembre, algunos días después de salir de la cárcel.
El taxista afirma que pidió a la Audiencia poder pagar la indemnización a plazos
José Fiol estuvo cuatro años preso antes del indulto, y ahora podría pasar otros tres más
José Fiol, un taxista que fue indultado por el Gobierno el pasado mes de diciembre tras pasar más de cuatro años en la cárcel, podría volver a prisión la próxima semana para cumplir los tres años de prisión que le restan de condena. Un juez de la Audiencia Provincial de Palma ha decretado su ingreso en prisión, que deberá tener efecto durante la próxima semana, debido al impago de una indemnización de 1.140 euros. Fiol y otro taxista fueron condenados en octubre de 2000 a siete años de prisión por dos delitos de lesiones, tras participar en una pelea en la plaza Rosselló de Palma en 1997.
La riña se originó cuando dos hermanos que estaban borrachos llegaron al lugar y quisieron tomar uno de los vehículos. Los taxistas se negaron y se produjo una discusión. Cuando los hermanos ya se iban del lugar, los taxistas sacaron del interior de los vehículos una porra y un cable de acero, se dirigieron hacia ellos y les golpearon. De los dos hermanos, uno de ellos resultó con un labio partido y heridas en el cuero cabelludo, mientras que el otro sufrió fractura de los huesos propios de la nariz y otras contusiones.
El fallo condenó a cada uno de los taxistas a la pena de siete años de prisión y a indemnizar conjunta y solidariamente y a partes iguales a las víctimas en 2.280 euros por las lesiones sufridas y las secuelas.
Un año después, el Gobierno concedió un primer indulto a uno de los taxistas, Manuel Pando, mientras que José Fiol esperó tres años más para solicitar el indulto, que estuvo paralizado durante algunos meses. Finalmente, hace cuatro meses Fiol consiguió salir de la cárcel. A pesar de ello el taxista no ha pagado a las víctimas la indemnización correspondiente.
El abogado del taxista, Juan Francisco Carrión, afirma que pidió ante la Audiencia Provincial la posibilidad de realizar el pago de manera aplazada, y que el juez ha optado por enviarle «directamente» a la cárcel sin dar respuesta a su petición. El letrado acudirá el próximo lunes a la Audiencia Provincial para encontrar una solución a la decisión del juez. Una de las posibilidades contempladas sería intentar pagar la indemnización para que su defendido no ingrese nuevamente en prisión, apenas cuatro meses después de salir.

Cinco Días 14/03/2005
Marc Rich, un financiero indultado por Clinton.
Su nombre real es Marc Reich y es viejo conocido de la justicia de EE UU. Uno de los empresarios que ha entrado en la operación de venta del Vicente Calderón es el millonario de origen judío Marc Rich, que hizo su fortuna en los años setenta a través del comercio de petróleo. Esta actividad le supondría su primer choque con la justicia: fue acusado de comerciar ilegalmente con países embargados por Estados Unidos, como Irán. En pocos años acumuló en aquel país nada menos que 51 delitos, entre los que figuraban evasión de impuestos y tráfico de armas. Rich se refugió en Europa, con un pie en Suiza y otro en España, donde obtuvo la nacionalidad durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo.
Apasionado de España, a Rich no le importó vivir en sus mansiones de Puerta de Hierro (Madrid) o Marbella hasta que se calmaran las aguas en EE UU, algo que no sucedió hasta 2001, en el último periodo del Gobierno de Clinton, quien le concedió el indulto en medio de una tormenta política por las donaciones millonarias que la ex mujer de Rich había concedido al Partido Demócrata.  En España, uno de los negocios que mantiene Rich es la inmobiliaria Andria, en Madrid, a través de la cual ha entrado en el Calderón.

Diario de Navarra 02/03/2005
La Fiscalía se opone al indulto de Vera porque no existe una sola razón para concedérselo
El informe considera que se trata de delitos «muy graves»  
La Fiscalía General del Estado comunicó ayer al Tribunal Supremo su oposición a que el Gobierno conceda el indulto al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de prisión por la malversación de 3,5 millones de euros de fondos públicos, por no existir razón alguna para ello.
 El informe de la Fiscalía señala que en el caso de Vera no concurre supuesto alguno de los que contempla la ley para apoyar la suspensión de la pena, «ni razones de justicia, equidad o utilidad pública». El documento considera que el ex secretario de Estado no soportó dilaciones indebidas durante el proceso judicial, que los hechos por los que fue condenado son «muy graves» -malversación de fondos públicos- y que la condena -siete años- fue «proporcionada». Recuerda que en el momento en el que se apropió del dinero de los fondos reservados en su beneficio y en el de alguno de sus subordinados el Código Penal vigente preveía una pena por este delito de 12 a 20 años de cárcel, que se sustituyó por la actual -del Código de 1996- por serle más favorable.
El resto de factores a tener en cuenta a la hora de un indulto también aconsejan una postura negativa, según la Fiscalía. No es la primera pena de Vera -ya fue condenado por el secuestro de Segundo Marey-, ya fue indultado de otro delito grave -el citado secuestro de los GAL-, no ha dado muestra alguna de arrepentimiento, y que no ha pagado por voluntad propia ni un euro de los 3,5 millones que en concepto de indemnizaciones exige la sentencia.
Petición avalada por González
El tribunal sentenciador, el Supremo, como ayer la Fiscalía, debe entregar un informe al Ministerio de Justicia con su postura ante la petición de indultoque encabezaron el ex presidente Felipe González, respaldado por los ex ministros de Interior José Luis Corcuera y José Barrionuevo, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Los informes serán la base de la propuesta que el ministro de Justicia hará al Consejo de Ministros.

Diario de León 28/02/2005
El empresario leonés que espió a sus empleadas en Asturias no será indultado  
El Consejo de Ministros ha denegado el indulto que solicitó el empresario leonés Jesús María D. F., condenado en el 2003 a tres años y dos meses de prisión por delitos contra la intimidad por grabar en video a sus empleadas de la empresa Viveros del Sueve, en el concejo asturiano de Piloña, para lo que se habría servido de cámaras ocultas situadas bajo las mesas y en los aseos de la empresa. Pese a la sentencia, que además del encarcelamiento establecía indemnizaciones de entre 25.000 y 60.000 euros para cada una de las mujeres que vieron violada su intimidad, el acusado aún no ha ingresado en prisión. Recursos e indulto La defensa de Jesús María D.F. presentó un recurso contra el fallo judicial, y en febrero del 2004 se dictó una nueva sentencia firme, ante lo que sus abogados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional y paralelamente solicitaron el indulto al Consejo de Ministros, que lo denegó el pasado 21 de enero, según informó el diario asturiano La Nueva España . El rotativo asturiano recuerda que las antiguas empleadas de Viveros del Sueve afectadas exigieron públicamente el pasado noviembre el cumplimiento de la sentencia, e incluso recurrieron al Defensor del Pueblo para que intercediera de cara al ingreso en prisión del condenado y al pago de las indemnizaciones que dictó la sentencia, de las que aseguran que hasta el momento sólo han percibido pequeñas cantidades muy alejadas de las que se determinan en el fallo judicial.
 
Diario de Sevilla 20/11/2004
f. p. a.  n El Consejo de Ministros ha indultado
El Consejo de Ministros ha indultado de forma parcial a un policía local de Sevilla que fue condenado a ocho años de inhabilitación y a la expulsión del cuerpo por una detención ilegal ocurrida en la Feria de Abril del año 2000. Esta pena ha quedado rebajada a dos años de suspensión de empleo y sueldo y el policía seguirá perteneciendo al cuerpo.
 El agente fue condenado por la Audiencia de Sevilla en febrero de 2002 y el motivo fue la detención ilegal de un joven porque creyó que se estaba mofando de él. El arrestado volvía de la Feria acompañado de unos amigos, sobre las cuatro y media de la madrugada del 3 de mayo de 2000, y pasó al lado del funcionario cantando y bromeando. El policía consideró la actitud de los jóvenes como unas burlas hacia su persona y el incidente culminó cuando el detenido se volvió y dijo  mono, date prisa , en referencia a un amigo que se había quedado rezagado para orinar.
 El agente interpretó esta frase como si fuera dirigida a él en tono despectivo y se dirigió al joven diciéndole  ven aquí, peluso de mierda, dímelo a la cara , según refleja la sentencia de la Audiencia. El joven se volvió para pedir explicaciones al policía y éste le propinó un puñetazo. En el juicio, el agente sostuvo que había detenido al joven por agresión y resistencia a la autoridad.
 El Ayuntamiento solicitó hace meses el indulto de este funcionario al Gobierno central. El Ministerio de Justicia resolvió recientemente rebajar la pena hasta los dos años.

La voz de Galicia 21/09/2004
Delfín Álvarez apoyará la petición de indulto del policía local Ricardo Veiga  
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández Álvarez, se comprometió a apoyar la petición de indulto para el policía local Ricardo Veiga. Fue tras una reunión con la Junta de Personal del Ayuntamiento pontevedrés y los responsables comarcales de los sindicatos UGT, CC.?OO., CIG y CSIF. Fernández Álvarez se pondrá en contacto con el Ministerio de Justicia, ya que, según él afirmó, «hay motivos sólidos para que pueda ser indultado». Aclaró que en la reunión se le pidió que tratara de acelerar los trámites para conseguirlo. Ricardo Veiga, policía local de Pontevedra, fue acusado de rajar el rostro a un joven con un vaso de cristal roto, en 1999, en las cercanías de la plaza de la Verdura. Fue condenado a 3 años de prisión por la Audiencia Provincial e inhabilitado para ejercer como policía. Sólo si la petición de indulto es aceptada por el Consejo de Ministros, podrá volver a trabajar.

EUROPA PRESS 27/07/2004
CATALUNYA .- El juez Manzanares, condenado por prevaricación e indultado por el Gobierno, retoma la carrera judicial
El juez José Ramón Manzanares, condenado en el 2001 a dos años y medio de inhabilitación especial "con pérdida definitiva del cargo de juez" por un delito de prevaricación continuada, será titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell. 
Manzanares regresa así a la carrera judicial, después de que el último Consejo de Ministros que presidió José María Aznar lo indultase el pasado 1 de abril, según informa hoy 'El País'. 
El juez fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por retrasar de manera maliciosa los permisos navideños de los presos de Quatre Camins en 1998, cuando era juez de vigilancia penitenciaria. 
Después de que la defensa del juez recurriera la sentencia del TSJC, el Tribunal Supremo confirmó la pena en enero del 2003 e incluso insinuó que la hubiese podido incrementar si la acusación pública hubiese recurrido. De hecho, la Fiscalía del TSJC había presentado un recurso, pero el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, lo había paralizado. 
Manzanares pidió el indulto, y el Consejo de Ministros del 1 de abril, en el que el Gobierno popular estaba en funciones, se lo concedió "a condición de que no cometa delito doloso durante el tiempo de tres años". 
El pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado 7 de julio consideró que Manzanares ya había liquidado la condena con fecha de 27 de febrero, y lo comunicó al Ministerio de Justicia para que pudiese percibir los atrasos de su salario. 
Manzanares podría haber regresado al Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona que dejó, pero optó por un destino más comprometido, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell. 
POLEMICA EN EL CGPJ. 
Este caso ha provocado una fuerte polémica entre los sectores conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que apoyan a Manzanares, y los más progresistas, entre los que se encuentran el vicepresidente Fernando Salinas y el vocal Félix Pantoja, que reclamaron el examen de un forense para certificar que el juez se encuentra en plenitud de facultades psíquicas para ponerse la toga, y cuestionaron la legalidad del reingreso del indultado, ya que no se han extinguido aún sus antecedentes penales. 
Otro vocal del Poder Judicial, Alfons López Tena, planteó que, si el Gobierno lo indultó a cambio de que no delinquiese durante tres años, se trata de una condición suspensiva y debería dejarse pasar ese tiempo. 
Ninguno de esos razonamientos fue acogido por la mayoría conservadora del Poder Judicial, algunos de cuyos vocales se escandalizaron porque se plantease la posibilidad de someter a Manzanares a una revisión psíquica. José Ramón Manzanares es hijo del consejero de estado y ex vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares Samaniego. 

EUROPA PRESS 03/05/2004
ANDALUCIA .- Cádiz .-  IU lamenta la conformidad de la Fiscalía de Cádiz al posible indulto del narcotraficante sanluqueño 'El Diarrea'
El coordinador provincial de IU en Cádiz, Ignacio García, lamentó hoy "la actitud" de la Fiscalía de Cádiz, que ha dado su conformidad a la petición del letrado del narcotraficante de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Francisco Vargas Gálvez 'El Diarrea' de que éste sea indultado. 
 En rueda de prensa, García se mostró "sorprendido" por el hecho de que una Fiscalía "pueda estar a favor del indulto de un narcotraficante" y, en este sentido, dijo "coincidir" con el diputado nacional del PP Aurelio Sánchez, quien denunció la conformidad de la Fiscalía ante la posibilidad de que 'El Diarrea' sea indultado a petición de su abogado. 
 No obstante, el líder provincial de Izquierda Unida le recordó a Sánchez que el PP "mantiene en Sanlúcar en un cargo de confianza a Manuel Ramírez, quien pidió la liberación de un 'narco', lo cual, en un principio, le costó su destitución en el partido y se pasó al grupo mixto", por lo que pidió "que no se cometan errores de este calibre". 

EL PAÍS 28 20/04/2004 J. M. LÁZARO
El Supremo confirma la pena de tres años de cárcel para Hormaechea
El tribunal explica que el indulto concedido al ex presidente cántabro ya no existe
El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por delito de malversación y de siete años de inhabilitación especial por prevaricación para el ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea, en una sentencia en la que explica que el indulto que le concedió el Gobierno en 1995 ya no existe.
Hormaechea fue condenado en 1994 a seis años de prisión por malversación y de dicha pena fue indultado por el Gobierno. Esa sentencia fue anulada después por el Tribunal Constitucional, que ordenó dictar una nueva. Como el indulto recae sobre la pena y no sobre el delito, al anularse la sentencia el indulto devino ineficaz. Según el Supremo, esa ineficacia fue provocada por el propio Hormaechea al recurrir en amparo y no desistir de él tras haber sido indultado.
La nueva sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cantabria condenó a Hormaechea las penas ahora confirmadas, pero incluyó una propuesta de nuevo indulto de la pena privativa de libertad, sobre el que tendrá que decidir el nuevo Ejecutivo.
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Gregorio García Ancos, ratifica que el entonces presidente del Gobierno de Cantabria incurrió durante su primer mandato (1987-1990) en un delito de malversación al pagar con fondos de la entidad pública artículos 'remitidos' a diversos medios de comunicación en los que insultaba a sus rivales políticos.
El importe total de esos escritos ascendió a 1.087.744 pesetas (unos 6.000 euros). Además, Hormaechea incurrió en un delito de prevaricación al adjudicar 'por amistad', directamente y sin expediente administrativo, la confección de carteles publicitarios a la empresa Oyprocansa por más de 246 millones de pesetas (1,4 millones de euros).
 
Herardo de Aragón 09/04/2004 D. G. M. Zaragoza 
El indulto, final feliz a una historia de amor. Hoy recobra la libertad un joven gracias a la mediación de la cofradía de la Piedad y el Justicia de Aragón. 
Una historia de amor siempre merece un perdón. Éste podría ser el resumen de lo que le ha ocurrido a A. P. O. Cuando sólo tenía 18 años y pocos meses, su novia suspendió un examen y él, llevado por el despecho, cometió el error de atentar contra la propiedad pública.
Su desmán le costó caro. Fue denunciado y juzgado. Su condena ascendió a tres años y siete meses de cárcel. Con apenas 18 años se enfrentaba ya a la prueba más importante de su vida. Pasó los cuatro primeros meses en prisión absoluta, después de los cuales obtuvo el régimen abierto.
Hoy, Jueves Santo, después de haber cumplido las dos terceras partes de la condena y con 20 años, recobra su libertad.
Un año más, la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro ha hecho posible, con ayuda de instituciones como el Justicia de Aragón, que un preso aragonés sea indultado por Gobierno de la nación.
A. P. O. desfilará de manera anónima esta tarde en la procesión de la cofradía que ha posibilitado su indulto , junto al resto de los componentes de la Piedad. De este modo, quiere dar las gracias a los artífices de la iniciativa que le ha dado la oportunidad de recuperar su libertad y continuar con su vida. Una segunda oportunidad que no piensa desaprovechar.
El indultado no quiere entrevistas ni salir en los medios de comunicación. Quiere pasar página. Esta arrepentido de lo que hizo, ha pagado por ello, ha empezado una nueva andadura y en él se hace más real que nunca el concepto de reinserción.
Gracias a esta tradicional medida de gracia que concede el Gobierno por las fechas de Semana Santa, A. P. O. y otras doce personas en toda España recuperan su libertad total antes de lo previsto. En Teruel, otro preso ha sido indultado gracias a la cofradía de Jesús Atado a la Columna.

El Adelanto 02/04/2004
Indultado un preso de Topas, que desfilará el próximo domingo
SEMANA SANTA La Dolorosa sale hoy en procesión desde la Vera Cruz después de 25 años
Benito Alvarez Nogueira desfilará el próximo Domingo de Ramos desde el convento de las Bernardas en compañía de los nazarenos de la Hermandad de Jesús del Perdón. A petición de éstos, el Consejo de Ministros aprobó ayer conceder el indulto a este zamorano de 37 años, que cumplía una condena de tres años y un mes por un delito contra la salud pública en el centro penitenciario de Topas. Las procesiones empiezan esta tarde.

EUROPA PRESS 20/02/2004
De la Rosa pide el indulto y la suspensión de la condena y Torras exige su ingreso inmediato en prisión
El ex vicepresidente de Torras, Javier de la Rosa, ha solicitado al Gobierno ser indultado de los delitos de apropiación indebida y falsedad por los que fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y medio de prisión por su participación en la denominada "operación Wardbase", que fue la primera pieza que se juzgó del "caso KIO", se informó a Europa Press en fuentes jurídicas. 
En un escrito remitido esta semana a la Audiencia Nacional, que es el tribunal que debe ejecutar la sentencia, el empresario solicita la suspensión de la condena por haber solicitado la medida de gracia y en espera de que se resuelva el recurso de amparo que tiene previsto presentar ante el Tribunal Constitucional. 
El ex consejero delegado de Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega, condenado a cuatro años y medo de cárcel como autor de los mismos delitos, también ha solicitado al tribunal la suspensión de su condena. 
PETICIÓN DE TORRAS. 
La acusación particular, que ejerce el bufete de Manuel Cobo del Rosal en representación del Grupo Torras, solicitó por su parte el ingreso inmediato en prisión de los dos condenados. Entiende esta parte que que las penas impuestas son lo suficientemente graves como para no ser suspendidas en espera de que se resuelvan los eventuales recursos en el Constitucional. 
En fuentes del citado bufete se informó a Europa Press que, en su escrito, remitido a la Audiencia Nacional el pasado miércoles, también solicitan el ingreso en prisión del tercer condenado, el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, al quien el Supremo impuso una pena de dos años de prisión y multa de 1.900 millones de pesetas, que fue la cantidad sustraída a Torras en la operación "Wardbase".  
Dado que los dos años de cárcel constituyen el tope marcado para evitar el ingreso efectivo en prisión, la acusación pide que se ejecute la sentencia si Manuel Prado si no cumple con el requisito necesario que marca la Ley de satisfacer las citadas responsabilidades civiles. Sumados los intereses, el total a abonar por el diplomático ascendería a unos 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas), según esta parte. 
 En su escrito, Torras solicitaba también al tribunal la adopción de "medidas cautelares inmediatas" contra los condenados, para evitar que puedan salir del país y eludir la acción de la Justicia. Dichas medidas podrían suponer vigilancia policial hasta que se decida su ingreso en prisión. 
Por su parte, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional notificó hoy a Torras una providencia, con fecha del pasado 16 de febrero, en la que se señala que la Sala aún no había recibido del Tribunal Supremo la notificación oficial de la sentencia firme del "caso Wardbase". No obstante, y según fuentes jurídicas, la Audiencia ya había recibido hoy la notificación del Supremo, por lo que en los próximos días podría acordarse la entrada en prisión de De la Rosa y del resto de los condenados. 
En fuentes jurídicas se señaló a Europa Press que lo más probable es que el tribunal conteste por escrito en los próximos días a las defensas de los condenados, para decretar la suspensión de la ejecución de las condenas o para fijar la fecha máxima en la que deben haber ingresado en un centro penitenciario. 
De la Rosa se encuentra actualmente en libertad tras haber cumplido el pasado 11 de noviembre la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona por otra causa relacionada con KIO. 

Cordoba 07/02/2004 ALFONSO ALBA FERNAN NUÑEZ
Fernán Núñez pide el indulto de un vecino condenado a 3 años  Manuel Aceituno Urbano participó en una riña hace más de 7 años
LA FAMILIA CUENTA CON LA REDACCION DE INFORMES DE BUENA CONDUCTA DE POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL  La petición cuenta con la firma de todos los grupos políticos del pueblo
Antonio Luna Toledano recoge firmas de apoyo a la petición de indulto en un comercio.
Más de 1.600 vecinos de Fernán Núñez han firmado ya su apoyo a la petición de indulto para Manuel Aceituno Urbano, condenado a tres años de cárcel por "una simple riña sin mayores consecuencias" ocurrida hace más de 7 años, según aclara el portavoz de la familia, Antonio Luna Toledano, concejal también de Unión Democrática de Fernán Núñez (UDFN).
Manuel Aceituno Urbano --albañil de 36 años, casado y padre de una niña de 7 años-- ingresó el pasado lunes en la cárcel provincial de Córdoba después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso que presentó hace un año y confirmara la sanción que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba, que también lo condenaba a pagar una sanción de más de 37.000 euros. Los hechos se remontan a 1996 cuando Manuel Aceituno Urbano participó en una pelea con otro vecino de la localidad. Posteriormente, el juez lo condenó a 3 años y 8 días de prisión por un delito de lesiones considerado como "falta muy grave", según Luna Toledano.
El portavoz de la familia considera "exagerada y desmedida" la pena provocada "por la falta de una defensa adecuada" contra un vecino "que ha demostrado que no es conflictivo".
La familia cuenta, para reforzar la petición de indulto, con la redacción de informes favorables de buena conducta por parte de la Jefatura de la Policía Local y de la Comandancia del puesto de la Guardia Civil de Fernán Núñez, según Luna Toledano. Además, la Comisión de Gobierno de la Corporación del Ayuntamiento fernannuñense mostró su apoyo a la iniciativa con la unanimidad de todos los grupos políticos municipales. De hecho, está previsto que para el pleno de febrero se presente una moción de apoyo a la petición de indulto respaldada por los cuatro grupos políticos de Fernán Núñez.
 APOYO INSTITUCIONAL En este sentido se ha manifestado el alcalde de Fernán Núñez, Juan Pedro Ariza Ruiz, que considera que Manuel Aceituno Urbano "es una persona a la que esta medida --la condena a tres años de cárcel-- le puede perjudicar mucho más que beneficiar". El regidor de la localidad ha apuntado que "desde la legalidad vigente vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Manuel Aceituno sea indultado, ya que después de siete años este vecino no ha dado muestras ninguna de ser una persona conflictiva, sino más bien todo lo contrario". Ariza ha puntualizado también que "no vamos a entrar a valorar la decisión judicial".

El Periodico de Cataluña 29/12/2003 SALVADOR SABRIÀ BARCELONA  
Josep Maria Martinell, el empresario del fraude del gasóleo indultado por el Gobierno contra el criterio del tribunal, intentó sin éxito montar una planta de biocarburantes 
Poco se esperaba Josep Maria Martinell Jou que volvería a ser noticia tres años después de haber sido condenado por estafa por la venta fraudulenta de gasóleo. Pero su nombre está de nuevo en los titulares, ahora por una nueva positiva para él: el Gobierno lo ha indultado, pese al criterio contrario de los jueces que lo condenaron.
La insistencia del diputado de CiU Manuel Silva ante el tribunal que se opuso al indulto y el hecho de que el empleado de Martinell que fue condenado a la misma pena por el mismo delito no haya sido indultado, pese a haberlo solicitado, proyectan algunas sombras sobre este caso.
Martinell no es un gran empresario, aunque, según se ha visto, tiene buenos contactos o motivos para que alguien con influencia se interese por él. Dedicado básicamente a hacer de comercial y a operaciones de compraventa, su primer cargo destacado fue el de administrador de una pequeña inmobiliaria, Pilcar SL. También fue administrador de Comercial Martjou hasta 1998, y de una firma del sector energético, junto a su hermano, Carbones Minerales EMA.
 A principios de los años 90 puso en marcha Gasóleos de Catalunya SA, con la que realizó la estafa. La empresa cerró en 1998, tras registrar unas pérdidas de 60,7 millones de pesetas en 1997. "Era una compañía pequeña de las que formaban parte de la Asociación de Distribuidores de Gasóleo de Catalunya, con una venta media de entre cuatro y cinco millones de litros al año", afirma el presidente de esa organización, Romà Ruiz. Éste recuerda que, desde entonces, Indústria obliga a los camiones de transporte de gasóleo a pasar un examen anual de los depósitos y los relojes de control. Gasóleos de Catalunya tenía dos camiones.
A pesar del poco volumen de esta empresa, Martinell llegó a ser consejero delegado de la firma Biocarburants de Catalunya, en un consejo de administración inicial en el que participaban representantes de constructoras como Fermín Banús Tinto, vinculado en su día a Obrascon y Construcciones Laín; Esteban Gayán, ligado al grupo Guinovart, y Javier García Munte, presente en varias empresas energéticas.
El abogado Jordi Jané Bru, que formó parte del primer consejo como asesor jurídico, recuerda que "el proyecto inicial no se logró poner en marcha y la empresa cambió de manos". El cese de Martinell como consejero está inscrito en julio del 2002 en el Registro Mercantil. La firma pertenece ahora a Energía Hidroeléctrica de Navarra.
Tras ese fracaso, Martinell ha vuelto a sus inicios y consta como apoderado de dos pequeñas empresas, Hotstone SL y Retrobel SL, dedicadas al comercio de electrodomésticos y a la gestión inmobiliaria.
 La sorpresa del abogado El abogado de Martinell, Santiago Joaniquet, se declara sorprendido por el impacto de la noticia del indulto. El letrado destaca que las defensas del empresario y de su empleado son diferentes, y explica así el éxito con su cliente: "Si le concedieron el primer indulto parcial, sin la oposición del fiscal, no tenía sentido que la sala se opusiera después a conceder la libertad condicional, y por ello solicité el segundo indulto".
Joaniquet asegura que su cliente ha pagado todo lo exigido en la condena. "Ha reconocido su culpa, ya pasó por la cárcel y se ha rehabilitado. ¿Qué sentido tendría enviarlo otra vez a la prisión, si, además se le había rebajado la pena?", se pregunta el letrado.
LA CONTRADICCIÓN
Un empleado, condenado a la misma pena, no ha sido indultado, pese a que lo pidió

La Razón 25/11/2003 J. L. Zurita
Dimas Martín mantendrá sus cargos pese a no haber sido indultado
El presidente del Cabildo de Lanzarote está condenado a 3 años de cárcel
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, dijo ayer que no piensa dimitir de sus cargos políticos a pesar de que el Consejo de Ministros le haya denegado su petición de indulto. En este sentido, subrayó que de seguir adelante con este asunto, encarcelarán a un presidente del Cabildo y a un parlamentario. Además, acusó al diputado socialista Juan Fernando López Aguilar de coaccionar al Gobierno central.
Dimas Martín, que se reincorporó ayer lunes a su despacho oficial en la sede del Cabildo insular de Lanzarote, destacó ayer ante los medios de comunicación que aunque todavía no ha recibido la confirmación oficial de que el Consejo de Ministros le ha negado el indulto, ha estado estos días pasados en Madrid para estudiar el tema con sus abogados. El presidente del Cabildo subrayó que estaba convencido de que estaba siendo víctima de una persecución por parte del PSOE y que el Gobierno central no era culpable de la denegación del indulto, simplemente, aseveró, «el ministro de Justicia no ha tenido la suficiente fortaleza para resistir las presiones del PSOE». Dimas Martín aseguró que el pacto que mantiene su partido con el PP en la corporación insular y en el Parlamento de Canarias no corre peligro tras la denegación del indulto, «porque no tenemos sed de venganza». El presidente del PIL consideró injusta la sentencia judicial que pesa en su contra, «pues condena a un inocente», subrayó. Además, dijo que encarcelarle por este asunto sería una monstruosidad. En este caso, indicó que el vicepresidente asumiría las riendas del Cabildo para mantener un gobierno estable por encima de cuestiones personales. Tras la denegación del indulto, Dimas Martín deberá cumplir una condena de tres años de prisión e inhabilitación por un delito de cohecho. Además, Dimas Martín participó hace unas semanas, en el Parlamento de Canarias, en la votación de propuesta de los tres juristas que optarán a una plaza en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta Sala, juzgará el caso del complejo agroindustrial de Teguise, en el que el presidente del Cabildo de Lanzarote está acusado por presunta malversación de fondos.Tras esta acción, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Carlos Alemán, afirmó que la participación de Dimas Martín en la votación había contaminado el proceso, ya que, dijo, había votado un reo condenado y procesado. Alemán ultimó que la dignidad del Parlamento y del Gobierno quedaba en entredicho con hechos como éste y estimó que daba igual que Dimas Martín hubiese votado en blanco. Por su parte, los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, PP y Mixto apuntaron que no existía ninguna norma que impidiera a Martín ejercer su derecho a participar en esta decisión, como uno más de los sesenta diputados que componen el Parlamento. Asimismo, el Gobierno central ha rechazado remitir al PSOE el expediente de indulto relativo a Dimas Martín. En un escrito enviado al   Congreso, al que tuvo acceso Ep, como solución alternativa se ofrece examinar el citado expediente en la sede del Ministerio de Justicia. El expediente había sido solicitado por  López Aguilar pero el Ministerio de Justicia ha respondido que «los  expedientes en materia de indultos contienen información cuya difusión puede provocar la vulneración del derecho fundamental a la intimidad».

El Periodico de Extremadura 28/11/2002
Trillo dice que el teniente de Piornal no será indultado
El teniente Iván Moriano, acusado de violación por una soldado profesional y condenado por el Tribunal Supremo por "trato degradante a un inferior", se encuentra en libertad, informaron a Efe fuentes próximas al oficial. El ministro de Defensa, Federico Trillo, anunció ayer tarde en el Congreso que ya se ha dictado un auto de procesamiento acompañado de prisión provisional contra el citado teniente por un presunto delito de acoso sexual cometido anteriormente por el oficial. El teniente había solicitado el indulto, pero se le ha denegado, según confirmó el ministro. Los hechos ocurrieron en Piornal.

EL MUNDO 28/07/2002 MARIA PERAL
MANUEL JIMENEZ DE PARGA. Presidente del Tribunal Constitucional  «Tengo que ser partidario del indulto a Galindo, porque creo que no había pruebas contra él»  Afronta con naturalidad el hecho de haber quedado en minoría en el 'caso Lasa y Zabala' y afirma que le sigue preocupando que el poder autonómico acabe desdibujando el interés general de España    
MADRID.- Abogado durante casi medio siglo, maestro universitario, ministro, embajador, consejero de Estado, articulista... La Presidencia del Tribunal Constitucional, que ejerce desde hace ocho meses, ha rejuvenecido a un Manuel Jiménez de Parga que, a sus 73 años, despliega una actividad incesante. La entrevista se celebra nada más conocerse que el TC ha desestimado, por siete votos a cinco, los recursos de amparo de los condenados por secuestrar y asesinar a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
-Existía en algunos ámbitos la impresión de que se iba a otorgar el amparo. Incluso el portavoz del PNV dijo en el Debate sobre el estado de la Nación -por cierto, después de criticarle a usted- que «en breve veremos al general Galindo en la calle».
-Afortunadamente, lo que diga el señor Anasagasti no me impresiona, no tiene influencia. A algunas personas les puede afectar, pero sobre mí ya ha dicho varias cosas y no precisamente cariñosas.En todo caso, su pronóstico no tenía fundamento, como se ha visto.
-¿El Gobierno hizo llegar al TC cuál era su deseo respecto a la estimación o no de esas demandas?
-El Gobierno no manifestó nunca ningún tipo de deseo. Por lo menos a mí no me llegó ninguna idea de que estuviera ni a favor ni en contra. Creo que no era un tema que le preocupara excesivamente.
-¿Pesó el hecho de que la condena de la Audiencia Nacional había sido confirmada por el Tribunal Supremo? Revocar al TS ha sido una fuente de conflictos.
-Con relativa frecuencia el TC examina sentencias del Tribunal Supremo y muchas se anulan sin que eso tenga trascendencia alguna.Siempre que se haga con una fundamentación jurídica seria, nuestra obligación es amparar cuando creemos que se ha vulnerado un derecho fundamental.
-No estamos acostumbrados a ver que el presidente del TC se queda en minoría. ¿Se siente desautorizado con la resolución del 'caso Lasa y Zabala'?
-No, en absoluto. Nunca me he sentido ni apoyado ni desvalorizado por estar con la opinión mayoritaria o en la tesis de la minoría.Lo importante tanto en las sentencias como en los votos particulares es que estén construidos con solidez. Cuando haces un voto particular y la doctrina, los especialistas, lo avalan quedas reconfortado.
-¿Se tuvo en cuenta que los condenados pueden ir ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Alguien dijo: «Cuidado, que después de nosotros viene la Corte de Estrasburgo»?
-Cada magistrado se comporta conforme a los criterios que ha adquirido por su experiencia y su ciencia. Para algunos, el horizonte de Estrasburgo puede influir. Para otros, menos.
-El Tribunal Europeo acaba de condenar a España por la sentencia contra el ex coronel Perote.
-Es una llamada de atención importante para que a partir de ahora haya una mayor escrupulosidad y exigencia en la composición de los Tribunales de enjuiciamiento. Y a la vista del canon que aplica el Tribunal de Estrasburgo para valorar la imparcialidad de los jueces, el caso Lasa y Zabala podría encajar en los supuestos de falta de parcialidad objetiva.
-O sea, que usted cree que Galindo puede obtener un fallo favorable en Estrasburgo.
-La propia fundamentación y extensión de nuestro voto discrepante pone de manifiesto que hay puntos que pueden ser dudosamente respetuosos con los derechos fundamentales. Aun así, no creo que nadie pueda pronosticar si Estrasburgo va a compartir nuestra tesis o va a respaldar el criterio de la mayoría. Ni siquiera en el TC se pueden hacer pronósticos. A veces, el día antes de votar hay dudas de si la resolución va a ser en un sentido o en otro.
-El Gobierno de Aznar ha indultado a otras personas condenadas por crímenes de 'guerra sucia'. ¿Merecerían Galindo y sus hombres un trato igual?
-La política de indultos, con este Gobierno y con todos, tiene muchas zonas de discrecionalidad. Con independencia de que la legislación sobre indultos tendría que adaptarse, es una gracia y el Gobierno puede perfectamente indultar, pero también no indultar.
-Más que a la discrecionalidad, me refería a si los condenados merecerían el indulto.
-Cualquiera que lea el voto particular que cinco miembros del Tribunal hemos emitido llega a la conclusión de que los que discrepamos de la apreciación de las pruebas que hicieron la Audiencia Nacional y el TS tenemos que ser partidarios del indulto, porque creemos que no ha habido pruebas suficientes para atribuirles los delitos gravísimos por los que fueron condenados.

EL PAÍS 22 15/05/2002
Una vuelta a casa ofensiva y vergonzante JAVIER PRADERA
La detallada lectura del acuerdo aprobado el pasado día 8 por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar la inmediata vuelta al escalafón de Javier Gómez de Liaño (expulsado de la carrera judicial tras su condena por el Supremo el 15 de octubre de 1999 como autor de un delito de prevaricación continuada) permite extraer una conclusión paradójica: tal vez el lastimado ego de este convicto que se vio beneficiado por un indulto gubernamental de 1 de diciembre de 2000 habría salido mejor parado si hubiese esperado hasta la cancelación de sus antecedentes penales, el año 2005. La patente para el ejercicio del poder jurisdiccional entregada por el CGPJ a un inquilino del Registro Central de Penados no sólo constituye un atentado contra el Estado de derecho, sino que abre el camino a eventuales recursos ante la Sala Tercera del Supremo. Tampoco el agraciado en ese sorteo de lotería ha recibido el premio gordo: tal vez como consecuencia de una oscura represalia por el papelón que se han visto obligados a desempeñar en esta farsa, los vocales de la mayoría le han negado a Liaño de manera cicatera el cobro de los atrasos desde la fecha del indulto.
¿Cómo justificar la decisión de la mayoría del CGPJ si el auto dictado el 18 de enero de 2001 por la Sala Segunda del Supremo (es decir, por el tribunal sentenciador al que la Ley de 18 de junio de 1870 encomienda 'indispensablemente la aplicación de la gracia') declaró durante el trámite de ejecución del indulto que 'resultaría absurdo e incongruente que pudieran estar dentro de la carrera judicial y ejerciendo funciones jurisdiccionales personas con antecedentes penales por delito doloso y que no han alcanzado todavía la rehabilitación?'.
El voto discrepante de la minoría del CGPJ desmonta la insostenible teoría según la cual la cancelación de los antecedentes penales, indispensable para el ingreso en la carrera judicial, resultaría prescindible para el reingreso en el escalafón de Liaño, condenado por un delito de prevaricación y luego indultado. Por lo demás, los vocales minoritarios extraen una conclusión que permitiría fundamentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el acuerdo del CGPJ: la falta del preceptivo expediente administrativo acreditador de la previa rehabilitación y la oportuna cancelación de los antecedentes penales de Liaño 'vicia el acuerdo en su raíz considerándolo nulo de pleno derecho'.
La mayoría gubernamental del CGPJ, movida seguramente por el deseo de cumplir de inmediato las órdenes de pagar cuanto antes los servicios prestados por Liaño en el caso Sogecable, ha recurrido a triquiñuelas propias de rábulas para retorcer las normas y orillar la jurisprudencia. Pese a las diferencias internas de la Sala Segunda sobre otros aspectos de la aplicación del indulto, el Supremo sostuvo de forma unánime que Liaño debería cancelar sus antecedentes penales para poder volver a la carrera. Además de considerar 'indudable que el indultado había perdido la condición de magistrado a consecuencia de la ejecución de la condena penal', la sentencia del Tribunal de Conflictos de 13 de junio de 2001 también se hizo eco de la tesis según la cual 'los antecedentes penales del indultado indudablemente no pueden ser borrados por la gracia del indulto'.
El Gabinete Técnico del CGPJ jugueteó con la idea de que las virtudes taumatúrgicas del rumboso indulto concedido por el Gobierno a Liaño pudieran lograr también la anulación de sus antecedentes penales; el precedente invocado al respecto era el indulto concedido por Franco el 1 de abril de 1964 para conmemorar los 25 Años de Paz. Conscientes tal vez de la inorportunidad de esa ominosa referencia al pasado, los vocales de la mayoría optaron por un trabalenguas que oculta su falta de sustancia jurídica bajo el disfraz de una jerga petulante: aunque la medida de gracia 'ni ha cancelado los antecedentes penales ni los ha perdonado', el presidente del CGPJ y su séquito concluyen que Liaño -condenado primero por prevaricación y después indultado- 'ha vuelto a ser juez y, como ya es juez, no tiene sentido jurídico aplicarle un condicionante previsto para quien no es juez y desea serlo'.

EL PAÍS 13/04/2002
Absuelto e indultado
Cuando al ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría se le pregunta su historial judicial contesta rápido y con desparpajo: 'He estado tres veces en el talego'. Pero en total, apenas ha pasado unos dos meses privado de libertad. La primera detención fue en 1986, por un supuesto delito de aborto ilegal. Estuvo encarcelado un mes y medio con carácter preventivo. Tras el juicio, fue absuelto.
La segunda vez que ingresó en prisión fue con condena, también por un delito de aborto. Practicó una interrupción del embarazo a 'una niña de 10 años que había sido violada'. Pasó una semana en la cárcel y fue indultado. Al salir del centro penitenciario, arremetió contra las instancias judiciales y se ganó una nueva causa, esta vez por desacato. Volvió a ingresar unos días, también de forma preventiva. Más tarde fue absuelto. Debido a que en dos ocasiones se ha acordado su absolución y en una su indulto, Santamaría -que además de ginecólogo es abogado- sostiene que no procede la pena que solicita el fiscal de siete años por el agravante de reincidencia, sino que entiende que la calificación debería ser de cinco años.
El ginecólogo siempre ha defendido 'una mejor ley, que permita la libre decisión de la mujer'. En otras palabras, una legislación que contemple la posibilidad de las embarazadas de someterse a un aborto hasta determinado momento de la gestación, sin tener, como ahora, que acogerse a los únicos supuestos permitidos por la ley: violación, peligro para la vida de la madre, malformación del feto y grave afectación para la salud psíquica de la mujer.
 
La Voz de Asturias 27/03/2002
INDULTO A JOSE A. PALACIO
Es lastimoso este tipo de condena que degrada y rompe el sentido solidario con esta familia asturiana El Consejo de Ministros celebrado el día 22 de marzo del presente año ha indultado al vecino de Moreda de Aller,  José Antonio Palacio Fernández , prejubilado de Hunosa que fue encarcelado el 25 de julio de 2001 por agredir de un puñetazo a un vecino de la citada localidad.
La condena ha sido desproporcionada y muy polémica, cuatro años de prisión y dos millones de pesetas de indemnización a la víctima que el condenado ya había satisfecho para reparar los daños producidos en la cara y dentadura. Estos hechos hay que situarlos en el año 1998 y durante este tiempo,  José Antonio , ha sufrido las mayores pesadillas y depresiones de su vida. Su familia, amigos y vecinos mostraron el desacuerdo con la sentencia y recogieron 6.000 firmas a favor de la revisión de la condena participando también en manifestaciones y concentraciones con el grito "Aller reclama justicia para José Antonio".
Después de todo un peregrinar por la Audiencia Provincial para que se revisara dicha condena, tengo que hacer la siguiente aseveración: "Algo falla en la justicia, cuando la pena no se ajusta al delito pues en cualquier ordenamiento judicial democrático sería un juicio de faltas, que tendría como pena una sanción económica que restituyera los daños causados por  José Antonio  a su vecino". Estamos ante otro hecho donde el poder judicial se equivoca y criminaliza a un prejubilado minero que tiene un currículum intachable en el ámbito social y familiar.
Su esposa y sus 4 hijas tenían puestas sus esperanzas en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que permitiera la revisión de la severa condena. Esto marca un precedente muy negativo en el Tribunal que lo ha juzgado pues la relación delito-condena no está en concordancia con nuestra Carta Magna y por ende con los derechos humanos individuales y colectivos que la misma consagra a todas las personas.
Es lastimoso este tipo de condena que degrada y rompe el sentido solidario con esta familia, pero el hecho de que todavía celebremos la Semana Santa fue el detonante tras la petición que ha hecho la hermandad de Jesús El Cautivo y que a través de esta gestión el Consejo de Ministros indulte a este vecino trabajador que todos debemos de sentir nuestra alegría por la liberación de este hombre que nunca tuvo que ser ingresado en la cárcel por un delito de faltas y no tratarlo como si fuera un auténtico terrorista.
Me siento feliz y solidario por la libertad de este compañero. Desearte lo mejor para tí, tu familia y para un concejo que supo estar a la altura de las circunstancias.  *Dirigente de USO-Asturias.

Europa Sur 07/02/2002  Yolanda Olivares
La prisión no encuentra a un preso que pueda ser indultado
Algeciras. La dirección del centro penitenciario de Botafuegos no ha encontrado aún al preso que se ajuste al perfil que exige la ley para que sea indultado, tal y como le solicitó la Junta Local de Hermandades y Cofradías con motivo de la Procesión Magna, que se celebrará este año para conmemorar el 250 aniversario del Santo Entierro.
 El director de la prisión Manuel Palenzuela, añadió que aunque ya se ha estipulado una terna de tres o cuatro presos que podrían aproximarse al perfil del indultado, aún se desconoce si finalmente se concederá el indulto a uno de ellos o se optará por adelantar en tres meses su libertad condicional.
 La prisión de Botafuegos alberga en la actualidad a unos 1.500 presos. Si de ese grupo se desestiman aquellos que tienen delitos de sangre, sexuales, contra la salud pública o contra los trabajadores sólo restan los condenados por robos. No obstante, estos destacan por ser multirreincidentes, y resulta complicado solicitar un indulto para alguno de ellos.
"Cuando se trata de presos por robos nos encontramos con que no tenemos demasiadas garantías de que vuelva a delinquir y por eso es muy difícil elegir a uno , informó Manuel Palenzuela.
 El director del centro penitenciario de Botafuegos añadió que el proceso para indultar a un preso tiene muchas exigencias y no sólo tiene en cuenta las circunstancias actuales del interno sino sus antecedentes, si está pendiente o no de juicio o si está en condiciones de volver a la calle sin peligro de que vuelva a cometer delito.
"Hemos querido ajustar tanto el perfil que la verdad es que se ha puesto difícil. Ya se han seleccionado a tres o cuatro candidatos, pero ninguno de ellos cumplen estrictamente con lo que se ha estipulado. Además tenemos que estudiar todo lo que le rodea, lo que vino antes de la pena y lo que podría venir después, para hacerlo bien , añadió Palenzuela.
El director de la prisión de Botafuegos tenía previsto elegir al candidato al indulto la pasada semana para así cumplir los plazos que exige la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Al no encontrar, por ahora, ninguno que se ajuste al perfil establecido, la dirección ya se ha planteado seriamente optar por el adelanto de la libertad condicional de uno de ellos. Este proceso no requiere tantas exigencias, aunque sí necesita la aprobación de un juez para que pueda llevarse a cabo. A pesar de todo, la dirección seguirá estudiando expedientes.
 El director de la prisión de Botafuegos, Manuel Palenzuela, ha afirmado que aún no ha encontrado al preso que se ajuste al perfil exigible para ser indultado en Semana Santa

El Adelanto 15/12/2001
EL INDULTO DE RODRIGUEZ GALINDO
Se conseguirá el indulto para el general de la Guardia Civil  Enrique Rodríguez Galindo,  condenado como inductor de las torturas y el asesinato de los supuestos etarras  Lasa  y  Zabala ? Lo planteó ayer  Luis del Olmo . El juez  Ventura Pérez Mariño  afirmó:  "El Gobierno al final se lo dará; pero cometió delitos muy graves y no puede ser que los políticos que están cerca del poder arreglen siempre sus problemas con la justicia por la vía de los indultos". Cristina Alberdi  (PSOE) defendió los indultos:  "Es una decisión política que tiene un poder equilibrador; ojalá el Gobierno lo conceda". Ramón Tamames , en cambio, objetó:  "Estoy en contra, y lo lamento; es parte del expediente GAL, que tiene 18 muertos; sólo convendría darlo cuando el expediente ETA esté en vías de solución, entonces tendría que haber generosidad con todos". Juan Morano , del PP, discrepó:  "Con Galindo se hizo justicia y sería asumible ser generoso". Pérez Mariño  volvió a la carga:  "La sociedad debe sentirse resarcida, y cuando quien va a ser indultado dice que se le juzgó mal, que no delinquió y que no se arrepiente de nada, es una tomadura de pelo indultar". Cristina Alberdi  y  Juan Morano  objetaron al unísono:  "El reo tiene derecho a creer que es inocente". Ramón Tamames  insistió:  "Abusar del indulto para los políticos --y Galindo lo es-- es una cosa muy seria. Hay que esperar al fin de ETA, que no está tan lejano". Morano  replicó:  "Para un sector de la sociedad Galindo ha sido siempre inocente; la justicia ya restableció el orden y es posible indultarlo".   Pérez Mariño  no cedió:  "Moralmente es un poco duro..."

La voz de Galicia 08/11/2001
Justicia indultó a un traficante de drogas lucense
El lucense José Camilo López López, que había sido condenado en Pontevedra en el año 97 por su participación en la Operación Óscar, contra varios traficantes de drogas, fue indultado por el ministro de Justicia, que tuvo en cuenta que fue «un elemento secundario, de los que menos implicación tenía en la red de narcotráfico». Sin embargo, le impuso la condición de que no abandone el tratamiento que sigue para rehabilitarse y que no vuelva a comerter ningún delito en el plazo de tres años.Tras la sentencia de 1997, el Supremo confirmó la pena en el 99, cuando el acusado estaba en paradero desconocido.

EUROPA PRESS 26/03/2001
El Gobierno recalca que sólo ha indultado a policías  con penas calificadas como 'leves o menos graves' 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)  El Gobierno ha recalcado en una respuesta parlamentaria que en el Consejo de Ministros del pasado 1 de diciembre, en el que se concedieron más de un millar de indultos, únicamente indultó a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado condenados con de penas calificadas como 'leves o menos graves' por el artículo 33 del Código Penal.
Según la respuesta a una pregunta formulada por el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, a la cual ha tenido acceso Europa Press, en ese 'paquete' de indultos sólo se incluyó a 12 por delitos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Además, el Gobierno señala que, de los expedientes tramitadaos por delitos cometidos contra la integridad física, no han sido concedidos 41, al no concurrir en ellos las circunstancias exigidas para su concesión.
 En este sentido, recuerda que sólo se conceden indultos a quienes, teniéndolo solicitado, reúne los requisitos legales encontrándose formalmente en condiciones de obtenerlo al haberse completado la tramitación de un expediente y respecto de los cuales existía informe favorable del juez, del fiscal o de ambos.  |  (EUROPA PRESS)  03/26/13-44/01    

EL MUNDO 20/02/2001 JULIO A. PARRADO Corresponsal
Acusan al ex presidente de justificar su `perdón' al empresario español del mismo modo que lo hizo el abogado del indultado - El ex mandatario ve amenazado su trabajo como conferenciante  La carta de Clinton enciende aún más el `escándalo Rich'  Los líderes republicanos aseguran que en el artículo no hay un «atisbo de verdad»   
NUEVA YORK.- Lejos de apagar las críticas, las justificaciones dadas por Clinton para perdonar al empresario español Marc Rich han encendido aún más el escándalo que persigue al ex presidente de EEUU. El artículo de ocho puntos publicado en The New York Times (reproducido en la edición de ayer de EL MUNDO) ha levantado la ira de los líderes republicanos que investigan en el Congreso el polémico indulto, concedido por Clinton en su último día en la Presidencia. Dan Burton, el diputado que encabeza las audiencias en la Cámara Baja, señaló que no hay un «atisbo de verdad» en las afirmaciones de Clinton sobre el respaldo de destacados abogados republicanos al perdón. En su carta explicativa, Clinton mencionó a tres letrados (uno de los cuales trabaja en el gabinete del actual vicepresidente, Dick Cheney). En la versión inicial del artículo, que apareció en todos los ejemplares de The New York Times, impresos antes de las 12.45 horas del sábado, el ex presidente afirmaba que éstos habían refrendado su decisión.La oficina de Clinton tuvo que llamar al diario neoyorquino en la madrugada para que introdujesen una modificación. Los tres abogados estuvieron relacionados con Marc Rich en los 80, como parte de su equipo de defensa, pero no participaron en la gestión del perdón, coordinada por el abogado demócrata Jack Quinn.Asediado por los republicanos, cuestionado por la opinión pública y dejado de lado por su propio partido, Clinton emprendió una contraofensiva para limpiar su deteriorada imagen a través del Times. Además de citar a los abogados republicanos, el ex líder demócrata aseguró que en su decisión para otorgar el perdón pesaron las demandas de destacadas figuras del Gobierno israelí, entre ellas la de Ehud Barak, entonces primer ministro.El asunto Rich se encuentra en manos de la Fiscalía de Nueva York, que investiga si existió un soborno detrás de la amnistía. Marc Rich, que se refugió hace 17 años en Suiza y España para escapar a un juicio abierto en Nueva York por fraude y conspiración criminal, estuvo casado con Denise Rich, una de las más generosas contribuyentes del Partido Demócrata, y especialmente del matrimonio Clinton..Nueva audiencia.Mientras las pesquisas criminales continúan, el Congreso -que destapó el asunto- no quiere dejarlo escapar de sus manos. Dan Burton, presidente del Comité de Reforma Gubernamental que realizará otra nueva audiencia el próximo 1 de marzo sobre el caso, afirmó que «Clinton pareció escribir la carta con la ayuda de Jack Quinn [abogado de Rich]». «Las razones ofrecidas por el presidente [Clinton] son las mismas que Quinn dio ante el Comité», aseguró. Sin embargo, de momento, Burton ha suspendido los contactos con los abogados de Denise Rich, a la que la Cámara quería ofrecer la inmunidad a cambio de que testificase contra Clinton. «No queremos interferir en la investigación criminal», justificó el diputado.En la Cámara Alta, el senador Arlen Specter promete ser incluso más duro en una próxima sesión del Comité Judicial. Specter quiere ver sentado frente a él a Clinton. El ex presidente republicano Gerald Ford tuvo que comparecer en su día ante un Congreso airado por el perdón que otorgó al ex presidente Nixon por el escándalo Watergate.La estela de los escándalos que persigue a Clinton está amenazando con arruinar su trabajo como conferenciante de lujo. Ayer viajó hasta Nueva Orleans para dar el discurso de apertura en una conferencia de Oracle, pero la compañía tecnológica estuvo dudando hasta el último minuto sobre la invitación. Los bancos de inversión, UBS Walburg (Painne Webber) y CS First Boston cancelaron la semana pasada eventos similares después de que Morgan Stanley afrontara una crisis de relaciones públicas por haber contratado a Clinton en un acto en Florida.Si el mercado nacional se hunde, al menos Clinton disfruta de generosas ofertas del exterior. La última ha llegado de una firma de textiles de China, que asegura que el ex presidente está estudiando una oferta de unos 360 millones de pesetas para protagonizar un anuncio televisivo..APOYO Clinton `roba el show' a Bush¿Sabe el público estadounidense quién reside ahora en la Casa Blanca? Un mes después de la toma de posesión en el cargo, George W. Bush apenas logra asomar la cabeza en los noticiarios nocturnos de televisión. La sombra del carismático y controvertido Bill Clinton opaca los primeros días de Gobierno de Bush. Según un cálculo del diario The Washington Post, la semana pasada las grandes cadenas ofrecieron 18 historias amplias sobre el ex presidente: el asunto de Marc Rich, la cálida acogida en Harlem y sus problemas para dar millonarias conferencias.
Bush se quedó en un segundo puesto. Tan sólo 14 reportajes le dedicaron los grandes medios en una semana en la que el nuevo presidente desfilaba con aire marcial y patriótico por las bases militares de su país. Y lo peor: los shows satíricos de medianoche, verdadero termómetro de la popularidad nacional, siguen fascinados con el ex inquilino de la Casa Blanca. Parte del Gobierno está preocupado por la dificultad de Bush en «dar a conocer su mensaje» a sus compatriotas. «Es hora de pasar página», dijo Bush hace unos días en referencia al caso Rich. Otra parte del equipo presidencial, obsesionada con el celo de los medios por las meteduras de patas verbales del nuevo líder mundial, no podría estar más feliz por que sea Clinton quien arrastre la estela de malas noticias. De hecho, Bush aún no ha dado una rueda de prensa en la Casa Blanca, y pasó el puente festivo encerrado en su rancho de Crawford, donde la prensa sufrió limitaciones.
 
EL MUNDO 22/12/2000
Alberto Flores, el primer indultado del «caso Filesa»  
MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el decreto de  indulto del ex contable de Filesa Alberto Flores, que reduce a la mitad las  penas privativas de libertad e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo  en octubre de 1997.
 El indulto reduce a 3 años la condena de inhabilitación especial, y deja en 5  años la pena de prisión impuesta a Flores, quien actualmente disfruta del  tercer grado penitenciario en el centro madrileño Victoria Kent. El ex directivo señaló ayer a Europa Press que tiene previsto remitir hoy un escrito  a la dirección del centro adjuntando el texto del indulto, para solicitar unos  días de permiso a la espera de acceder definitivamente a la libertad condicional.
 Flores, que consultó ayer el texto de su decreto de Indulto a través de  Internet, confía en que el centro penitenciario acceda a su petición, lo que le  permitiría no volver a dormir a prisión.
 «Confío en que el centro penitenciario sea generoso, porque lo que les pido es  un acto de raciocinio. No soy un preso peligroso».
 Está previsto que los reales decretos de indulto para los otros dos condenados  en el caso -el ex diputado socialista Carlos Navarro y el ex administrador  único de Filesa Luis Oliveró- se publiquen en los próximos días.
 Una vez cumplido este trámite, la Sala Segunda del Supremo, como tribunal  sentenciador, deberá ejecutar el indulto, comunicándolo a los tres condenados.
 Libertad condicional  La medida de gracia permitirá a los tres acceder a la libertad condicional, al  haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y encontrarse todos ellos  ya clasificados en tercer grado penitenciario.
 En este caso, el Gobierno aprobó el indulto parcial siguiendo el criterio del  Tribunal Supremo, que aconsejó su concesión y la reducción a la mitad de la  condena, atendiendo, entre otros criterios, el «juicio paralelo» ante la  opinión pública que habían sufrido los procesados, así como la lejanía en el  tiempo de los hechos que sustentaron la condena.
 Navarro, Oliveró y Flores fueron condenados por delitos contra la Hacienda  Pública, falsedad y asociación ilícita, en relación con una trama de  financiación ilegal del Partido Socialista.
 Los tres, indultados el mismo día que el ex juez Javier Gómez de Liaño y otras  1.439 personas, tienen pendientes de resolución los recurso de amparo que  formularon ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo.
 
EL MUNDO 13/12/2000 ENRIQUE GIMBERNAT
TRIBUNA LIBRE  Significado de la «pena cumplida» en la ley de indulto  
En un reciente artículo publicado en este mismo periódico (EL MUNDO, 8  de diciembre) me he ocupado ya, críticamente y con distintos argumentos, de  algunos extremos del «Informe» elevado por el Tribunal Supremo (TS) al ministro  de Justicia, y en el que se afirma que la pena impuesta a Gómez de Liaño por un  delito continuado de prevaricación no podría ser objeto de indulto. Completando lo allí expuesto, quiero abordar ahora, también críticamente, las  consideraciones que hace el TS sobre el significado de «pena cumplida» del art.  4 de la vigente Ley de Indulto de 1870 (LI), y que, supuestamente, llevarían al mismo resultado.
 Frente a la opinión manifestada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo,  José María Luzón, considerando procedente el indulto, y, asimismo, que la  inhabilitación especial impuesta era «indultable», el TS, en su «Informe», contradice tal opinión, y, partiendo de que Gómez de Liaño ha perdido ya su  condición de magistrado, estima que en un caso así no cabe dicha medida de  gracia, argumentando todo ello con el art. 4 LI, que dispone lo siguiente: «El indulto podrá ser total o parcial. Será indulto total la remisión de todas las  penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el  delincuente. Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas en las que hubiese incurrido y no hubiese  cumplido todavía el delincuente».
 Como, según el «Informe» del TS, Gómez de Liaño, al haber sido separado  supuestamente de la carrera judicial, habría «cumplido» ya dicha pena, de ahí  que ésta tampoco podría ser indultada. Pero esta opinión del TS no es  defendible por las tres razones que expongo a continuación.
 Si un condenado a 20 años de prisión ha cumplido ya uno de privación de  libertad, y el Gobierno, como está fuera de discusión, le puede indultar los 19  años que le restan, la pregunta que hay que plantearse es: ¿por qué en este  caso no es aplicable un conocido principio general del Derecho, y quien puede  lo más (en este caso: perdonar 19 años), no obstante no puede lo menos (esto  es: indultar el año ya cumplido de privación de libertad)? Pregunta a la que,  en una interpretación teleológica, que analice la ratio legis, hay que  contestar: porque, mientras que no existe ningún obstáculo que haga imposible  «perdonar» esos años de prisión no cumplidos -porque para ello basta con  decretar la libertad del penado-, por el contrario es materialmente imposible  indultar una privación de libertad ya cumplida, pues no hay poder en el mundo  que pueda retroceder en el tiempo y devolver al condenado el año pasado en  prisión, de la misma manera que, en el caso de Gómez de Liaño, tampoco es  posible materialmente indultarle del tiempo en que, como consecuencia de la  inhabilitación especial impuesta, ha estado privado de ejercer funciones  jurisdiccionales. Y lo mismo sucede con cualquier otra pena «irreparable» ya cumplida, como puede ser la de muerte (la LI es de 1870, y menos un breve  intervalo durante la II República, nuestro Derecho no abolió íntegramente la  sanción capital hasta 1995, con su desaparición también del Código Penal Militar), ya que el Gobierno tampoco podía devolver la vida a quien ya había  sido ejecutado.
 Si la LI no hubiera establecido ese obstáculo de la «no indultabilidad» de las  penas irreparablemente ejecutadas, entonces en el caso de la privación de  libertad o de la pena de muerte ya cumplidas, si éstas hubieran podido ser objeto de medidas de gracia, el Estado, y dado que le habría sido imposible  devolver la libertad de la que ya había sido privado el condenado o la vida al  agarrotado, habría tenido que sustituir por una indemnización ese perdón de acontecimientos acaecidos que ya no tenían marcha atrás. Y es eso precisamente  lo que ha querido impedir la LI en su art. 4: porque una cosa es que el  Gobierno pueda perdonar, si ese perdón es viable, y consiste únicamente en  dejar de aplicar una pena impuesta, y otra muy distinta que, encima, tenga que  pagar una reparación a un delincuente.
 Lo expuesto hasta ahora explica la razón de por qué el art.
4 LI prohíbe el  indulto de las penas irreparablemente cumplidas, de por qué se pueden perdonar  19 años de prisión o de inhabilitación no ejecutadas, y no, en cambio, penas muy inferiores de un año de privación de libertad o de inhabilitación ya  purgadas: porque en este último caso ello es materialmente imposible, y sólo  podría dar lugar, sustitutivamente, a una ilegítima indemnización de una persona condenada en firme.
 Cuando la pena cumplida, en cambio, es una de carácter reparable, como lo puede  ser la pena de multa o la pérdida de la condición de funcionario, entonces  desaparece la ratio legis que informa el art. 4 LI, pues materialmente es perfectamente posible restablecer al condenado en su situación anterior  -devolviéndole la cantidad abonada con la pena pecuniaria, reintegrándole en el  cuerpo del que ha sido separado-, sin que, por otra parte, y dado que la pena en sí queda anulada -lo que no se puede hacer con los años pasados en prisión-,  el indulto posible -en lugar de imposible- tenga que desencadenar indemnización  alguna al beneficiado con la medida de gracia. Que éste es el espíritu de la  Ley -y la razón de la restricción establecida en el art. 4 LI- lo pone de  manifiesto, como acertadamente argumentaba el fiscal Luzón en su escrito, que  la propia Ley, en su art. 8, permite expresamente aplicar una media de gracia a  una pena inequívocamente ya cumplida, cuando ésta, como la pecuniaria, es  reparable: «El indulto de la pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de  la cantidad que aún no hubiese satisfecho, pero no comprenderá la devolución de  la ya pagada, a no ser que así se determine expresamente», devolución que,  naturalmente, no puede entenderse como indemnización alguna del Estado al condenado, sino como reintegro al indultado de la pena que se le perdona.
 Además, la tesis que aquí se defiende es la única compatible con nuestro  Derecho positivo, en cuanto que la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril,  Procesal Militar (LPM), en su Disposición Adicional 8ª, Regla Primera, derogó,  en parte, la LI, estableciendo lo siguiente: «Tampoco podrá indultarse la pena  de pérdida de empleo [militar], sino en virtud de una Ley». De este precepto  que, dada la naturaleza de la relación jurídica castrense, excluye del indulto  la pena de la baja del penado en las Fuerzas Armadas -sólo se puede recuperar  la condición de militar si así lo dispone una ley-, se deduce, argumentando a  contrario, que todos los funcionarios no militares sí que se pueden reintegrar  en virtud de un Real Decreto de indulto. Y todavía se deduce más: Que  precisamente porque hasta entonces los militares expulsados del Ejército eran  «indultables», por ello se tuvo que promulgar una ley especial que los  excluyera de ese privilegio, porque si, como mantiene el TS en su «Informe», la  pérdida de la condición de funcionario -también y, por supuesto, la del  militar- no podía ser objeto de medida alguna de gracia, entonces esa  disposición de la LPM sobraba, ya que reiterativamente estaba volviendo a  excluir del indulto a quien, y sobre la base de la LI, estaría ya excluido de  él. Si no se quiere llegar al absurdo resultado de que el legislador promulga  normas superfluas, es decir: que, innecesariamente, establece en la LPM lo que  ya estaba dispuesto en la LI, hay que concluir que, precisamente porque la baja  en el Ejército se podía indultar hasta 1989, se ha tenido que regular  expresamente, en la LPM, que, a partir de la entrada en vigor de ésta, ello ha  dejado de ser así, y que, por consiguiente, las restantes pérdidas de la  condición de funcionarios (de la carrera judicial y de la Administración),  siguen siendo susceptibles de indulto mientras no se dicte una norma de contenido análogo al de la LPM.
 Pero es que, finalmente, la tesis del TS no sólo está en contradicción con una  interpretación teleológica de la LI y con nuestro Derecho positivo, sino,  además, con la inequívoca voluntad de nuestro legislador histórico, a la que la  Sala 2ª vuelve literalmente del revés. Y así, mientras el TS afirma, en su  «Informe», que la «[adquisición] de derechos que ya no se tienen [el de ostentar la condición de magistrado]... sólo se podría llevar a cabo por una  Ley del Parlamento», por lo que la supuesta exclusión de la carrera judicial de  Gómez de Liaño no podría ser objeto de indulto, el legislador de la todavía vigente Ley de Indulto de 1870, en su «Exposición de Motivos» del Proyecto de  esa Ley ante las Cortes Constituyentes (véase Diario de Sesiones de 17 de  diciembre de 1869, Apéndice Octavo al núm. 185), dice precisamente todo lo  contrario de lo que se lee en el referido «Informe»: «Por el indulto», afirmaba  en la «Exposición de Motivos» el entonces ministro de Justicia, Manuel Ruiz Zorrilla, «vuelve el delincuente a adquirir los siempre importantes derechos de  que le había privado justamente la sentencia», poniendo como ejemplo de ello, y  entre otros, la posibilidad de indulto de la inhabilitación y de la multa ya  pagada. Si se lee atentamente lo que en los dos textos se dice sobre la  «adquisición de derechos perdidos», de los que el TS afirma que sólo se pueden  recobrar mediante «una Ley del Parlamento», mientras que el autor de la LI  afirma que son esos derechos precisamente los que se recuperan «por el  indulto», habrá que concluir que el TS no ha estado muy fino que se diga al  interpretar ni el espíritu de la Ley ni la intención del legislador.
 Odiosa sunt restringenda, favorabilia amplianda. El «Informe» del TS, y tal  como expresaba en mi artículo del pasado 8 de diciembre, al interpretar una ley  odiosa, como lo es el Código Penal (CP), extensivamente, al imponer a Gómez de  Liaño la pena de pérdida de la condición de magistrado, no prevista ni en el CP  ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y restrictivamente, y tal como he expuesto ahora, y en contra de la ratio legis de su art. 4, de nuestro Derecho  positivo, y de la voluntad del legislador histórico, una Ley favorable como lo  es la de Indulto, también ha puesto del revés ese principio general del  Derecho: en este caso, y para el TS: odiosa sunt amplianda, favorabilia  restringenda.
 .
 Enrique Gimbernat Ordeig es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo  Editorial de EL MUNDO.
 
EL MUNDO 07/12/2000 LUIS FERNANDO DURAN
GOBIERNO  Indultado el agente municipal condenado a 12 años de cárcel  
MADRID.-  El Gobierno indultó la pasada semana a Luis Javier Díez, el  policía municipal que fue condenado a 12 años de prisión tras matar de un  disparo a un joven delincuente habitual tras una persecución.
 Este indulto se produjo dentro del amplio perdón que concedió el Gobierno de la  nación con motivo del año jubilar, el aniversario de la Constitución española y  el fin del Milenio. En total, el Ejecutivo indultó a 1.443 personas.
 El agente participaba en una persecución en coche contra Pablo Vicho, de 40  años, y otro amigo. Tras interceptarlos en la Avenida de América el policía  disparó y mató al hombre al creer que Pablo iba a sacar un arma, que en realidad no tenía.
 El agente fue condenado en su momento a una pena de dos años de cárcel y, tras  recurrir el Tribunal Supremo elevó la pena a 12 años. El alto Tribunal rechazó  el argumento de legítima defensa que apreció la Audiencia y dictaminó que el disparo fue «precipitado e innecesario».
 Los compañeros se movilizaron y recogieron más de 100.000 firmas pidiendo el  indulto. Policías de toda España enviaron su petición a los compañeros de  Madrid.
 En el Ayuntamiento la sentencia del Supremo fue considerada «desmesurada» y  sorprendió que el escrito de la Audiencia en que se condena al agente a dos  años fuera de 22 folios y, por contra, el Supremo fuera capaz de explicar los  12 años de condena del policía en sólo un folio y medio.
 El Pleno del Ayuntamiento de Madrid llegó a pedir al Gobierno el indulto para  el policía, que no ingresó en ningún momento en prisión, ya que el tribunal no  ejecutó la sentencia. El agente ha estado trabajando eficazmente desde entonces, según sus superiores.
 
LA VANGUARDIA 02/12/2000 CRISTINA SEN.
Indulto del Gobierno para Liaño y Filesa El Ejecutivo incluye a Tani en una masiva concesión de 1.443 medidas de gracia  
CRISTINA SEN Madrid. El Gobierno apeló ayer al Vaticano para justificar la concesión masiva de 1.443 indultos, entre los que incluyó el del controvertido Javier Gómez de Liaño, ex juez de la Audiencia Nacional expulsado de la judicatura por prevaricación, que ahora será rehabilitado profesionalmente. La sorpresiva decisión del Consejo de Ministros es la medida de gracia más amplia que se concede desde que en 1978 se aprobó la Constitución y quedó prohibido otorgar perdones generales.
 El ministro de Justicia, Angel Acebes, justificó esta iniciativa por la petición genérica efectuada por la Santa Sede a todos los países del mundo para que con motivo del año jubilar se hiciesen gestos en favor de la reinserción social. También apuntó la cercanía del 22 aniversario de la Constitución como razón para hacer ahora el anuncio.
 El Gobierno aseguró que se ha seguido un estricto 'criterio de objetividad' para conceder los indultos  casi la mitad de los 3.000 solicitados , basándose principalmente en la existencia de un informe favorable del tribunal sentenciador o del fiscal. En el caso de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable  contra los directivos del grupo Prisa , el informe del tribunal no podía ser más negativo: le acusaba de 'carecer de la templanza y el equilibrio necesarios para el desempeño de una función tan delicada como la judicial'.
Acebes alegó que el indulto  que le permitirá volver a ejercer de juez, aunque no en la Audiencia Nacional  se basa en el dictamen favorable de la fiscalía.
 Además de rehabilitar a Gómez de Liaño, el Ejecutivo ha indultado parcialmente a tres de los condenados por el caso Filesa  Carlos Navarro, Lluís Oliveró y Alberto Flores , lo que supone pasar página a la financiación irregular del PSOE. No es el único caso de carácter político. El Gobierno también ha indultado al ex alcalde de Burgos por el PP José María Peña, implicado en un caso de corrupción por beneficiar a un constructor, así como a otros tres alcaldes condenados por el fraude del Plan de Empleo Rural (PER).
 El Ejecutivo ha atendido asimismo la demanda social y ha rebajado la pena  de 14 años a dos años y seis meses  de María Teresa Moreno, 'Tani', encarcelada por la muerte de su marido, que la maltrataba. Tani saldrá en libertad provisional.

EL PAÍS 09/08/2000
Indultado cuando iba a pasar tres años de cárcel por llevar seis gramos de droga
Luis P., un joven de 23 años vecino de Parla, fue detenido en 1997 y condenado a tres años de cárcel por llevar encima seis gramos de cocaína. Ahora, el Gobierno ha decidido concederle el indulto tras estudiar los informes de la Asociación de Prevención de la Marginación (Precomar), que concluyen que la cárcel sólo podría perjudicar a este joven; Luis trabaja y ya no consume drogas. Sólo había cumplido un día de los tres años de condena.
Con éste son ya 33 los indultos conseguidos por Precomar desde 1993. Ninguno de los beneficiados ha reincidido.

ABC 19/03/2000
José María García fue indultado por el Gobierno  
MADRID. ABC   La reciente historia judicial española  arroja escasos ejemplos de periodistas condenados a penas de prisión como autores de  delitos relacionados con la libertad de expresión. En enero de 1988, José María García fue condenado a dos meses y un día de arresto por  la Audiencia Provincial de Zaragoza por desacato al presidente de la Federación Española  de Fútbol y diputado aragonés José Luis Roca, a quien el periodista deportivo imputó  la comisión de delitos de robo, malversación de caudales públicos y estafa en el ejercicio de sus funciones como parlamentarios autonómico.
García no llegó a ingresar en prisión porque interpuso un recurso de amparo ante el  Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite, y solicitó que se suspendiera la ejecución de la sentencia. Como en el caso de Manuel Barrios, García fue absuelto en  primera instancia para ser condenado después por una audiencia provincial. La condena de García provocó una ruidosa polémica y movilizó a las asociaciones de  profesionales de la información, que expresaron su apoyo y solidaridad a José María  García y solicitaron al Gobierno la inmediata concesión del indulto para el periodista.  Las asociaciones entendieron entonces que la sentencia suponía un serio límite para el  derecho a expresar libremente opiniones y críticas. El hecho de que un periodista pudiera ingresar en prisión fue calificado entonces de   desproporcionado y sorprendente .  Finalmente, en julio de 1990, el Gobierno concedió a García el indulto parcial, lo que  evitó de forma definitiva el ingreso en prisión del periodista. Sin embargo, García  tuvo que pagar dos multas de 300.000 pesetas en sustitución de las dos penas que le  habían sido impuestas por los dos delitos cometidos. Según el decreto aprobado entonces  por el Consejo de Ministros, se  conmutaron  a García las dos penas privativas de  libertad por ambas multas  a condición de que no vuelva a cometer delito durante el  tiempo normal de cumplimiento de las condenas .

EL PAÍS 18/01/2000
Indultado un condenado por el 'caso Juan Guerra' que es hermano de un diputado del PP
El Gobierno ha indultado a Ernesto Ollero Tassara, hermano del diputado del PP Andrés Ollero, quien fue condenado a siete años de inhabilitación especial por prevaricación. En la misma sentencia fue condenado Juan Guerra, aunque éste no solicitó el indulto. La citada medida fue adoptada por el Consejo de Ministros del 17 de diciembre de 1999, aunque no fue conocida hasta su publicación en el BOE del 15 de enero pasado. Ernesto Ollero fue condenado por el Tribunal Supremo el 24 de junio de 1994, revocando una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla, por una recalificación irregular de terrenos municipales en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde Ollero era arquitecto municipal.- EP



Indultados desde el año 2000 (nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE)

Nota: hemos recibido varios requerimeintos, algunos con preocupantes amenazas, que hacen recomendable consultar a la Agencia Española de Protección de Datos sobre el derecho que tenemos, al menos, el que creemos tener, para publicar aquí los datos que constan en el BOE de los indultados. En caso de que a nosotros no se nos permita publicar esos datos incuestionablemente relevantes, notorios y publicados, denunciaremos a quienes los publiquen, y también a quienes no sancionen a los que hagan algo que a nosotros no se nos autoriza a hacer.

Otras referencias de posible interés:
RECURSOS DE APELACIÓN
INSOLVENCIA PUNIBLE
ESTAFAS
ESTAFA Investigación y Prueba Pericial
Extorsiones
MALVERSACIÓN
COHECHO
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
PREVARICACIÓN
NEGOCIACIONES PROHIBIDAS
ERE Expediente de Regulación de Empleo
PERITO JUDICIAL
PERITO JUDICIAL PENAL
Perito ingeniero en SEGUROS CONTRA DAÑOS 
plan de viabilidad
denuncias falsas
extorsiones
tráfico de influencias
negociaciones prohibidas
cohecho
malversación
prevaricación
estafas
INSOLVENCIAS PUNIBLES
APROPIACIONES INDEBIDAS 
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