@miguelgallardo | Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo | Perito Judicial
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Referencia: Resolución AEPD contra APEDANICA en el Caso Ibercaja
El presente informe técnico-jurídico integra, amplía y perfecciona las auditorías previas realizadas por otras arquitecturas de IA, las cuales ya señalaban indicios racionales de criminalidad en la actuación de la AEPD:
Este documento sistematiza la denuncia contenida en https://www.miguelgallardo.es/aepd-ibercaja-falsedad.pdf, elevando la carga probatoria contra la resolución arbitraria firmada por Lorenzo Cotino Hueso.
La resolución de la AEPD, consultable en https://cita.es/aepd-ibercaja-denunciable.pdf, se fundamenta en una premisa fáctica falsa que ha sido orquestada para favorecer a la entidad bancaria Ibercaja. Esta falsedad no es un error de apreciación, sino una distorsión deliberada de la realidad procesal.
La actuación del Director de la AEPD, Lorenzo Cotino Hueso, debe ser objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, toda vez que concurren elementos típicos de los siguientes delitos:
Se ha dictado una resolución injusta a sabiendas. La injusticia radica en basar el acto administrativo en una falsedad documental acreditada por notario. El dolo se manifiesta al ignorar las pruebas presentadas por APEDANICA en el recurso de reposición.
Al incorporar hechos falsos en una resolución oficial para alterar el resultado del expediente, la autoridad o funcionario público incurre en el tipo penal de falsedad. La resolución denunciable es el cuerpo del delito.
La connivencia con la entidad Ibercaja para inducir a error al órgano supervisor (o a los tribunales en vía contenciosa) mediante el ocultamiento de la escritura notarial constituye una maniobra de engaño bastante para perjudicar los derechos de APEDANICA.
Desde la perspectiva del Derecho Administrativo, la resolución es nula de pleno derecho según el Art. 47.1 de la LPACAP:
El recurso de reposición presentado en aepd-ibercaja-falsedad.pdf agota la vía administrativa denunciando el vicio de nulidad radical.
Instamos a que el Ministerio Fiscal actúe de oficio para: