Documento pericial de denuncia pública de alcance internacional. Este informe documenta, con fuentes periodísticas verificables y documentos judiciales, el entramado de impagos, promesas incumplidas y deudas millonarias que caracterizan la campaña electoral de César Acuña Peralta y su partido Alianza para el Progreso (APP). Se revela la estrategia de pagos no declarados a streamers que, al quedar impagos, se convierten en un mecanismo de chantaje para silenciar a los acreedores. Se detalla la deuda de casi 20 millones de soles que APP mantiene con su propio fundador, sus hijos y la Universidad César Vallejo (UCV), así como la condición de moroso judicial de Acuña en España por una condena en costas impagada. Todo ello dibuja el esquema de “Deuda como Cancha”, una estrategia de evasión fiscal y electoral que afecta tanto a grandes instituciones como a pequeños creadores de contenido.
La campaña presidencial de César Acuña para las elecciones de 2026 se ha caracterizado por una agresiva estrategia digital enfocada en captar el voto joven (18-29 años, que representa el 25.2% del padrón electoral). Esta estrategia ha incluido la participación de reconocidos streamers en transmisiones en vivo, retos virales y actividades públicas junto al candidato. Sin embargo, la opacidad en el financiamiento de estas actividades ha generado múltiples denuncias y alertas por parte de la prensa de investigación y de las autoridades electorales.
Otros posibles colaboradores no identificados nominalmente: Diversos reportes periodísticos y redes sociales mencionan la existencia de otros streamers, tiktokers y youtubers que habrían participado en la campaña digital de Acuña, ya sea mediante menciones, participación en eventos o creación de contenido patrocinado. La falta de transparencia de APP impone límites a la identificación completa, lo cual es parte de la estrategia de opacidad del candidato.
La estrategia de Acuña consiste en utilizar la audiencia de jóvenes creadores para lavar su imagen, negando luego el vínculo laboral para evitar reportar gastos a la ONPE. Acuña cataloga sus intervenciones con streamers como "contenido orgánico o gratuito", y elude así la declaración de estos activos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). [fuente, párrafo 36-38] La contradicción es evidente: mientras Acuña niega pagos, los datos abiertos de Meta revelan que APP invirtió más de S/ 2.2 millones en su campaña digital, incluyendo más de S/ 1.1 millones solo en pauta publicitaria en Facebook e Instagram en los últimos tres meses.
Al no existir facturas ni contratos formales, estos creadores quedan desprotegidos ante el impago. Peor aún, según el penalista Rolando Bazán, podrían enfrentar de 2 a 8 años de prisión por financiamiento ilegal de campañas (Art. 359-A y 359-B del Código Penal) si se demuestra que recibieron dinero "en negro". [fuente]
El artículo 359-A del Código Penal peruano sanciona la solicitud, aceptación, entrega o recepción de aportes, donaciones o beneficios de fuentes legalmente prohibidas, con conocimiento o deber de conocer su origen. La pena base oscila entre 2 y 5 años de prisión, con agravantes cuando intervienen candidatos, tesoreros o responsables de campaña, y puede llegar a 8 años si el financiamiento supera las 50 UIT o existe vínculo con organizaciones criminales. [fuente]
El informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) elaborado en octubre de 2025 reveló que APP no es un partido solvente, sino una entidad deudora de casi S/ 20 millones, donde los acreedores son los propios miembros del clan Acuña, permitiendo eludir topes de financiamiento: [fuente]
Esta deuda millonaria, según consta en el informe, se encuentra bajo la denominación de "créditos concertados corrientes y no corrientes" por un total de S/16.931.251,61, más S/2.761.266 en "cuentas por pagar comerciales". Especialistas advierten que este mecanismo permite sortear los topes de financiamiento electoral. [fuente, líneas 23-30]
La etiqueta de "Moroso Judicial" de César Acuña se consolida por su conducta en España. En septiembre de 2025, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid dictó sentencia firme en el Procedimiento Ordinario 1140/2018, condenando a César Acuña Peralta al pago de las costas judiciales tras el fracaso total de su demanda por derecho al honor contra APEDANICA y el Dr. Miguel Gallardo. [fuente] [fuente] Esta sentencia, gestionada por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), lo sitúa en condición de DEUDOR JUDICIAL o MOROSO en España, un dato de máxima relevancia para evaluar la honorabilidad y transparencia de un candidato presidencial. [fuente] Sin embargo, Acuña ha incumplido sistemáticamente el pago de estas costas, lo que ha motivado múltiples denuncias de APEDANICA ante las autoridades judiciales españolas por presunto encubrimiento institucional. [fuente]
APP arrastra sanciones de la ONPE desde 2011 y 2016 por aportes excesivos y entrega de dinero en campaña, que aún no han sido pagadas en su totalidad. La multa de S/ 2.2 millones impuesta en 2011 (luego reducida por el JNE) se originó por exceso de aportaciones de la Universidad César Vallejo, que excedió los límites permitidos por la ley durante la campaña municipal de 2010. [fuente] [fuente] En 2016, se le aplicó otra multa de S/ 395.000 por entregar dinero directamente durante la campaña, lo que derivó en la exclusión de César Acuña de la contienda electoral de ese año. A pesar de estos antecedentes, APP ha apelado o simplemente ignorado el pago de estas multas, acumulando una deuda histórica con la ONPE que supera los S/ 2 millones solo por este concepto. [fuente]
Expertos señalan que el impago a streamers funciona como un mecanismo de control perverso: si el creador reclama el pago de un acuerdo verbal "en negro", el partido puede amenazarlo con denunciarlo ante la SUNAT o la Fiscalía por recibir fondos ilícitos. Esto convierte al acreedor en una víctima doble: pierde el dinero y asume el riesgo de cárcel. La falta de contratos formales y la opacidad en los pagos dejan a los colaboradores en una situación de vulnerabilidad extrema.
Esta situación es aún más grave cuando el deudor es, además, un moroso judicial condenado en costas que ha demostrado su falta de voluntad de pago ante los tribunales. La experiencia internacional de APEDANICA demuestra que perseguir el cobro de lo adeudado por Acuña y APP es una tarea ardua y costosa, que requiere asesoría legal especializada y, en muchos casos, termina en el abandono por parte de los acreedores, precisamente el objetivo buscado por el candidato.
Si usted es un streamer, influencer, creador de contenido o proveedor que ha trabajado para la campaña de César Acuña o APP y no ha recibido el pago acordado, le recomendamos:
Este análisis forma parte de las deliberaciones en curso del grupo de WhatsApp creado para coordinar acciones legales y de transparencia entre Perú y España. Se invita a todos los ciudadanos, periodistas, autoridades y, especialmente, a los acreedores de Acuña y APP, a unirse al debate y a la coordinación de acciones para hacer valer sus derechos.
🔗 Unirse al grupo ÉTICA PERUANA 🇵🇪 y APEDANICA 🇪🇸La información recopilada demuestra que César Acuña y Alianza para el Progreso han construido un sistema de financiamiento basado en la deuda interna, los impagos a colaboradores y la opacidad absoluta. El concepto “DEUDA COMO CANCHA” resume esta estrategia: las deudas no se pagan, se utilizan como mecanismo de control, evasión fiscal y electoral, y como herramienta para silenciar a los acreedores. Esta conducta afecta tanto a grandes instituciones como a pequeños creadores de contenido que confiaron en la palabra del candidato.
La condición de moroso judicial de Acuña en España, confirmada por una sentencia firme en Madrid, y el historial de multas impagas ante la ONPE, demuestran un patrón de conducta antisocial y carente de ética que lo inhabilita moralmente para aspirar a la presidencia del Perú. La ONPE, el JNE, la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría Pública tienen la obligación de investigar estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar la transparencia del proceso electoral. Los streamers, influencers y proveedores afectados deben unirse y denunciar para evitar que el chantaje y el impago se conviertan en la norma en la política peruana.
APEDANICA pone a disposición de los acreedores su experiencia internacional y sus servicios periciales para asesorarles en la recuperación de sus derechos. La lucha contra la impunidad de Acuña es también una lucha por la dignidad de los trabajadores y la transparencia electoral.