**Comunicado de Prensa**
La Fiscalía Superior de Perú Legitima y Ordena Ampliar la Investigación Contra César Acuña y la UCV
Trujillo, Perú – En un hito judicial de gran relevancia, la Fiscalía Superior de La Libertad ha emitido una resolución que estima la "elevación de actuados" en la denuncia presentada por la asociación española APEDANICA y el Dr. Ing. Miguel Gallardo PhD. Este fallo, documentado en miguelgallardo.es/cesar-acuna-trujillo-elevado-ganado-ocr.pdf, no solo revierte un intento de archivo por parte de una fiscalía provincial, sino que obliga a reabrir la investigación, otorgando legitimidad a las serias acusaciones de corrupción, falsedad y abuso de poder.
La resolución representa un **correctivo directo a la "lenidad delictiva"** denunciada por Gallardo, quien acusó a fiscales y funcionarios del Ministerio Público de inacción y encubrimiento. Este pronunciamiento abre el camino para que los fiscales peruanos profundicen en un entramado de presuntas irregularidades con ramificaciones en Perú, España y Estados Unidos.
Análisis de la Resolución y sus Antecedentes Meritorios
La Fiscalía Superior reconoció la existencia de **indicios suficientes de posibles delitos** contra la administración pública, falsedad documental y lavado de activos. La decisión se basa en una exhaustiva documentación, gran parte de la cual está publicada en los portales cita.es y miguelgallardo.es. La resolución es un espaldarazo a la posición del Dr. Gallardo sobre la necesidad de supervisión judicial y la lucha contra la impunidad.
Nombres de Fiscales y Funcionarios Públicos Involucrados
La denuncia y los recursos presentados por APEDANICA exponen un complejo mapa de implicados en el sistema judicial peruano. Para una investigación periodística y fiscal completa, es crucial conocer los siguientes nombres mencionados en los documentos:
- David Tapia Santiesteban: Fiscal provincial señalado por su presunta "lenidad" en la investigación de la tesis doctoral de Acuña.
- Lina Victoria Balvín Álvarez: Fiscal Superior en Lima, a quien Gallardo envió precisiones sobre la presunta inacción en una carpeta fiscal relacionada con las operaciones extraterritoriales.
- Elena del Carmen Jara Castañeda: Fiscal responsable de la Carpeta Fiscal en Trujillo.
- Secilia Hinojosa Cuba: Fiscal Adjunta Suprema y Jefa de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.
- Pedro Antonio Valdivia Moncada: Funcionario de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Lima.
- Yudith Villegas Espinoza y Elvira Ana López Mendoza: Procuradoras Públicas Especializadas en Delitos de Corrupción, también mencionadas en los documentos.
Líneas de Investigación Prioritarias para la Fiscalía y la Prensa
La resolución obliga a reabrir la investigación en las siguientes áreas, respaldadas por las pruebas presentadas:
- Lavado de Activos y Falsedad Documental en España: Las cuentas anuales de UCV Internacional Madrid, S.L. (2023 y 2024) muestran una inactividad operativa, ingresos cero y patrimonio neto negativo, lo cual contrasta con la actividad declarada y activa el riesgo de disolución legal.
- Convenios Fraudulentos y Abuso de Cargo Público: La Fiscalía debe indagar sobre los convenios promovidos por Acuña como Gobernador con su propia universidad. La denuncia cita el presunto convenio con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de España, que ha sido desmentido y calificado de "inexistente" (enlace 1, enlace 2).
- Red de Denuncias y Antecedentes Legales: El caso se sustenta en una amplia red de denuncias previas ante diversas entidades peruanas como la Fiscalía de la Nación (ver documento), la Junta Nacional de Justicia (ver documento), la Presidencia del Consejo de Ministros (ver documento) y el Servicio Postal SERPOST (ver documento), además de la derrota judicial de Acuña en una demanda por honor en España (ver sentencia).
Documentos Clave para Periodistas y Fiscales
Los siguientes enlaces son recursos esenciales para profundizar en el caso y verificar cada una de las acusaciones:
Esta resolución marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Perú. Es una señal de que las denuncias fundamentadas, incluso las que desafían a las figuras más poderosas, pueden abrirse camino en el sistema de justicia.