Criminalista

Perito criminalista Miguel A. Gallardo, ingeniero criptólogo informático criminólogo
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Tel.: 902998352, Móvil: 619776475 (atención permanente), E-mail: miguel@cita.es

¿Por qué soy criminalista y perito criminalista?

Por vocación y por formación, al ser ingeniero y criminólogo, creo que estoy en condiciones de analizar y sintetizar problemáticas probatorias con rigor pericial para juzgados y tribunales, incluso cuando ponen dificultades y argumentan pretextos disuasivos o pericialmente desmotivadores los abogados fiscales jueces y magistrados. He leído con auténtico interés la Lógica de las pruebas en materia criminal de Nicola Fraimarino de Malatesta y creo que hay demasiada prueba diabólica de hechos negativos porque todos llevamos un pequeño Torquemada que nos tienta a acusar inquisitorialmente. Soy muy crítico hacia la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (sí, sí, aunque parezca increíble, actualmente la prueba criminalística en España se regula por una parcheadísima y enrevesada normativa de 1882). Pero es la que es, y hay que conocerla bien para hacer valer derechos probatorios en instrucciones judiciales, en ocasiones, estando dispuesto a recurrir desde la primera denegación de prueba. Copio aquí los artículos más relevantes:

CAPÍTULO VII. DEL INFORME PERICIAL.
Artículo 456.
El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos.

Artículo 457.
Los peritos pueden ser o no titulares.
Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración.
Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

Artículo 458.
El Juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título.

Artículo 459.
Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos.
Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario.

Artículo 460.
El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les será entregado por alguacil o portero del Juzgado, con las formalidades prevenidas para la citación de los testigos, reemplazándose la cédula original, para los efectos del artículo 175, por un atestado que extenderá el alguacil o portero encargado de la entrega.

Artículo 461.
Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente de orden del Juez, haciéndolo constar así en los autos; pero extendiendo siempre el atestado prevenido en el artículo anterior el encargado del cumplimiento de la orden de llamamiento.

Artículo 462.
Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un servicio pericial, si no estuviere legítimamente impedido.
En este caso deberá ponerlo en conocimiento del Juez en el acto de recibir el nombramiento, para que se provea a lo que haya lugar.

Artículo 463.
El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del Juez o se niegue a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el artículo 420.

Artículo 464.
No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera que sea la persona ofendida, los que según el artículo 416 no están Obligados a declarar como testigos.
El perito que, hallándose comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, preste el informe sin poner antes esa circunstancia en conocimiento del Juez que le hubiese nombrado incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, a no ser que el hecho diere lugar a responsabilidad criminal.

Artículo 465.
Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, por la Provincia o por el Municipio.

Artículo 466.
Hecho el nombramiento de peritos, se notificará inmediatamente así al actor particular, si lo hubiere, como al procesado, si estuviere a disposición del Juez o se encontrare en el mismo lugar de la instrucción, o a su representante si lo tuviere.

Artículo 467.
Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el juicio oral, los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes.
Si no pudiere reproducirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación.

Artículo 468.
Son causa de recusación de los peritos:
El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo.
El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.
La amistad íntima o enemistad manifiesta.

Artículo 469.
El actor o el procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por el Juez deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusación y la prueba testifical que ofrezca, y acompañando la documental o designando el lugar en que ésta se halle si no la tuviere a su disposición.
Para la presentación de este escrito no estará obligado a valerse de Procurador.

Artículo 470.
El Juez, sin levantar mano, examinará los documentos que produzca el recusante y oirá a los testigos que presente en el acto, resolviendo lo que estime justo respecto de la recusación.
Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario para nombrar el perito que haya de sustituir al recusado hacérselo saber y constituirse el nombrado en el lugar correspondiente.
Si no la admitiere, se procederá como si no se hubiese usado de la facultad de recusar.
Cuando el recusante no produjese los documentos, pero designare el archivo o lugar en que se encuentren, el Juez instructor los reclamará y examinará una vez recibidos sin detener por esto el curso de las actuaciones; y si de ellos resultase justificada la causa de la recusación, anulará el informe pericial que se hubiese dado, mandando que se practique de nuevo esta diligencia.

Artículo 471.
En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial.
El mismo derecho tendrá el procesado.
Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente de acuerdo entre sí para hacer el nombramiento.
Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin titulo.
Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella.

Artículo 472.
Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo anterior, manifestarán al Juez el nombre del perito y ofrecerán al hacer esta manifestación los comprobantes de tener la cualidad de tal perito la persona designada.
En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de empezada la operación de reconocimiento.

Artículo 473.
El Juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en forma determinada en el artículo 470 para las recusaciones.

Artículo 474.
Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los nombrados por el Juez como los que lo hubieren sido por las partes, prestarán juramento, conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad.

Artículo 475.
El Juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su informe.

Artículo 476.
Al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante, si lo hubiere, con su representación, y el procesado con la suya, aun cuando estuviere preso, en cuyo caso adoptará el Juez las precauciones oportunas.

Artículo 477.
El acto pericial será presidido por el Juez instructor o, en virtud: de su delegación, por el Juez municipal. Podrá también delegar, en el caso del artículo 353, en un funcionario de Policía judicial.
Asistirá siempre el Secretario que actúe en la causa.

Artículo 478.
El informe pericial comprenderá, si fuere posible:
Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del modo en que se halle.
El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes.
Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.
Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.

Artículo 479.
Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos en poder del Juez, para que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis.

Artículo 480.
Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán someter a los peritos las observaciones que estimen convenientes, haciéndose constar todas en la diligencia.

Artículo 481.
Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieren, retirarse por el tiempo absolutamente preciso al sitio que el Juez les señale para deliberar y redactar las conclusiones.

Artículo 482.
Si los peritos necesitaren descanso, el Juez o el funcionario que le represente podrá concederles para ello el tiempo necesario.
También podrá suspender la diligencia hasta otra hora u otro día, cuando lo exigiere su naturaleza.
En este caso, el Juez o quien lo represente adoptará las precauciones convenientes para evitar cualquier alteración en la materia de la diligencia pericial.

Artículo 483.
El Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias.
Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe.

Artículo 484.
Si los peritos estuvieren discordes y su número fuere par, nombrará otro el Juez.
Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere posible, las operaciones que hubiesen practicado aquéllos, y se ejecutarán las demás que parecieren oportunas.
Si no fuere posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras nuevas, la intervención del perito últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás, con vista a las diligencias de reconocimiento practicadas, y a formular luego con quien estuviere conforme, o separadamente si no lo estuviere con ninguno, sus conclusiones motivadas.

Artículo 485.
El Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia que les encomiende, reclamándolos de la Administración pública, o dirigiendo a la Autoridad correspondiente un aviso previo si existieren preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto especialmente en el artículo 362.

Este confuso articulado obliga a considerar en su contexto también lo siguiente:

Artículo 356.
Las operaciones de análisis químico que exijan la sustanciación de los procesos criminales, se practicarán por Doctores en Medicina, en Farmacia, en Ciencias Fisicoquímicas o por Ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química. Si no hubiere Doctores en aquellas Ciencias, podrán ser nombrados Licenciados que tengan los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones.
Los Jueces de instrucción designarán, entre los comprendidos en el párrafo anterior, los peritos que han de hacer el análisis de las sustancias que en cada caso exija la administración de justicia.
Cuando en el partido judicial donde se instruya el proceso no haya ninguno de los peritos a quienes se refiere el párrafo primero, o estén imposibilitados legal o físicamente de practicar el análisis los que en aquél residieren, el Juez instructor lo pondrá en conocimiento del Presidente de la Sala o Audiencia de lo Criminal, y éste nombrará el perito o peritos que hayan de practicar dicho servicio entre las personas que designa el párrafo primero domiciliadas en el territorio. Al mismo tiempo comunicará el nombramiento de peritos al Juez instructor para que ponga a su disposición, con las debidas precauciones y formalidades, las sustancias que hayan de ser analizadas.
El procesado o procesados tendrán derecho a nombrar un perito que concurra con los designados por el Juez.

Artículo 357.
Los indicados Profesores prestarán este servicio en el concepto de peritos titulares, y no podrán negarse a efectuarlo sin justa causa, siéndoles aplicable en otro caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 346.

Artículo 358.
Cada uno de los citados Profesores que informe como perito en virtud de orden judicial, percibirá por sus honorarios e indemnización de los gastos que el desempeño de este servicio le ocasione, la cantidad que se fije en los reglamentos, no estando obligado a trabajar más de tres horas por día, excepto en casos urgentes o extraordinarios, lo que se hará constar en los autos.

Artículo 359.
Concluido el análisis y firmada la declaración correspondiente, los Profesores pasarán al Juez instructor o al Presidente de la Sala o Audiencia de lo Criminal en su caso una nota firmada de los objetos o sustancias analizadas y de los honorarios que les correspondan a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.
El Juzgado dirigirá esta nota con las observaciones que crea justas, al Presidente de la Audiencia de lo Criminal, quien la cursará elevándola al Ministerio de Gracia y Justicia, a no encontrar excesivo el número de horas que se supongan empleadas en cualquier análisis, en cuyo caso acordará que informen tres coprofesores del que lo haya verificado; y en vista de su dictamen, confirmará o rebajará los honorarios reclamados a lo que fuere justo, remitiendo todo con su informe, al expresado Ministerio.
Otro tanto hará el presidente de la Audiencia cuando el análisis se hubiere practicado durante el juicio oral.

Artículo 360.
El Ministro de Gracia y Justicia, si conceptuare excesivos los honorarios, podrá también, antes de decretar su pago, pedir informe, y en su caso, nueva tasación de los mismos a la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; y en vista de lo que esta Corporación expusiere o de la nueva tasación que practicare, se confirmarán los honorarios o se reducirán a lo que resultare justo, decretándose su pago.

Artículo 361.
Para verificar éste se incluirá por el Ministerio de Gracia y Justicia en los presupuestos de cada año la cantidad que se conceptúe necesaria.

Artículo 362.
Los Profesores mencionados no podrán reclamar otros honorarios que los anteriormente fijados por virtud de este servicio, ni exigir que el Juez o Tribunal les facilite los medios materiales de laboratorio o reactivos, ni tampoco auxiliares subalternos para llenar su cometido.
Cuando por falta de peritos, laboratorios o reactivos no es posible practicar el análisis en la circunscripción de la Audiencia de lo Criminal, se practicará en la capital de la provincia, y en último extremo en la del Reino.

Artículo 363.
Los Juzgados y Tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los casos en que se consideren absolutamente indispensables para la necesaria investigación judicial y la recta administración de justicia.
Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Desde la perspectiva de las garantías fundamentales del derecho a un juicio justo consagradas en el artículo 24 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa es una de las más destacadas. Por otra parte, en los Textos Internacionales suscritos por España e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía de ratificación, tanto el artículo 6.3 d) del Convenio de Roma, para la Protección de los Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 ( RCL 1979, 2421) , como el artículo 14.3 e) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966 ( RCL 1977, 893) , proclaman que toda persona acusada de un hecho delictivo tiene derecho a valerse de toda clase de pruebas de descargo y a contradecir las de cargo.

El derecho a utilizar los medios de prueba, por tanto, tiene rango constitucional en nuestro derecho, pero no es un derecho absoluto. Ya la propia Constitución se refiere a los medios de prueba pertinentes, de manera que tal derecho de las partes no desapodera al Tribunal de su facultad de admitir las pruebas pertinentes rechazando las demás.

Este marco legislativo reseñado ha venido siendo matizado por la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo estableciendo dos grupos de requisitos para el ejercicio de tal derecho: requisitos formales y requisitos materiales o de fondo. Entre los primeros, se señalan:

1º) Que la diligencia probatoria sea solicitada por la parte en tiempo y forma de conformidad con las reglas especificas para cada clase de proceso.

2º) Que tal prueba hubiese sido declarada pertinente por el Tribunal y en consecuencia programada procesalmente.

3º) Que ante la decisión de prescindir de la prueba, se hubiese dejado constancia formal de la protesta, en momento procesal oportuno, con el adecuado reflejo en el acta.

4º) Que si se trata de prueba testifical, han de hacerse constar las preguntas, siquiera sea de modo sucinto, que quien la propone pretendía dirigir al testigo, consignando los extremos de dicho interrogatorio, con la finalidad de que pueda valorarse la trascendencia de la prueba propuesta.

Entre los requisitos materiales o de fondo, se destacan:

1. Que la prueba sea necesaria en el doble sentido de su relevancia y su no redundancia es decir, que tenga utilidad para los intereses de quien la propone, de modo que su omisión le cause indefensión.

2. Que sea relevante, de forma que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del Fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone.

En parecidos términos se pronuncia el Tribunal Constitucional, cuando con reiteración afirma que el derecho a la prueba está delimitado por cuatro consideraciones:

a) Que la prueba sea pertinente, entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el «thema decidendi», pues sólo a ella se refiere el art. 24.2 de nuestra Constitución. Este derecho «no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes»; por otra parte, «corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase».

b) Que dada su configuración legal, es preciso que la parte la haya propuesto de acuerdo con las previsiones de la Ley procesal, es decir, en tiempo oportuno y de forma legal.

c) Desde la perspectiva del Tribunal sentenciador, que éste la haya desestimado.

d) Al tratarse el derecho a la prueba de un derecho medial/procedimental, que se acredite que tal denegación ha podido tener una influencia en el fallo, porque podría haberse variado, y es esta aptitud de la prueba denegada en relación al fondo del asunto, lo que da lugar a la indefensión que prescribe la Constitución, indefensión que debe ser material y no simplemente formal, o, lo que es lo mismo, que sea «decisiva en términos de defensa» (en el mismo sentido más recientemente STC 3/2004, de 14 de enero [ RTC 2004, 3] ).

En dicha sentencia puede leerse lo siguiente:

El punto de partida para nuestra decisión ha de ser nuestra tradicional doctrina sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa para posteriormente analizar si, como consecuencia de la decisión del órgano judicial, se vulneró además el derecho a la tutela judicial efectiva al desestimar la demanda con base en la falta de prueba de los hechos que se trataba de acreditar.

Con respecto al primero, hemos afirmado que el contenido esencial de este derecho fundamental se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso (por todas, STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3) Entre los rasgos caracterizadores de este derecho fundamental y de su protección constitucional son esenciales, en lo que aquí interesa, los siguientes: a) Es un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador (STC 173/2000, de 26 de junio, FJ 3), en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional (STC 33/2000, de 14 de febrero, FJ 2); b) Este derecho no tiene, en todo caso, carácter absoluto o, expresado en otros términos, “no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas” (STC 19/2001, de 29 de enero, FJ 4; en el mismo sentido, por todas, STC 96/2000, de 10 de abril, FJ 2); c) No obstante el órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho en caso de denegación o inejecución —imputables al órgano judicial—, cuando se inadmiten pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2, y 70/2002, de 3 de abril, FJ 5, por todas); d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión constitucionalmente relevante pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa (por todas, STC 133/2003, de 30 de junio, FJ 3) de modo que de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta (STC 19/2001, de 29 de enero, FJ 4).

Desde mi primera experiencia pericial, en 1989, he tenido curiosidad por el derecho procesal que afecta a la defensa de cualquier acusado y mi conclusión es clara. El derecho a la prueba existe, pero hay que estar decidido a ejercerlo y dispuesto a recurrir hasta agotar todas las posibilidades procesales. Por este motivo, no me gustan trabajar como perito con un abogado perezoso o titubeante, y me fastidia mucho que cuestionen el derecho de su cliente a probar pericialmente lo que quiera, en lugar de defender activamente ese derecho. Creo que la manera y la eficacia con la que los abogados proponen y apoyan a su perito judicial evidencia su calidad mucho más que cualquier palabrería. Sería interesante hacer una encuesta entre peritos judiciales sobre los valores y defectos de los mejores y los peores abogados, vistos por cada perito.

Como criminalista, los casos más difíciles, que al mismo tiempo, son los que más cambian cuando intervengo, incluyen grabaciones, autograbaciones escuchas transcripciones e intervenciones telefónicas. Un buen ejemplo de mis trabajos periciales en este sentido puede verse en http://www.cita.es/fonogramas y especialmente en el caso real de http://www.cita.es/fonogramas/peritaje.pdf

Mi empresa www.cita.es desde su constitución en 1996 se dedica a l PUEBA PERICIAL, INFORMES, DICTÁMENES, PERITAJES, CONTRAPERITAJES Y METAPERITAJES, que actualmente investiga curiosamente en SEGURIDAD, PROSPECTIVA, COMPETENCIA DESLEAL REGALOSCOPIA de REGALOS con COHECHO y PERICIALMENTE en metaabogacía o a los abogados de abogados y yo me considero soy perito judicial ingeniero criminólogo y perito criminólogo reconstructor informático criptólogo mediador y agente comercial y siempre estoy dispuesto a compartir experiencias con otros agentes comerciales peritos judiciales peritos reconstructores ingenieros informáticos criminólogos criminalistas

En mi opinión, los crímenes más difíciles de investigar son los que se perpetran desde el Poder, y especialmente, desde la Administración de Justicia. Los funcionarios delincuentes me parecen más repugnantes, incluso, que los grandes empresarios que compran voluntades. Por ese motivo mantengo publicadas las siguientes páginas sobre crímenes en la Administración Pública
http://www.cita.es/negociaciones/prohibidas
http://www.cita.es/trafico/de/influencias
http://www.cita.es/prevaricacion
http://www.cita.es/malversacion
http://www.cita.es/cohecho

Y de todos los funcionarios que puedan delinquir, los más repugnantes son los policías delincuentes. A ellos he dedicado muchas horas de estudio crítico, como puede verse en http://www.cita.es/policial

Mi trabajo sobre Policiología y Metapoliciología para conseguir mi Diploma de Estudios Avanzados en Éticas Aplicadas está publicado en http://www.miguelgallardo.es/policiologia.doc

Mis clientes, o los de mi empresa en www.cita.es son únicos. Nunca he tenido dos clientes que se parecieran entre sí. Me conocen muchos abogados, pero cada abogado es diferente. Y cada caso es distinto. Profesionalmente me encuentro con muchas situaciones nuevas frecuentemente, casi sin precedentes ni criterios o normas aplicables. Son auténticos desafíos para mí, y para los que confían en mí. En esas situaciones nuevas intento aplicar las teorías de la racionalidad práctica que estudié en la Facultad de Filosofía. Y también procuro que, cuando me equivoco, el error no se vuelva a repetir, al menos, cuando sólo depende de mí el que no se repita.

Actualmente estoy librando una batalla dialéctica con polígrafos y polígrafos (no son la misma página porque están en distintos dominios) participando como crítico en médios de comunicación del polígrafo poligrafistas pero también me importan, y mucho, los aspectos criminológicos de daños estafas testimonio corrupciones tráfico de influencias negociaciones prohibidas cohecho malversación prevaricación suicidio sicarios asesinato homicidio amenazas usurpaciones mentiras falacias secretos intimidad autograbaciones escuchas transcripciones telecanalladas contraespionaje criptología riesgo hechos relevantes accidentes puntos negros aquaplaning hielo suicidios y desaparecidos

Lamentablemente, las relaciones entre criminólogos, al menos para mí, siempre han sido muy difíciles. Participé enla constitución y primera Junta Directiva de la Asociación Española de Criminólogos (AEC), pero me temo que la situación de la AEC es catatónica e irrecuperable, al menos, tal como la concebimos en 1994. Me remito a http://www.cita.es/AEC

Por razones profesionales, recomiendo leer especialmente http://www.cita.es/criminalista

Perito criminalista Miguel A. Gallardo, criminalista ingeniero criptólogo informático
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Tel.: 902998352, Móvil: 619776475 (atención permanente), E-mail: miguel@cita.es
Miguel Gallardo