@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO
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DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Contra el Fiscal Juan Hernández Villalba por presuntas infracciones disciplinarias graves o muy graves

I. Objeto de la denuncia

El presente documento tiene por objeto formular denuncia disciplinaria ante la Inspección de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Fiscal D. Juan Hernández Villalba, autor del escrito obrante en: https://miguelgallardo.es/denuncia-aepd-penal-reforma-fiscal-ocr.pdf , por posibles infracciones del Reglamento del Ministerio Fiscal, aprobado por el Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo (BOE-A-2022-7184).

II. Marco normativo aplicable

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece, entre otros, los siguientes principios y deberes esenciales:

Actuación conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y diligencia profesional.
Deber de motivación suficiente y razonada de los informes y dictámenes.
Prohibición de actuaciones arbitrarias o meramente formularias.
Responsabilidad disciplinaria por negligencia grave o ignorancia inexcusable.

Asimismo, se invoca expresamente el artículo 38 de la Ley 2/2023, que ampara el derecho a comunicar y hacer públicas irregularidades cuando concurren indicios razonables de afectación al interés general.

III. Hechos relevantes omitidos o insuficientemente analizados por el Fiscal denunciado

1. Ausencia absoluta de investigación por la AEPD

El escrito del Fiscal Hernández Villalba acepta sin contraste la conclusión de la AEPD, pese a constar documentalmente que dicha autoridad:

No requirió registros de acceso (logs) a datos sanitarios.
No identificó a los funcionarios con acceso efectivo.
No verificó incompatibilidades funcionales.
No realizó requerimiento alguno a la Comunidad de Madrid.

Esta ausencia de actividad investigadora es un hecho objetivo y verificable, que el fiscal no valora ni menciona, limitándose a reproducir doctrina jurisprudencial genérica.

2. Bloqueo de derechos fundamentales del heredero forzoso

Se ignora completamente que la AEPD, como autoridad exclusiva, ha impedido de forma reiterada y definitiva al hijo y heredero forzoso el acceso a los datos sanitarios de su madre fallecida en 2018, sin vía administrativa alternativa.

Esta situación plantea un serio conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva, que el fiscal elude mediante una remisión abstracta a la jurisdicción contenciosa.

3. Posible encubrimiento institucional y lenidad administrativa

El fiscal no analiza indicios contextuales de trato favorable de la AEPD hacia la Comunidad de Madrid, ni la anonimización sistemática de funcionarios, ni la posible omisión del deber de perseguir infracciones graves.

IV. Funcionarios públicos presuntamente implicados

Juan Hernández Villalba, Fiscal firmante del escrito denunciado.
Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la AEPD.
Otros responsables de la AEPD cuya identidad ha sido ocultada mediante anonimización.

V. Agravantes específicos concurrentes en la actuación del fiscal denunciado

Concurre una circunstancia agravante relevante:

El Fiscal Juan Hernández Villalba es coautor, junto con Antonio Ruiz-Risueño Riera, del libro divulgativo “What the FAQ es un fiscal?” (2024), presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo objeto es explicar al ciudadano el funcionamiento del Ministerio Fiscal.
Ha ejercido labores de docencia y tutoría en la formación inicial de la carrera fiscal a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

Esta proyección pública y docente refuerza el deber de especial diligencia, coherencia y ejemplaridad, que podría haberse visto comprometido.

VI. Análisis comparado con informes previos publicados

Este escrito integra y amplía críticamente los análisis publicados en:

El presente documento profundiza más allá de dichos análisis, estructurando los indicios conforme al régimen disciplinario fiscal y al RD 305/2022.

VII. Solicitud a la Inspección Fiscal

Se solicita a la Inspección de la Fiscalía General del Estado que:

Admita esta denuncia.
Examine el escrito denunciado y su adecuación al Reglamento del Ministerio Fiscal.
Valore la existencia de negligencia grave, omisiones relevantes o ignorancia inexcusable.
Determine si existe una pauta o modus operandi lesiva para los derechos del denunciante.

Todo ello sin perjuicio ni renuncia de cualesquiera otras acciones judiciales, administrativas o constitucionales que pudieran corresponder.