El presente informe constituye un análisis pericial y forense del documento adamuz-informe-ciaf.pdf, elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y anexado a las diligencias de la Guardia Civil (atestado NIG: 1404341220262000010, DP.36/2026). El análisis se centra en la detección de patrones, anomalías y características lingüísticas, estilísticas, de formato y de coherencia interna que resultan propias de la generación automática de texto mediante sistemas de Inteligencia Artificial (IA), concretamente modelos de lenguaje grande (LLM).
El objetivo no es emitir un juicio de valor sobre la legitimidad del uso de la IA –el documento es de carácter preliminar y, en principio, no tiene consecuencias perjudiciales para terceros– sino identificar y describir indicios objetivos que permitan determinar la posible intervención de sistemas de IA en su redacción o estructura. Se aplican para ello criterios de análisis forense documental, comparando el texto del informe con corpus generados por IA conocidos y con manuales de estilo de la Administración, todo ello en el marco de la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el uso de la IA en el ámbito jurisdiccional y de los trabajos del Dr. Miguel Gallardo sobre auditoría algorítmica.
El informe de la CIAF fue remitido a la autoridad judicial el 21 de abril de 2026, y forma parte de las diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción de Montoro. El documento analiza la secuencia espacio‑temporal del accidente, estableciendo como causa del descarrilamiento y posterior colisión la rotura de un carril en el punto kilométrico 318.681. Sin embargo, el análisis detallado de su contenido revela una serie de irregularidades que apuntan a la intervención de sistemas de IA en su redacción, probablemente sin la debida supervisión humana.
El Dr. Miguel Gallardo, en su condición de perito judicial especialista en informática forense y auditoría algorítmica, ha desarrollado precedentes relevantes en este ámbito, entre los que destacan:
Estos trabajos se basan en la Instrucción 2/2026 del CGPJ, de 28 de enero de 2026, que fija criterios, pautas de uso y principios para la utilización de sistemas de IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, y que prohíbe la sustitución del juez en la toma de decisiones[reference:0][reference:1]. La instrucción establece un marco de transparencia y responsabilidad que resulta igualmente aplicable a los informes técnicos generados por comisiones de investigación dependientes de la Administración.
El informe presenta una uniformidad léxica y sintáctica inusual en documentos técnicos elaborados por humanos, especialmente en el contexto de una investigación de urgencia. Las frases son invariables en estructura y tono a lo largo de las 38 páginas, sin apenas variaciones estilísticas entre las secciones de introducción, desarrollo de eventos y conclusiones. Esta homogeneidad es característica de los LLM, entrenados para eliminar sesgos y producir un lenguaje "neutral" que carece de las idiosincrasias propias de un redactor humano (cambios de ritmo, uso de sinónimos, referencias a conocimientos tácitos o a experiencias personales del equipo investigador).
El texto adolece de una redundancia terminológica muy marcada. Expresiones como "se ha establecido como punto de referencia el momento en el que el Eje 1 del tren Iryo ocupa el CV 667" se repiten casi idénticas en múltiples parágrafos, variando únicamente los números de los ejes y los puntos kilométricos (PK). Los LLM, al procesar datos estructurados como los que provienen de sistemas de enclavamiento, RJU y telemetría, tienden a reciclar plantillas sintácticas en lugar de variar la redacción.
Por ejemplo, el informe enumera decenas de eventos con la misma estructura: "<HORA> Monitoring Off-Line (SAM-E-L): Número de Elemento: <NÚMERO>. <ELEMENTO>. Estado: <ESTADO>. El tren <TREN> <ACCIÓN>". La falta de variación en la redacción de cada uno de estos eventos es incompatible con la redacción manual, en la que un técnico humano tendería a abreviar, a sintetizar o a destacar unos eventos sobre otros en función de su relevancia.
El texto carece de giros coloquiales, de expresiones que denoten la experiencia directa de los técnicos de la CIAF o de los agentes de la Guardia Civil. Frases como "según nuestra experiencia", "cabe destacar", "cabe señalar", "es importante resaltar" –muy habituales en informes humanos– brillan por su ausencia. El texto fluye como una enumeración casi automática de eventos, con escasa elaboración argumentativa y sin que se aprecien inferencias o razonamientos más allá de la mera transcripción de los datos crudos.
El informe presenta errores internos que delatan una falta de comprensión semántica por parte del redactor. El más evidente se produce en los puntos kilométricos de la colisión:
La diferencia entre ambos PK es de 460 metros. Dado que los trenes circulaban a velocidades superiores a 150 km/h (unos 42 m/s), 460 metros equivalen a unos 11 segundos de recorrido, lo cual es físicamente imposible en la cronología del accidente. Un técnico humano habría detectado y corregido esta discrepancia durante la revisión del borrador. La IA, al carecer de verdadera comprensión del espacio, el tiempo y la física del movimiento, ha transcrito los datos de forma acrítica, sin verificar su coherencia.
El informe indica que el JRU del tren Alvia dejó de registrar datos a las 19:43:42. No obstante, más adelante (evento 17, página 37) afirma que a las 19:43:43 el tren Alvia deja libre el CV 613, basándose en datos del enclavamiento. La IA no ha sido capaz de advertir que esta información procede de una fuente no verificable (los datos del enclavamiento son proporcionados por ADIF y no se ha podido contrastar su integridad) y la ha incorporado como si fuera un dato objetivo, sin la necesaria nota de precaución.
En la página 20, al describir el cierre de la señal S613, el texto afirma que la señal pasa de "lucir blanco (Vía Libre en BCA) a Rojo (Parada)". La nomenclatura "BCA" (Bloqueo de Control Automático) es un sistema de bloqueo ferroviario, no un estado de una señal luminosa lateral. En la señalización ferroviaria española de alta velocidad, la terminología correcta para el sistema de señalización en cabina (LZB) y para el sistema de clases de balizas (EUROBALISE) es "BAU" (Baja, Alta, Uso) No existe una indicación "Vía Libre en BCA" en una señal lateral como la S613. La equivalencia correcta habría sido "lucir blanco (Vía Libre) a Rojo (Parada)".
Este error conceptual es típico de una IA que ha "alucinado" una sigla plausible a partir de la documentación técnica disponible en su entrenamiento (probablemente textos en inglés o de sistemas extranjeros). Ningún especialista en señalización ferroviaria cometería este error, y mucho menos un equipo humano de la CIAF.
Es importante señalar que el acrónimo "BCA" existe en el ámbito ferroviario para referirse al Bloqueo de Control Automático, un sistema de señalización en cabina[reference:2][reference:3][reference:4], pero no es un estado luminoso de una señal lateral. El redactor (o la IA) ha confundido un sistema de bloqueo con una indicación de una señal, un error garrafal que delata un profundo desconocimiento de la materia.
Las menciones a siglas como "LZB", "CV", "JRU" no siempre aparecen correctamente marcadas, y las escasas comillas que aparecen no responden a un patrón coherente. Esto es propio de textos generados por IA que no comprenden el contexto de uso de las cursivas o que mezclan formatos de distintas fuentes de entrenamiento.
El informe no detalla cómo se han integrado las múltiples fuentes de datos (JRU, vídeos, enclavamientos, telemando, LIDAR), ni cómo se han resuelto las contradicciones evidentes entre ellas (como los desfases horarios de hasta 2 minutos y 22 segundos). Esta omisión es frecuente en los LLM, que tienden a obviar la justificación del proceso analítico, algo que un técnico humano sí incluiría para dotar de credibilidad al informe.
Las tablas no siguen una numeración correlativa ni se citan adecuadamente en el texto. La Tabla 1 aparece en la página 6 sin que el texto principal haga referencia expresa a ella en el lugar adecuado. Esto indica que la IA habría generado la tabla y luego no habría completado el enlace en el texto, o bien habría extraído la tabla de otra fuente y la habría insertado sin integrarla correctamente en la narrativa. Además, varias figuras no aparecen (por ejemplo, las figuras 3 y 4 no se muestran en el texto), lo que sugiere que el proceso de generación fue automático y no se verificó la correcta inclusión de todos los elementos gráficos.
Se afirma que existe un "margen de error de hasta un segundo" en las horas y "hasta 70 metros" en los PK, sin ofrecer ningún cálculo, justificación o análisis de sensibilidad que respalde estos valores. Es una declaración genérica que cualquier técnico humano habría fundamentado (por ejemplo: "dada la frecuencia de muestreo de los RJU, la incertidumbre en la medida del tiempo es de ±1 segundo, y aplicando la velocidad máxima de los trenes, la incertidumbre espacial resultante es de ±70 metros"). La IA carece de la capacidad para realizar este análisis de propagación de errores y se limita a incluir una frase hecha que suena plausible.
No se utilizan notas al pie para aclarar conceptos o fuentes, a pesar de la complejidad técnica de los sistemas mencionados (LZB, Hasler Rail, JRU, telemando). Los LLM rara vez generan notas al pie, ya que sus datos de entrenamiento suelen carecer de dicho formato, o bien porque el propio modelo no está diseñado para manejar anotaciones complejas.
Aunque el informe fue remitido al Juzgado por la Guardia Civil, no ha sido elaborado por este Cuerpo. La Guardia Civil se limitó a anexar el documento a sus diligencias, tal como se desprende de la propia diligencia firmada por el Instructor (TIP: C54371M) y del oficio de remisión en el que se indica textualmente: "Adjunto remito documento (pdf), remitido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)". Esto es crucial para la atribución de responsabilidades.
La Guardia Civil tiene una metodología de informe consolidada y manuales de estilo conocidos y probados en miles de atestados. Las anomalías aquí detectadas (errores de concepto en la señalización, ausencia de metodología, márgenes de error sin justificar, el "corta-pega" de tablas sin integrar) no se corresponden con los estándares de calidad habituales de este cuerpo. Es virtualmente imposible que un informe oficial de la Guardia Civil contuviera semejantes errores sin que se hubiera detectado en las revisiones internas.
Por el contrario, la CIAF es una comisión técnica de reciente creación (Ley 2/2024). Su estructura es más reducida y podría haber optado por el uso de herramientas de IA para agilizar la producción de documentos preliminares, con el fin de cumplir con los plazos judiciales. El error de la sigla "BCA" no puede ser atribuido a un experto humano en señalización; solo puede ser generado por una IA que ha procesado documentación técnica sin la supervisión de un especialista. Por tanto, la autoría material del texto es atribuible a un sistema de IA empleado por la CIAF, y no a la Guardia Civil, que se ha limitado a actuar como mera correa de transmisión.
El presente análisis se enmarca en la Instrucción 2/2026 del CGPJ, de 28 de enero de 2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional[reference:5]. Dicha instrucción establece que los sistemas de IA no pueden sustituir al juez en la toma de decisiones[reference:6], y aunque no es directamente vinculante para la CIAF, sí sienta principios generales de transparencia y responsabilidad que deberían extenderse a todas las administraciones públicas y comisiones de investigación, especialmente cuando sus informes se incorporan a un procedimiento judicial con víctimas mortales.
La publicación BOE-A-2026-2205 (Instrucción 2/2026) ha sido objeto de análisis por el Dr. Miguel Gallardo, que ha desarrollado guías para peritos orientadas al análisis de "alucinaciones algorítmicas" y sentencias internacionales sobre IA. Estos protocolos son aplicables al presente caso.
Conclusión 1: El informe de la CIAF sobre el accidente de Adamuz (cita.es/adamuz-informe-ciaf.pdf) presenta indicios sólidos, abundantes y consistentes de haber sido generado con la asistencia de un sistema de Inteligencia Artificial, muy probablemente un modelo de lenguaje grande (LLM) como GPT-4o, Gemini o Grok. Los errores materiales (la discrepancia de 460 metros en el punto de colisión, la alucinación de la sigla "BCA" como estado de una señal lateral) evidencian que no ha existido una revisión técnica humana suficiente por parte de la CIAF antes de su remisión judicial.
Conclusión 2: Aun tratándose de un informe preliminar y, por tanto, sin las consecuencias jurídicas de un informe definitivo, su inclusión en un atestado de la Guardia Civil y su remisión a un Juzgado le otorga una apariencia de oficialidad y veracidad que, a la luz de este análisis, resulta ser muy cuestionable. Este hecho podría vulnerar el principio de buena administración y el derecho de las víctimas a una investigación imparcial y basada en evidencias sólidas.
Recomendación 1: Se recomienda a la CIAF, a la Guardia Civil, al Juzgado de Instrucción de Montoro (DP 63/2026) y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que tomen conocimiento de estas anomalías y que, en lo sucesivo, se establezca un protocolo de auditoría humana obligatorio previo a la publicación de cualquier informe oficial, especialmente aquellos que versen sobre accidentes con víctimas mortales.
Recomendación 2: Se sugiere que la CIAF incluya de forma expresa una declaración sobre el uso de IA en sus documentos, detallando qué herramientas se han empleado y en qué fase del proceso, en línea con las mejores prácticas de transparencia algorítmica defendidas por APEDANICA y por la Instrucción 2/2026 del CGPJ.
Recomendación 3: El Dr. Miguel Gallardo, como perito judicial especialista en informática forense, se ofrece a las autoridades para colaborar en la implementación de estos protocolos de verificación de IA en documentos oficiales, salvaguardando los principios de seguridad jurídica, transparencia y derecho a la tutela judicial efectiva.