Análisis forense de dos campañas de phishing masivo contra la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid
APEDANICA ha analizado íntegramente los dos archivos publicados en las direcciones https://cita.es/burofax-sospechoso.pdf y https://cita.es/burofax-sospechoso-2.pdf. Ambos documentos, recibidos los días 28 y 29 de abril de 2026, constituyen un intento avanzado de phishing con malware de tipo troyano bancario. Se hace pasar por una notificación administrativa de la “Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid”, citando la Ley 39/2015 y el Real Decreto 203/2021 para dar apariencia de veracidad.
El modus operandi coincide plenamente con las campañas masivas documentadas por el INCIBE desde 2020, donde los ciberdelincuentes usan como gancho un supuesto burofax para que la víctima descargue un archivo .zip que compromete la seguridad del equipo. Asimismo, la urgencia del plazo de diez días naturales reproduce el esquema de “presión legal” propio de la ingeniería social. En ambos pdf se repite la misma estructura, con idéntico remitente falso justicia@burofax.comunidad.madrid y el botón “ACCEDER A LA NOTIFICACIÓN”.
justicia@burofax.comunidad.madrid no es un dominio oficial de la Comunidad de Madrid. Los sistemas de notificación electrónica reales (LexNET, sede judicial) nunca utilizan subdominios “burofax.comunidad.madrid”. La técnica de email spoofing permite que el mensaje parezca legítimo pero realmente proviene de una infraestructura criminal.
Además, el INCIBE y la Guardia Civil han detectado en 2026 campañas similares que suplantan a la Agencia Tributaria y a diferentes organismos, confirmando que el “burofax falso” es un vector de ataque recurrente contra ciudadanos y empresas. Los delitos informáticos como el phishing están tipificados en el Código Penal (arts. 248 y ss.) con penas de 1 a 6 años de prisión.
La Comunidad de Madrid tiene la obligación de garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas y de proteger a los ciudadanos frente a la suplantación de su identidad. En abril de 2026, la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso suscribió un acuerdo con el Grupo ING para proteger a los ciudadanos frente al fraude bancario digital. Asimismo, la Comunidad ha creado un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad con IA para blindar los sistemas críticos. Sin embargo, pese a estas inversiones, los mensajes fraudulentos que suplantan a su Administración de Justicia continúan circulando sin que se ofrezca a la ciudadanía un mecanismo ágil de verificación similar al Verificador de Email de Correos. La Presidenta debe coordinar con la Fiscalía una campaña urgente de advertencia y adoptar una solución técnica de autenticación de correos para evitar nuevas víctimas.
El Ministerio de Justicia tiene competencias en materia de ciberseguridad judicial y en el sistema de notificaciones electrónicas LexNET. A pesar de que en 2026 se han detectado múltiples campañas de phishing que suplantan a la Administración de Justicia, no se ha implementado un sistema de verificación pública que permita contrastar la autenticidad de los correos notificados. El Ministro Félix Bolaños es responsable de velar por la confianza digital de los ciudadanos cuando reciben una supuesta comunicación judicial. La ausencia de un canal rápido de consulta (como el que ha puesto en marcha Correos) incrementa la vulnerabilidad de la población ante el fraude. Por ello, desde APEDANICA se exige una actuación inmediata para integrar la entrega controlada digital como herramienta de investigación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La doctrina jurídico-policial define la entrega controlada como la operación que pretende identificar al destinatario o receptor de un envío bajo vigilancia, normalmente utilizado en la lucha contra el narcotráfico. APEDANICA propone adaptar esta técnica al entorno digital en los casos de burofax fraudulento: en lugar de una sustancia prohibida, el objeto de la entrega controlada es el propio enlace malicioso o la descarga del troyano. El destinatario del correo falso (en este caso MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ) colaboraría con la autoridad judicial accediendo al botón “ACCEDER A LA NOTIFICACIÓN” desde un entorno controlado por las Fuerzas de Seguridad, permitiendo rastrear la dirección IP del servidor de comando y control, identificar al ciberdelincuente y desactivar la infraestructura criminal.
Esta metodología se enmarca dentro de la “criptoentrega” o entrega controlada de flujos de datos, una herramienta de investigación técnica que APEDANICA ha promovido para la persecución de organizaciones criminales nacionales e internacionales. La propuesta completa se encuentra desarrollada en https://miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf.
Esta adaptación tiene base legal: el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite las entregas vigiladas, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido su aplicación analógica en delitos graves. La ciberdelincuencia organizada justifica plenamente su uso. APEDANICA ya ha propuesto entregas controladas para evidenciar abusos en el transporte o brechas de seguridad, y está disponible para colaborar con la Fiscalía como perito o acusación popular.
| Ventaja de la entrega controlada digital | Impacto en la investigación penal |
|---|---|
| Permite geolocalizar al atacante desde el primer clic | Identificación del autor intelectual o de la organización criminal. |
| Evita la destrucción de pruebas en servidores de phishing | Asegura la cadena de custodia digital. |
| Coordinación con Europol / INTERPOL | Desmantelamiento de la infraestructura a nivel global. |
Estas fuentes demuestran que las campañas de burofax falso no son un hecho aislado, sino un ciberdelito recurrente y creciente. La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia no han adoptado aún medidas sistemáticas de autenticación de correos ni colaboran en entregas controladas, lo que agrava la desprotección de la ciudadanía.
Primero. Los dos documentos alojados en https://cita.es/burofax-sospechoso.pdf y https://cita.es/burofax-sospechoso-2.pdf son material fraudulento utilizado para cometer delitos de estafa informática (phishing) y distribución de malware, tipificados en los arts. 248, 264 y 197 bis del Código Penal.
Segundo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, D.ª Isabel Díaz Ayuso, y el Ministro de Justicia, D. Félix Bolaños, tienen la responsabilidad institucional de prevenir la suplantación de sus respectivas administraciones y de colaborar activamente en la investigación penal, activando campañas de concienciación y sistemas verificables de notificación.
Tercero. Se solicita a la Fiscalía General del Estado y a los Juzgados de Instrucción competentes la autorización para practicar una entrega controlada digital sobre los mensajes fraudulentos referidos, permitiendo la localización de los ciberdelincuentes y la desactivación de la infraestructura maliciosa, todo ello con la colaboración técnica de APEDANICA en calidad de perito judicial y acusación popular.
Cuarto. APEDANICA se personará en el procedimiento que se inicie al amparo del artículo 125 de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ofrece sus medios periciales y su experiencia en criminalística digital para garantizar la viabilidad de la entrega controlada y la obtención de pruebas lícitas.
Madrid, 1 de mayo de 2026
A LA ATENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. SEBASTIÁN LASTRA LIENDO
Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
A LA ATENCIÓN DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad de Madrid
A LA ATENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. FÉLIX BOLAÑOS
Ministro de Justicia del Gobierno de España
A LA ATENCIÓN DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE
Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado
ASUNTO: Solicitud de traslado a la Fiscalía competente para la investigación penal urgente de los dos mensajes fraudulentos de phishing publicados en https://cita.es/burofax-sospechoso.pdf (28 abril 2026) y https://cita.es/burofax-sospechoso-2.pdf (29 abril 2026), que suplantan a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, y ofrecimiento expreso de APEDANICA para la práctica de una entrega controlada digital (criptoentrega) conforme a lo expuesto en https://miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 269 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta asociación pone en su conocimiento los hechos delictivos descritos y solicita que, por su conducto, se dé traslado a la Fiscalía General del Estado y muy especialmente a la Unidad de Criminalidad Informática, coordinada por la Sra. Tejada de la Fuente —de reconocida experiencia en la lucha contra el cibercrimen—, a los efectos oportunos.
Los documentos referenciados constituyen un intento de infección masiva por troyano bancario, como se ha acreditado en el análisis forense adjunto. La metodología de investigación más eficaz para desarticular la organización criminal responsable es la entrega controlada de los enlaces maliciosos, conforme a la doctrina de las “criptoentregas” desarrollada por APEDANICA. Dicha técnica permite la localización de los servidores de comando y control, la identificación de los autores y la obtención de pruebas con plena cadena de custodia digital, siendo plenamente compatible con el artículo 282 bis de la LECrim.
APEDANICA está legalmente constituida, registrada en el Ministerio del Interior, y cuenta con peritos judiciales especializados en ingeniería forense e informatosopia notarial. La asociación se ofrece expresamente para colaborar con la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el diseño y ejecución de la entrega controlada, así como para personarse como acusación popular en el procedimiento que se instruya.
La filosofía “responsabilizadora” que inspira la actuación de APEDANICA, desarrollada en el documento https://miguelgallardo.es/responsabilizador.pdf, persigue la atribución de responsabilidades penales y civiles a quienes cometen delitos mediante tecnologías de la información. En este caso, resulta imperativo que las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal actúen de oficio con la máxima celeridad para evitar la consumación de más fraudes y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a la ciberdelincuencia organizada que utiliza el señuelo de la Administración de Justicia.
En virtud de lo expuesto,
SOLICITA: Que por recibido este escrito se sirva acordar su traslado a la Fiscalía de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática (Sra. Tejada de la Fuente) y a los órganos judiciales competentes, dejando constancia del ofrecimiento de APEDANICA para la práctica de una entrega controlada digital, y que se nos tenga por comparecidos en la causa para ejercer la acusación popular.
En Madrid, a 1 de mayo de 2026.
Dr. Ing. Miguel Gallardo Ortiz
Presidente de APEDANICA
Perito Judicial Especialista en Ingeniería Forense e INFORMATOSCOPIA NOTARIAL
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