⚖️ ANÁLISIS PERICIAL Y RECURSO DE APELACIÓN | JM contra COMUNIDAD DE MADRID
SENTENCIA Nº 111/2026 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MADRID

Grave inversión de la carga de la prueba. La sentencia recurrida se limita a afirmar que “los hechos constatados durante la instrucción del expediente sancionador […] no han sido desvirtuados por la parte recurrente”[1], transfiriendo al administrado la carga de probar su inocencia, lo que vulnera frontalmente el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La jurisprudencia constitucional (STC 45/1997, de 11 de marzo) declara que la presunción de inocencia impone a la Administración la carga de probar los hechos constitutivos de la infracción, siendo imposible exigir al inculpado “una probatio diabólica de los hechos negativos”[2].

La sentencia ni siquiera identifica qué elementos probatorios tuvo en cuenta la Administración para sostener que la vivienda no era “domicilio habitual y permanente”. La única base es una denuncia del Sr. Núñez Mella, quien fue denunciado penalmente por coacciones (auto de archivo provisional de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16ª, documento nº 12). La ausencia de actividad probatoria mínima de cargo convierte la sanción en una decisión arbitraria.

Alegación en apelación: La sentencia debe ser revocada por vulneración del art. 24.2 CE, con aplicación de la doctrina constitucional sobre la carga de la prueba en el ámbito sancionador (STC 76/1990, 105/1988).

La sentencia carece de fundamentación suficiente. El magistrado Jesús Torres Martínez se limita a reseñar los argumentos del demandante y a afirmar que “la Administración contestó minuciosamente a las alegaciones del recurrente”[3], pero no explica por qué desestima las pruebas de descargo tales como:

• Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que la vivienda es la única en propiedad del actor (documento nº 14).
• Certificados de empadronamiento (documento nº 15).
• Sentencias firmes del TSJ de Madrid que acreditan el desalojo ilegal del actor por parte del Ayuntamiento de Madrid (documento nº 16).
• Resoluciones judiciales que acreditan negligencias médicas del SERMAS con resultado de fallecimiento de sus padres.
• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, que contradice la presunción de desocupación fiscal (documento nº 19).

El órgano judicial también omite pronunciarse sobre la falta de existencia de inspección directa de la vivienda y la desestimación por la Administración de la prueba documental aportada, pese a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de noviembre de 2025 (ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís), que declara nulas las sanciones tributarias cuando la Administración ignora las pruebas presentadas sin justificación adecuada[4].

Alegación en apelación: Vicio de incongruencia omisiva o “ex silentio”, con infracción del art. 24.1 CE, al no resolver sobre pruebas esenciales y no motivar la desestimación. Se solicita la nulidad de la sentencia y la retroacción de actuaciones para que se dicte nueva resolución con motivación explícita.

La sentencia asume que el “domicilio habitual y permanente” exige una presencia continuada que impide cualquier ausencia, por necesaria que sea. Sin embargo, el artículo 8.k de la Ley 9/2003 se refiere a que la vivienda no sea destinada a domicilio habitual (es decir, que no sea utilizada como residencia principal, sino como segunda residencia, alquilada, vendida o vacía con ánimo especulativo).

El recurrente acreditó que su vivienda era única (documento nº 14) y que todas sus ausencias fueron motivadas por causas de fuerza mayor (art. 1105 CC): atender a sus padres fallecidos por negligencias médicas (acreditado mediante resoluciones judiciales firmes), defenderse de la expulsión violenta de su anterior domicilio por parte del Ayuntamiento de Madrid (sentencia firme 1640/2011 del TSJ de Madrid) y litigar por su legítimo derecho de propiedad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que la habitualidad no se pierde por ausencias temporales justificadas.

El Juzgado no efectuó ponderación alguna sobre la proporcionalidad de la sanción (6.001 €) en relación con las circunstancias personales del recurrente, que había sido beneficiario de Justicia Gratuita y se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica y sanitaria.

Alegación en apelación: La interpretación del tipo infractor realizada por la Administración y confirmada por la sentencia es extensiva y no respeta el principio de legalidad sancionadora (art. 25 CE). El recurrente cumplió con la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual, pues la habitó desde la adquisición, y las salidas puntuales no desvirtúan tal destino.

El examen de la sentencia revela indicios consistentes de que su redacción no fue elaborada personalmente por el magistrado, sino mediante IA generativa (como GPT o sistemas similares). Tales indicios son:

• Carácter extraordinariamente genérico e insustancial: los fundamentos de derecho apenas ocupan un folio y carecen por completo de análisis específico de la prueba practicada. No menciona una sola prueba de las aportadas por el actor ni resuelve sobre su valoración, lo que es incompatible con la exigencia del art. 120.3 CE.
• Múltiples párrafos reiterativos que repiten la misma frase de forma idéntica, rasgo típico de respuestas generadas por modelos de lenguaje cuando exceden la longitud máxima de contexto o se produce un “bucle” de texto[5]. En particular, las páginas 21 a 27 contienen secuencias como “„ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ — — — — — — — ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ — — — — — — — ¢” que constituyen un sinsentido gráfico (mezcla de caracteres Unicode incontrolados) que puede ser un artefacto de una herramienta de inteligencia artificial al no respetar la codificación adecuada de caracteres.
• Argumentación tautológica: “la Administración contestó minuciosamente → suficiente para desestimar el recurso”. No se realiza ningún razonamiento jurídico sustantivo más allá de la mera remisión al expediente administrativo.
• Formato y errores tipográficos atípicos: el documento contiene marcas y repeticiones extrañas (por ejemplo, aparece “_3/8”, “_4/8”, “_5/8”, “_6/8”) sin correspondencia con una estructura redactada por un humano, lo que refuerza la hipótesis de generación automática.

Estos hechos no solo evidencian una vulneración del derecho a un juez imparcial y al debido proceso (art. 24 CE), sino también una infracción del régimen disciplinario de jueces y magistrados (LOPJ art. 417.9 por negligencia inexcusable) y la posible responsabilidad penal del art. 404 CP (prevaricación) por dictar una resolución sin la mínima motivación y con apariencia de ser generada sin intervención judicial real.

Alegación en apelación: Se solicita la nulidad de pleno derecho de la sentencia por vulneración del art. 24.1 CE (derecho a un proceso con todas las garantías), acordándose la retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia, a fin de que sea dictada por magistrado distinto con plena motivación y respeto a los derechos fundamentales del recurrente.

Además de los indicios de IA, la sentencia incurre en una falta de imparcialidad objetiva al aceptar las alegaciones de la Comunidad de Madrid y del codemandado Sr. Núñez Mella sin un análisis crítico. El magistrado no advierte que el denunciante fue quien presentó, en sede penal, las coacciones denunciadas por el ahora recurrente, y que el auto de archivo provisional de la Audiencia Provincial no declaró la inexistencia de los hechos, sino la posible prescripción (documento nº 12).

Asimismo, la sentencia omite por completo el conflicto de intereses del codemandado (el administrador de fincas que fue cesado de la comunidad por mala gestión) y su condición de denunciante principal. La decisión del Juzgado contradice la doctrina del Tribunal Supremo que ha anulado sanciones basadas exclusivamente en denuncias de partes con interés personal, sin corroboración objetiva.

Alegación en apelación: Vulneración del art. 24.2 CE en relación con la garantía de imparcialidad judicial; se interesa la nulidad de la sentencia y su reemplazo por otra que valore correctamente la falta de fiabilidad de la denuncia.