VICTIMOLOGÍA Y ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO

Artículo 1. Ámbito subjetivo. “La presente Ley es de aplicación a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, edad o condición. A los efectos de esta Ley se entiende por víctima:

a) La víctima directa: la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

b) La víctima indirecta: el cónyuge no separado legalmente o de hecho y los hijos de la víctima directa, así como los progenitores cuando el delito cause la muerte o desaparición de la víctima directa.”

Artículo 3. Derecho a entender y ser entendido. “Toda víctima tiene derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba realizarse desde la primera interacción con las autoridades, funcionarios o profesionales, así como antes de la presentación de una denuncia, durante la investigación penal y durante el proceso penal.”

Artículo 4. Derecho a la información. “Las víctimas tendrán derecho a recibir, sin retrasos innecesarios, información sobre los servicios de asistencia y apoyo disponibles, los derechos que les asisten, las condiciones para obtener protección, así como el alcance y desarrollo del proceso penal.”

Artículo 5. Derecho a la traducción e interpretación. “La víctima que no sea castellano hablante o tenga discapacidad sensorial tendrá derecho a traducción e interpretación en los términos previstos en la ley.”

Artículo 7. Derechos de participación de la víctima en el proceso penal. “La víctima podrá personarse en el proceso penal como acusación particular en cualquier momento, incluso mediante escrito de iniciación.”

Artículo 10. Derecho a la protección. “Las víctimas y sus familiares serán protegidos adecuadamente por las autoridades, garantizando su seguridad física y psicológica, especialmente frente a intimidación o represalias.”

Artículo 13. Derecho a la protección en el desarrollo del proceso. “Se adoptarán medidas para evitar el contacto visual entre víctima y presunto agresor, así como la comparecencia separada en dependencias judiciales.”

Artículo 15. Derecho a la reducción de trámites innecesarios. “Se evitará la victimización secundaria, limitando las declaraciones de la víctima a las estrictamente necesarias.”

A. VÍCTIMAS DE DELITOS

1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. [Fuente: OHCHR]

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa.

4. Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimenes:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la resolución de sus causas;
b) Permitir que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en las fases apropiadas de las actuaciones;
c) Prestar asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptar medidas para minimizar las molestias a las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familias.

8. Reparación: Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restauración de derechos.

12. Indemnización: Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente, los Estados procurarán indemnizar financieramente a las víctimas que hayan sufrido graves lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves, y a la familia de quienes hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitados.

14. Asistencia: Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

B. VÍCTIMAS DE ABUSO DE PODER

18. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, especialmente lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán la reparación y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.