Análisis Forense Lingüístico y Jurídico

1. Documentos objeto de análisis forense

Se someten a análisis forense lingüístico y técnico dos documentos elaborados por el Fiscal Juan Hernández Villalba en el marco de las Diligencias Previas 2977/2025, ambos disponibles en acceso público:

• Documento A (oposición a apelación): https://miguelgallardo.es/denuncia-aepd-penal-apela-fiscal-ocr.pdf
• Documento B (oposición a reforma): https://miguelgallardo.es/denuncia-aepd-penal-reforma-fiscal-ocr.pdf

Estos escritos presentan múltiples indicios técnicos y pragmáticos que sugieren el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), muy probablemente modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como GPT-4o o versiones personalizadas de Copilot/Microsoft, aplicados a la redacción de informes jurídicos "de trámite" sin la supervisión humana crítica exigida por la normativa europea y nacional.

2. Marco normativo aplicable: IA en la Administración de Justicia

2.1. Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial

El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, establece el marco normativo para el uso de sistemas de IA en la Unión Europea. En su anexo III, punto 8.a), clasifica como sistemas de alto riesgo aquellos destinados a ser utilizados por una autoridad judicial para ayudar en la investigación e interpretación de los hechos y de la ley, así como en la garantía del cumplimiento del Derecho a un conjunto concreto de hechos[reference:0].

Este reglamento establece un estándar europeo de garantías –transparencia, supervisión humana efectiva, calidad y gobernanza– que resulta ineludible cuando se despliegan herramientas de IA en el ámbito de la Administración de Justicia[reference:1].

2.2. Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 28 de enero de 2026 la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional[reference:2]. Esta instrucción, de aplicación a jueces y magistrados, establece principios y criterios vinculantes para el uso de IA, exigiendo supervisión humana completa, verificación de las fuentes y responsabilidad última del firmante.

Si bien la instrucción se dirige a jueces y magistrados, sus principios resultan plenamente extensibles al Ministerio Fiscal por analogía y por aplicación del Reglamento Europeo de IA, que también califica como de alto riesgo los sistemas utilizados por las autoridades de investigación y persecución penal.

2.3. Régimen disciplinario del Ministerio Fiscal (RD 305/2022)

El Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, tipifica como faltas muy graves la ignorancia inexcusable de los hechos y los deberes (art. 153.11) y la falta de motivación al omitir datos esenciales (art. 154.2). El uso de IA sin verificación constituye una manifestación moderna de estas infracciones disciplinarias.

3. Análisis forense: indicios de uso de IA sin supervisión humana

Los escritos del Fiscal Juan Hernández Villalba presentan indicios técnicos inequívocos de haber sido generados mediante IA sin la revisión humana crítica exigida:

3.1. Indicio de "alucinación por omisión"

Uno de los rasgos más claros del uso de IA en el ámbito judicial es la omisión selectiva de datos complejos. El fiscal Hernández Villalba ignora por completo las palabras "LOGS" o "TRAZABILIDAD", conceptos clave en la denuncia contra Lorenzo Cotino Hueso y Mar España Martí. Si el fiscal utilizó una IA y no subió los anexos técnicos (documentación pericial sobre logs de acceso), la IA generó un escrito basado únicamente en el auto judicial, explicando por qué el escrito del fiscal parece un "eco" del auto de la magistrada Ana María Gallegos Atienza.

3.2. Indicio de reducción semántica por "prompt" insuficiente

En el documento de oposición a la apelación, el fiscal presenta una síntesis de los hechos que ignora sistemáticamente la complejidad técnica de la denuncia, en particular los logs de acceso a datos sanitarios que constituyen el núcleo de la notitia criminis. El texto del fiscal no entra a debatir los folios de la denuncia inicial, sino que utiliza frases genéricas: "no se aportan elementos nuevos", "la resolución es ajustada a derecho". Este es el comportamiento típico de un modelo al que se le ha dado un texto largo y se le ha pedido: "Genera una oposición breve resaltando que no hay indicios de criminalidad".

3.3. Estructura sintáctica "limpia" pero vacía (estilo GPT)

El fiscal utiliza una estructura de párrafos que coincide con el estilo característico de ChatGPT (GPT-4): conectores lógicos repetitivos ("Asimismo", "Por otro lado", "En conclusión") que dan apariencia de coherencia, pero sin conexión lógica real con la prueba documental omitida (las 53 páginas de evidencia). La gramática es "demasiado perfecta" en su forma, pero "alucinatoriamente vacía" en su fondo jurídico. Esta combinación de perfección gramatical con vacuidad argumental es una marca de agua característica de los textos generados por LLMs sin supervisión humana especializada.

3.4. Ausencia de erratas humanas

En los escritos manuales de fiscalía suelen aparecer errores de concordancia o referencias cruzadas erróneas por las prisas. En estos escritos, la gramática es impecable, lo que resulta sospechoso tratándose de documentos complejos y extensos.

3.5. Precisión sobre el tipo de IA probable

Considerando que la administración pública española está integrando herramientas de Microsoft (Azure/Copilot), se pueden identificar dos posibles escenarios:

• Copilot / GPT-4o: Es la herramienta con más probabilidades. Permite "resumir PDF" y "redactar borradores de oposición". El tono excesivamente neutral y la negativa a entrar en detalles técnicos son marcas registradas de los filtros de seguridad y estilo de OpenAI/Microsoft.
• Modelos de "plantilla inteligente": El fiscal podría estar usando una versión de IA entrenada con jurisprudencia genérica que aplica automáticamente los artículos del Código Penal y la LECrim de forma descontextualizada del hecho tecnológico denunciado por APEDANICA.

4. El fiscal Juan Hernández Villalba: trayectoria y contradicción

El Fiscal Juan Hernández Villalba es miembro de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, con correo electrónico fiscalia.economicos@madrid.org y teléfono 914932660[reference:3]. Su hoja de servicios incluye:

• Coautor del libro "What the FAQ es un fiscal?" (2024): Obra divulgativa presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con prólogo del entonces presidente del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez[reference:4], cuyo propósito es explicar el funcionamiento de la justicia al ciudadano común.
• Docente en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ): Ha colaborado como tutor y coordinador en la formación inicial de alumnos de la carrera fiscal, lo que le confiere un plus de responsabilidad y conocimiento sobre las exigencias de motivación y calidad de los escritos judiciales.

Esta trayectoria hace especialmente grave que sus propios escritos adolezcan de los vicios que él mismo debería enseñar a evitar. La contradicción entre su faceta divulgativa y su práctica procesal es un agravante disciplinario de primer orden.

5. Jurisprudencia y precedentes: uso indebido de IA por fiscales

Existen precedentes judiciales recientes que sancionan el uso indebido de IA por fiscales y jueces:

• Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ceuta (2026): Un abogado denunció al magistrado Antonio Pastor Ranchal ante el Servicio de Inspección del CGPJ por utilizar jurisprudencia inexistente del Tribunal Supremo generada por IA. El juez basó sus razonamientos en el escrito previo del fiscal, que también contenía jurisprudencia ficticia. El abogado señaló: "El origen del error es evidente. El Ministerio Fiscal introduce en su informe referencias a esa supuesta jurisprudencia inexistente y el órgano judicial las incorpora sin la más mínima verificación"[reference:5].
• Audiencia Provincial de Alicante (2026): Remitió testimonio de un procedimiento al Colegio de Abogados para evaluar sanciones disciplinarias a un letrado por citas falsas generadas con IA[reference:6].

Estos precedentes demuestran que el uso de IA sin verificación no es un problema menor, sino una práctica que compromete la credibilidad de la Administración de Justicia y debe ser sancionada disciplinariamente.

6. Responsables institucionales mencionados en la denuncia

La denuncia original contra el fiscal Hernández Villalba, disponible en https://www.miguelgallardo.es/denuncia-fiscal-aepd.pdf, menciona a los siguientes funcionarios públicos como investigados por presunta lenidad y encubrimiento:

Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), nombrado en febrero de 2025. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Constitucional[reference:7]. La denuncia le imputa conocer y tolerar presuntos conflictos de intereses en la AEPD.

Directora de la AEPD desde 2015 hasta diciembre de 2024[reference:8]. La denuncia le imputa autorizar o tolerar políticas de anonimización que imposibilitan la identificación de funcionarios responsables.

Jefe del Servicio de Geriatría de un hospital público de la Comunidad de Madrid (SERMAS). La denuncia le imputa haber accedido indebidamente a datos sanitarios de una fallecida para elaborar un informe pericial privado, prevaliéndose de su cargo público.

Funcionario de la AEPD que figura como Administrador Único de la mercantil ISILTASUNA SL (CIF B70973318), en presunta situación de incompatibilidad[reference:9].

7. Petición formal a la Inspección de la Fiscalía General del Estado

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 153 y 154 del Real Decreto 305/2022 (Reglamento del Ministerio Fiscal), se solicita a la Inspección de la FGE que:

8. Documentación complementaria y enlaces relevantes