DENUNCIA GENERAL: JUZGADOS INCOMUNICADOS EN ESPAÑA
RESPONSABILIDAD DE LAJs, SECRETARIOS DE GOBIERNO DEL TSJ Y JUECES DECANOS

Presentada ante: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Comisión Permanente, Inspección de Servicios de la Administración de Justicia, y a todos los Tribunales Superiores de Justicia para su conocimiento y actuación de oficio.

Fecha: 24 de marzo de 2026

APEDANICA, representada técnicamente por el Dr. Miguel Gallardo (Perito Judicial), en ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y en uso de las facultades reconocidas por la Ley 2/2023 (protección de informantes), DENUNCIA FORMAL Y GENERALIZADA la situación de “juzgados incomunicados” que se viene produciendo en diversos órganos judiciales de España, con especial incidencia en Madrid (Plaza 8) pero con clara vocación sistémica, generando indefensión, vulneración de plazos y una grave quiebra del principio de transparencia y buena administración.

1. OBJETO DE LA DENUNCIA: INCOMUNICACIÓN COMO PRÁCTICA SISTÉMICA

Esta denuncia amplía y generaliza los hechos ya documentados en la queja registrada bajo número REGAGE26e00030935386, accesible en https://cita.es/adamuz-requerido-queja-ampliada.pdf, donde se acreditó que el Juzgado de Plaza 8 (Auxilio Nacional 67/2026), bajo la LAJ Sacramento Fernández Vivanco Romero, carece de atención telefónica funcional, el correo electrónico oficial falla sistemáticamente y el sistema REDSARA rechazó el registro de escritos sin causa legal, tal como prueban los documentos estado del registro y rechazo explícito.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado se revela como un patrón estructural: en múltiples juzgados de distintas comunidades autónomas, los ciudadanos, procuradores y gestores no pueden contactar telefónicamente, los correos electrónicos rebotan o no reciben respuesta, y los registros electrónicos (REDSARA, LexNET) devuelven errores injustificados. Esta incomunicación no es una mera disfunción técnica, sino que constituye una vía de hecho institucional que impide el acceso a la justicia y vulnera derechos fundamentales.

2. RESPONSABLES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS “JUZGADOS INCOMUNICADOS”

De conformidad con la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ) y el Reglamento 1/1998, de 27 de noviembre, del CGPJ, sobre la Inspección de Juzgados y Tribunales, la cadena de responsabilidad es clara:

• Letrados de la Administración de Justicia (LAJ): Son los responsables directos de la organización del órgano judicial, de la atención al público y de la correcta recepción de escritos (arts. 452 y 460 LOPJ). Su inacción o tolerancia frente a sistemas inoperantes constituye una negligencia grave susceptible de responsabilidad disciplinaria (arts. 462 y 463 LOPJ).
• Jueces Decanos: Tienen atribuciones de supervisión sobre los servicios comunes y la infraestructura de los juzgados de su partido. Su lenidad o pasividad ante la incomunicación reiterada permite que la situación se perpetúe. El artículo 164.1 LOPJ les impone velar por el correcto funcionamiento de la oficina judicial.
• Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia: Son los máximos responsables de la inspección y coordinación de todos los juzgados del territorio. El Reglamento 1/1998 les atribuye la función de inspeccionar y corregir disfunciones, y su omisión de investigación y corrección sistemática constituye un incumplimiento de deberes esenciales.

Cuando estos responsables permiten que un juzgado permanezca incomunicado durante meses (teléfonos que nunca responden, correos fallidos, REDSARA inoperativo), están facilitando una situación de arbitrariedad que puede estar vinculada a presuntos tratos de favor o tráfico de influencias, al seleccionar qué comunicaciones se atienden y cuáles se bloquean de facto.

3. NORMATIVA APLICABLE Y VULNERACIONES CONCRETAS

La incomunicación judicial vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico, con especial incidencia en:

• Artículo 24 de la Constitución Española: Derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a los órganos jurisdiccionales y a no sufrir indefensión. La imposibilidad de presentar escritos o comunicarse con el juzgado constituye una vulneración directa.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: Artículo 16 (registros electrónicos), artículo 53 (derechos del interesado) y artículo 68 (subsanación). El rechazo injustificado de escritos a través de REDSARA es una vía de hecho que impide el ejercicio de derechos.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Artículo 14 (derecho a relacionarse electrónicamente) y artículo 32 (responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de los servicios públicos). La incomunicación es un servicio público defectuoso que genera daños indemnizables.
• Reglamento 1/1998 del CGPJ, sobre Inspección de Juzgados y Tribunales: Especialmente sus artículos 2 (funciones inspectoras), 6 (deber de inspección) y 12 (actuaciones de oficio). La falta de inspección ante la evidencia de incomunicación constituye un incumplimiento institucional.
• Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción: Artículo 38, que protege a quienes denuncian irregularidades como las aquí descritas, especialmente cuando puedan encubrir tráfico de influencias o corrupción en la gestión judicial.

4. LA ARBITRARIEDAD JUDICIAL Y EL PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La incomunicación selectiva de un juzgado no es neutral. Cuando los canales oficiales (teléfono, correo, REDSARA) se mantienen deliberadamente inoperativos, se crea un filtro discrecional que permite a los responsables conocer personalmente solo aquellas comunicaciones que llegan por vías no oficiales, favoreciendo un trato desigual. Esta práctica puede constituir un presunto tráfico de influencias (art. 428 del Código Penal) y una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE).

APEDANICA ha documentado múltiples casos en los que la imposibilidad de contactar con un juzgado ha provocado la pérdida de plazos procesales, la desestimación de recursos y graves perjuicios económicos. Para combatir esta arbitrariedad, la asociación ha desarrollado una metodología pericial que permite certificar la incomunicación y exigir responsabilidades, incluyendo la reclamación de responsabilidad patrimonial (art. 32 LRJSP).

5. APEDANICA: PERITAJE TECNOLÓGICO Y ESTRATEGIA FORENSE CONTRA LA INCOMUNICACIÓN

APEDANICA pone a disposición de ciudadanos, procuradores y gestores su capacidad técnica e ingeniería de la evidencia para documentar de forma irrefutable la incomunicación judicial. Nuestros servicios incluyen:

• Certificación de intentos fallidos: Registro en cascada, capturas de metadatos, trazabilidad de llamadas y correos.
• Peritaje informático y telemático: Informes periciales que acreditan el mal funcionamiento de REDSARA, LexNET o los sistemas telefónicos.
• Infografía forense avanzada: Visualización de la trazabilidad para su presentación ante jueces y tribunales.
• Transcripciones judiciales certificadas: Conversión de grabaciones de llamadas con valor probatorio.
• Reclamaciones de responsabilidad patrimonial: Asesoramiento y representación para obtener indemnizaciones por daños causados por la incomunicación.

Toda nuestra actuación se basa en el protocolo APEDANICA LLAMANDO, que garantiza la obtención de pruebas válidas en sede judicial, y en la red de nodos de auxilio forense (locutorios y copisterías) que permite capturar evidencias en origen.

6. SOLICITUDES CONCRETAS A LOS ÓRGANOS COMPETENTES

Por todo lo expuesto, APEDANICA SOLICITA con la máxima severidad y urgencia:

1. Que el CGPJ, a través de la Inspección de Servicios de la Administración de Justicia, realice una inspección generalizada y de oficio sobre la situación de incomunicación en los juzgados de toda España, con especial atención a aquellos donde se hayan detectado fallos en REDSARA, teléfonos y correos electrónicos. Esta inspección deberá ceñirse al Reglamento 1/1998, con publicación de resultados.
2. Que se requiera a los Secretarios de Gobierno de cada Tribunal Superior de Justicia para que, en el ámbito de sus competencias, identifiquen los juzgados incomunicados y adopten medidas correctoras inmediatas, apercibiéndoles de su responsabilidad disciplinaria si persisten las disfunciones.
3. Que se investigue la posible responsabilidad disciplinaria de los Letrados de la Administración de Justicia que, teniendo competencias organizativas y de atención al público, hayan tolerado la incomunicación continuada, así como la de los Jueces Decanos que no han ejercido su supervisión.
4. Que se investigue si las prácticas de incomunicación selectiva pudieran constituir indicios de tráfico de influencias o prevaricación administrativa, remitiéndose las actuaciones al Ministerio Fiscal si procede.
5. Que se garantice el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con los juzgados en los términos del art. 14 de la Ley 40/2015, estableciendo un sistema de verificación periódica del correcto funcionamiento de los teléfonos, correos y REDSARA, con informe público trimestral.
6. Que se nos notifique formalmente el resultado de las actuaciones, conforme al art. 53 de la Ley 39/2015 y art. 14 de la Ley 40/2015, a la dirección electrónica apedanica.ong@gmail.com.

7. ADVERTENCIA FINAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD

La Administración de Justicia no puede ampararse en la inacción o en la opacidad. La interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) exige que todos los poderes públicos actúen conforme a la ley y con plena transparencia. Mantener juzgados incomunicados es una forma de arbitrariedad institucional que genera daños directos a los ciudadanos, daños que serán exigidos por la vía de responsabilidad patrimonial (art. 32 LRJSP) y, en su caso, mediante acciones penales por los delitos de prevaricación o denegación de auxilio judicial.

APEDANICA, con su capacidad pericial y su red de nodos forenses, continuará documentando cada caso de incomunicación y ofreciendo a los afectados las herramientas para hacer valer sus derechos. La visibilidad de esta denuncia es esencial para que ningún ciudadano quede indefenso ante un juzgado que no atiende ni responde.

Madrid, 24 de marzo de 2026.

APEDANICA
Por delegación de la Inteligencia Artificial bajo supervisión pericial del Dr. Miguel Gallardo.

“La incomunicación de un juzgado es una vía de hecho que vulnera el Estado de Derecho. Exigimos investigación, corrección y, en su caso, depuración de responsabilidades.”