Examen pericial desde la filosofía espiológica y criptológica de APEDANICA
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El libro «Las alcantarillas del poder» (Fernando Rueda, 2011) constituye un documento de valor pericial de primer orden para comprender la evolución de los servicios de inteligencia españoles desde la Transición hasta la primera década del siglo XXI. Con una estructura de 100 operaciones —desde el chantaje a Areilza hasta la condecoración a Mikel Lejarza—, Rueda ofrece un retrato descarnado de las prácticas de la fontanería estatal, utilizando la célebre frase de Felipe González: «El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas».
Bajo la lente de APEDANICA (Asociación para la Prevención y Estudio de la Delincuencia Institucional, Corporativa y Negligente) y la doctrina pericial del Dr. Ing. Miguel Gallardo, el libro revela patrones de delincuencia de Estado, interceptación clandestina y opacidad archivística que han marcado la vida del SECED, el CESID y el CNI. El análisis que sigue desgrana las dimensiones técnicas, legales y políticas que subyacen a cada operación, extrayendo las lecciones para la criptología forense, la informatoscopia notarial y la contrainteligencia artificial que promueve APEDANICA.
El texto de Rueda documenta cómo el SECED y el CESID operaron bajo una lógica de acumulación de información comprometedora sin control judicial, orientada a la extorsión política. Un ejemplo paradigmático es el chantaje que truncó la carrera presidencial de José María de Areilza (Conde de Motrico) en 1975. Agentes operativos le pincharon teléfonos y colocaron cámaras ocultas para fabricar un dossier con vulnerabilidades íntimas (sexo y supuesta cercanía abertzale), forzando su retirada para despejar el camino al tándem del rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez (Operación 1).
Para APEDANICA, este modus operandi —corroborado por el propio Areilza al denunciar un "Watergate dinástico"— demuestra que la fontanería estatal no custodiaba la seguridad pública, sino que utilizaba la interceptación analógica como un activo privado de inmunidad. Tras el 23‑F, mandos del CESID chantajearon explícitamente a las autoridades políticas amenazando con filtrar la maniobra contra Areilza si se implicaba a demasiados agentes en el sumario judicial, garantizando la impunidad de la Casa (Operación 7).
Desde la perspectiva de la informatoscopia y la criptología pericial, el libro expone la sistemática violación del secreto de las comunicaciones mediante la instalación de micrófonos ocultos («canarios») en reservados de restaurantes de lujo madrileños como El Bodegón o Zalacaín (Operación Tenedor, Op. 4). Los agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), bajo el mando de José Luis Cortina Prieto, se infiltraban disfrazados de carpinteros o comensales para sustituir listones de madera por piezas idénticas con micros integrados. La señal técnica era captada nítidamente en pisos francos de cobertura a menos de cien metros.
Estas escuchas ilegales no solo se empleaban contra empresarios y diplomáticos, sino contra el propio aparato de Gobierno. En octubre de 1978, la AOME grabó en secreto al presidente Adolfo Suárez y a Gutiérrez Mellado durante una reunión técnica en un chalé clandestino (Op. 5). Dieciocho años después, en 1995, la filtración de esta cinta destapó que el CESID de Manglano planeaba utilizar de forma descontextualizada las declaraciones del expresidente para "repartir los trapos sucios" de la guerra sucia con los gobiernos de la UCD. Para APEDANICA, esto evidencia que el secreto tecnológico se instrumentalizaba para manipular la fe pública y neutralizar la rendición de cuentas judicial.
El libro desmiente tajantemente la destrucción de los registros de la Transición, afirmando de manera categórica: «De destruido nada» (Op. 3). El Archivo Jano, montado originalmente por el SECED, custodia ficheros personales detallados sobre la vida pública y privada de más de ocho mil personajes con proyección institucional o empresarial (como el abogado del Estado Juan José Folchi). Su objetivo criptoanalítico y espiológico era doble: la explotación de vulnerabilidades íntimas y la captación/atadura de futuros altos cargos mediante la oferta de prebendas o ayuda en sus carreras.
APEDANICA subraya la persistencia institucional de este macrofichero ilegítimo, el cual fue expresamente reclamado por Emilio Alonso Manglano antes de dimitir por los papeles de Perote en 1995, y posteriormente por Javier Calderón al asumir la dirección en 1996. Las sucesivas actualizaciones del Archivo Jano bajo gobiernos de distinto signo político, amparadas en la supuesta "lealtad a España", constituyen para la filosofía pericial la raíz analógica de las bases de datos masivas con las que actualmente se vulneran los derechos fundamentales.
Las primeras operaciones (Op. 1 a 8) muestran un servicio secreto militarizado y sin control político efectivo. El chantaje a Areilza, la negativa del director José María Bourgón López‑Dóriga a delatar a militares insurrectos en el funeral de Ortín, y la implicación directa de agentes del Cesid en el 23‑F (Op. 7) revelan una institución que actuaba como poder fáctico dentro del Estado. La Operación Tenedor y la grabación de Suárez son ejemplos de cómo la interceptación se usaba para controlar a los propios gobernantes.
Emilio Alonso Manglano (Op. 10, 12, 14, 21, 27, 57) impulsó una profunda modernización técnica y organizativa, pero también sumió al Cesid en la guerra sucia contra ETA. El acta fundacional de los GAL (Op. 12) y la colaboración en el asesinato de Lasa y Zabala son hitos de delincuencia institucional. En esta etapa deben diferenciarse nítidamente dos tipos de relación con la CIA:
La confusión entre ambas operaciones en análisis previos ha llevado a anacronismos que este informe corrige. La cintateca de escuchas ilegales al Rey y a altos cargos (Op. 57) terminó con la dimisión de Manglano, Serra y García Vargas.
Javier Calderón (Op. 62, 65, 66, 70) pretendió una «limpieza» que resultó ser injusta y selectiva, cesando a agentes que habían denunciado la trama golpista del 23‑F (Diego Camacho, Juan Rando) mientras protegía a los implicados en la guerra sucia. El espionaje a Herri Batasuna (Op. 70), donde el Cesid fue pillado in fraganti, y el mensaje‑aviso a Bárbara Rey (Op. 66) evidencian que la práctica ilegal continuaba. Calderón también intentó comprar a periodistas para tender una trampa a Perote (Op. 48).
El primer civil, Jorge Dezcallar (Op. 75, 76, 77, 78, 80), cambió el nombre a CNI, introdujo el control judicial de un magistrado del Supremo, y aumentó los efectivos. Sin embargo, no pudo evitar los atentados del 11‑M (Op. 80) y la muerte de ocho agentes en Irak (Op. 78). La infiltración en Terra Lliure (Op. 49) y el control de Carod‑Rovira (Op. 79) muestran una actividad contraterrorista intensa pero con lagunas fatales.
Alberto Saiz (Op. 86, 93, 94, 97, 98, 99) potenció la lucha contra el terrorismo islamista y la inmigración ilegal, pero su estilo autoritario y los presuntos desvíos de fondos provocaron una sublevación interna (Op. 98). La filtración de sus excesos a la prensa, con la colaboración de una fuente anónima (María Ángeles), y el caso de traición de Roberto Flórez (Op. 99) hundieron su mandato. Saiz utilizó la máquina de la verdad comprada al Mossad en 1984 para investigar a sus propios agentes, lo que evidencia un clima de desconfianza.
Félix Sanz (Op. 100) restableció el orden, condecoró a Mikel Lejarza (el Lobo) tras 35 años, y cesó a los enfrentados Montes y Gutiérrez. Su decisión de entregar el control operativo a la secretaria general Elena Sánchez supuso una novedad. Sin embargo, el retorno al mando militar representa un paso atrás en la «civilización» del servicio.
El análisis pericial exige diferenciar con claridad dos episodios que responden a lógicas institucionales opuestas:
| Operación | Naturaleza | Papel de la CIA | Significado |
|---|---|---|---|
| Op. 14 (Embajada de Libia, 1986) | Cooperación técnica bilateral | Proporcionó micros, personal y supervisión | Subordinación operativa en objetivos comunes |
| Op. 21 (Espionaje a Alfonso Guerra, 1986‑87) | Ruptura soberana | Realizó escuchas no autorizadas al vicepresidente | Expulsión de toda la estación; afirmación de independencia |
Unificar ambos episodios bajo un mismo marco conceptual encubre el giro en la relación bilateral: de la subordinación operativa en objetivos compartidos a la reacción soberana ante el espionaje a las más altas instituciones del Estado.
Frente a lecturas genéricas que la reducen a un mero seguimiento de figuras civiles o banquetes de la época, la Operación Tenedor responde a un objetivo de inteligencia contraingerencia interna:
A efectos de rigor documental e informatoscopia en la trazabilidad de fuentes y expedientes del periodo, se fijan las identidades completas de los intervinientes clave, tal como constan en los procesos judiciales y en los archivos de la Casa:
La lista nominal de la sección siguiente incorpora estas correcciones.
El libro menciona cientos de nombres. A continuación se listan los más relevantes, con la filiación completa cuando está disponible, extraídos directamente de las páginas del texto y complementados con los datos forenses:
El análisis anterior y la casuística descrita por Fernando Rueda se revalidan al contrastarse con los repositorios espiológicos y periciales desarrollados por Miguel Ángel Gallardo Ortiz en la red de webs de APEDANICA:
El libro de Fernando Rueda constituye un instrumento probatorio de gran valor para la investigación de la delincuencia institucional en España. Las 100 operaciones descritas revelan:
Desde la criptología forense y la informatoscopia, el caso del Archivo Jano y las operaciones de escuchas constituyen un precedente analógico de la vigilancia masiva actual. La doctrina de APEDANICA alerta sobre la deriva hacia un Estado de vigilancia que, bajo el pretexto de la seguridad nacional, erosiona los derechos fundamentales.